Columnista:
Carlos A. Almanza Agamez
Cuando la COVID-19 se volvió una amenaza real a la vida humana y social tal y como la conocíamos, la cual ya no será igual, las primeras voces que buscamos para entender el problema y responder a la pandemia fueron la de profesionales de las ciencias médicas, así como a las autoridades y organizaciones de la salud, a nivel mundial y local. Médicos, científicos, epidemiólogos, Secretarios y Ministros de salud fueron las primeras personas a las que los medios de comunicación y ciudadanos de todo el mundo acudieron en busca de orientación. En el siglo XXI, frente a problemas globales de salud pública, recurrimos a la ciencia en busca de conocimiento y guía para actuar, tanto desde el Estado como desde el comportamiento ciudadano.
Una funcionaria que, a pesar de sus altas calidades profesionales, había tenido un bajo perfil a la hora de que se tomaran decisiones gubernamentales, se volvió el eje de estas desde el día 1 de la pandemia en Colombia. Me refiero a la Directora del Instituto Nacional de Salud (INS), la Dra. Martha Lucía Ospina Martínez, epidemióloga altamente calificada, cuya voz científica se ha convertido en la guía para afrontar esta crisis. Tanto, que todo acto normativo durante el estado de emergencia social y económica está fundado en bases científicas soportadas con información tanto de la OMS como del INS. Tenemos claro que enfrentamos un problema global, y necesitamos escuchar a los actores del sector de las ciencias de la salud, y guiarnos por su conocimiento científico: más ciencia, menos política.
Desafortunadamente no ocurre lo mismo, cuando se trata de resolver otros graves problemas sociales y de legislar en materia de Política Criminal. La comunidad académica y de profesionales de la ciencia del Derecho, han advertido la inutilidad del populismo punitivo por ser una medida ineficaz para combatir delitos, y mucho menos resulta una medida pertinente para proteger los derechos, la integridad, y las libertades y garantías constitucionales de nuestros niños, niñas y adolescentes, ante el fenómeno criminal de la violencia sexual y el abuso de menores.
Las voces calificadas de la Comisión Asesora de Política Criminal, instancia técnica dentro del Consejo Nacional de Política Criminal, así como la de las ciencias sociales, la ciencia del derecho, la academia, de reconocidos abogados en Colombia, del centro de estudios jurídicos y sociales Dejuisticia, entre otros, han sido desoídas, cuando su única motivación en este debate ha sido pretender garantizar que las decisiones gubernamentales y políticas puedan tener una fundamentación empírica, teórica y racional que garantice que sean consecuentes con unos ideales de justicia constitucional y convencional, así como asegurar su eficacia, más allá de su aparente validez formal.
A pesar de esas justas intenciones, la noche del pasado 18 de Junio (2020), un sector de la sociedad y de la política nacional, celebraron como un triunfo, lo que ha sido un acto que socava los cimientos de la Constitución Nacional de 1991 y del Estado Social de Derecho.
La cadena perpetua —que será sometida a un exigente y riguroso control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional— es un triunfo más de la política tradicional que del Derecho y la Justicia. La política entendida como una manifestación de poder de unos actores —Gobierno, partidos y movimientos políticos— que aspiran a ganar más poder, arrancando aplausos del auditorio popular que más adelante puedan traducir en votos, así sea que con ello se socave el orden constitucional, y el carácter resocializador de la pena. Eso no es democracia, eso es demagogia.
Cuando se desestiman las alarmas y recomendaciones de la ciencia de la salud, de epidemiólogos, incluso del mismo INS, en materia de Salud Pública, corremos riesgos como el Covid Friday que pueden disparar los índices de contagio y muerte en Colombia. Cuando se desatienden las recomendaciones y conceptos de la ciencia del derecho en materia de Política Criminal, los riesgos los asume el sistema penal, la justicia, la constitución política, y el bien común.
El diálogo democrático, racional, debe incluir la voz de los científicos. Un diálogo honesto entre políticos y científicos puede contribuir al fortalecimiento del Estado, que se traduzca en decisiones gubernamentales y legislativas basadas en evidencia científica.
Un sueño.
