Columnista:
Yanny Rodríguez
En las primeras semanas de mayo en medio de un panorama desgarrador para Colombia, el escenario político se bifurcó en dos alternativas posibles; por un lado, la continua estigmatización de la protesta y como respuesta la brutal represión alertó sobre la posibilidad de que el país iniciase un camino peligroso y altamente violento. Esta estrategia fue alentada por varios sectores del uribismo que instaron para establecer el Estado de conmoción interior, anulando así todas las garantías constitucionales. Por otra parte, diversos sectores sociales señalaron la necesidad de encontrar posibilidades de diálogo a lo largo del territorio nacional.
En efecto, Duque no instauró el Estado de conmoción interior y pareció considerar la negociación como vía de escape a la crisis, esto fue plausible a través de una reunión con la «Coalición de la Esperanza» integrada por dirigentes opositores de centro y centro-izquierda durante la primera semana del paro, y finalmente, mediante la formación de una mesa de concertación con el Comité del Paro, que a la fecha no ha alcanzado ningún tipo de acuerdo.
De esta manera, la prolongada presión en las calles ha significado duros golpes al Gobierno; el 3 mayo la renuncia del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, el 19 de mayo la renuncia de la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum, el 21 de mayo la cancelación del país como sede de la Copa América 2021 por parte de la Conmebol, el 26 de mayo la renuncia del alto comisionado para la Paz Miguel Ceballos, y finalmente, el inicio de trámite de moción de censura en contra del ministro de Defensa Diego Molano convocado por 18 congresistas que denunciaron el uso excesivo de la fuerza y reiteradas violaciones a los derechos humanos durante las protestas.
Pese a todo esto y aunque desgastada su imagen Duque permanece en el cargo, esto se debe a que el gobierno cuenta con importantes recursos de poder[1] los cuales han sido cruciales para preservar su estabilidad presidencial.
En primer lugar, el presidente ostenta robustos recursos institucionales; por un lado, ejerce control sobre el Congreso gracias a la alianza de partidos, lo cual le permitió sortear el curso de la moción de censura al ministro de Defensa en la votación del 27 de mayo en el Senado con una mayoría de 69 votos frente a 31 votos en contra y en la votación del 1 de junio en la Cámara de Representantes con un respaldo de 109 congresistas frente a 36 en su contra, logrando así los votos más que necesarios para preservarlo en el cargo. Igualmente, Duque detenta otro recurso institucional clave; el control de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas que a la fecha responden a las decisiones presidenciales (son contados los casos donde algunos miembros de las fuerzas han rechazado la postura del Gobierno).
En segundo lugar, el primer mandatario mantiene un considerable respaldo del sector empresarial (RP financiero), que cobró relevancia en las últimas semanas gracias al accionar del Grupo Éxito importante cadena de supermercados en el país, la cual realizó una millonaria donación por una suma de 40 millones de pesos al Gobierno entregando así bonos y tarjetas de regalo a los agentes del Esmad. Además, vale decirlo, la empresa privada ha tenido que responder públicamente a las denuncias presentadas el 19 de mayo por vecinos del barrio Calipso en Cali, que señalaron el uso por parte de cuerpos policiales de las instalaciones del almacén y reiterados gritos de tortura provenientes de su interior (los hechos continúan en investigación).
Así, tras un mes de paro, el 28 de mayo, el presidente colombiano ha optado por la salida militar al ordenar por decreto a alcaldes y gobernadores el máximo despliegue de «asistencia militar» en ocho departamentos y 13 ciudades del país. Con esta medida, el Gobierno pretende levantar los bloqueos (barricadas) en las carreteras, argumentando que estos «no son una forma de protesta pacífica».
De esta manera, Duque incrementa la presencia de la fuerza armada en el territorio nacional, mientras que, por otra parte, da pasos tibios en las mesas de negociación, dejado así en un valle de incertidumbre los diálogos. Ha de esperarse si esta situación varía con la llegada del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estos días 8 que ya pasó y que este 10 de junio revisará la situación de las vulneraciones de los derechos humanos en el país.
Entre tanto, el Gobierno da un tratamiento de guerra a las protestas y usa el recurso militar para desgastar las movilizaciones ciudadanas, lo que deviene para el futuro más próximo del país es la militarización de la vida.
[1] Marco teórico para analizar los liderazgos presidenciales. Disponible en el libro: Liderazgos en su laberinto. Cómo ejercen el poder los presidentes sudamericanos del siglo XXI. Mariano Fraschini Y Santiago García (Compiladores)- Editorial Prometeo.
