Columnista:
José David Lozano
En el año 2016 se logró firmar el Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla más antigua del continente, las FARC-EP, después de alrededor de 4 años de conversaciones en La Habana, Cuba, se pusieron de acuerdo las delegaciones del Gobierno colombiano y el secretariado de las FARC, máximo órgano de dirección de la antigua guerrilla.
Es así como comenzó a vislumbrarse un nuevo horizonte de país con el texto que se pudo lograr en esa mesa de negociación, pero meses más tarde se han presentado amplias dificultades para llevar a cabo la implementación del Acuerdo, tanto así, que en julio de 2017 el periódico La Nueva Tribuna de España sostuvo que, “La ley de amnistía aprobada hace siete meses viene funcionando muy lentamente lo cual genera problemas de inseguridad en la base guerrillera y fuertes presiones de los militares y policías que supuestamente serían beneficiaros de dicha ley”.
Lo que tiene a la expectativa a todo el país y, en especial a los 15 mil desmovilizados de esa guerrilla que se acogieron a la negociación realizada entre las partes, es que existe poca credibilidad en las bases guerrilleras por los antecedentes de incumplimiento del Estado colombiano para con los acuerdos firmados con los grupos alzados en armas, como pasó a finales del siglo XX en donde se produjo el asesinato sistemático de militantes del partido político de la Unión Patriótica (UP), antiguo brazo político de las FARC-EP, en donde para la época acribillaron alrededor de 5000 mil militantes y activistas políticos, entre esos a senadores, representantes a la cámara, diputados, concejales y alcaldes; genocidio que llevó al Estado colombiano en el 2014 a admitirlo y declararlo como un crimen de “lesa humanidad” .
Aunque muchos exguerrilleros están en la actualidad en las zonas de transición o también llamados Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR), otros mandos medios siguen en la misma línea de guerra y no se acogieron a los Acuerdos de Paz, tanto por la escasa credibilidad que le tienen al Estado, como por el negocio que han nutrido por décadas, el narcotráfico y el control de las zonas territoriales, desconocidas incluso por el propio Estado.
Es así como han surgido las llamadas disidencias de las FARC, que según algunos datos no oficiales, llegan a ser alrededor de mil 1500 hombres alzados en armas dispersos en grupos residuales en todo el territorio nacional, en donde al parecer, prevalece más un interés económico que un interés político, y su gran influencia desde un principio es Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”, un exnegociador de las FARC-EP en la mesa de la Habana. Sin dejar de un lado el regreso a la selva y el anonimato de alias “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”, exmiembros del secretariado de esa guerrilla y, que meses atrás, también se sumaron a estas disidencias.
Ahora bien, después de alrededor de 2 años de firmado el Acuerdo de Paz, a mediados de 2018, Colombia tuvo las elecciones presidenciales más polarizadas en décadas, no solo por la existencia de un nuevo actor político en el espectro nacional, las FARC-EP, convertida en partido político y ya no en movimiento insurgente alzado en armas, sino por la advertencia y amenaza de sectores de extrema derecha que aludían que llegando al poder iban a “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo de Paz con las FARC”.
Las elecciones presidenciales se llevaron a cabo en mayo de 2018 con un resultado en primera vuelta que favoreció a Iván Duque Márquez, candidato del Centro Democrático, el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que obtuvo un 39 % de los sufragios. El uribista se disputó la Presidencia con Gustavo Petro Urrego, representante de la izquierda democrática y exalcalde de Bogotá, que consiguió un 25 % de los sufragios. En la segunda vuelta presidencial, llevada a cabo en junio del mismo año, Iván Duque se impuso con el 53,98 % de los votos, frente al 41,81 % logrado por Gustavo Petro. De esta manera llegó a ocupar el primer cargo político del país, y logró ser el presidente más joven de la historia de Colombia.
Iván Duque Márquez, abogado de profesión, con experiencia como consultor por más de 10 años en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y, luego senador de la República en el periodo 2014-2018, jura a la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2018, para comenzar su periodo presidencial que se extiende al 6 de agosto de 2022. Iván Duque, considerado por los medios de comunicación como “la renovación política de Colombia”, comienza a gobernar el país con muy poca claridad de lo quiere hacer, tanto así que pasados 100 días de su Gobierno, su poca experiencia en el Ejecutivo es tan evidente entre la ciudadanía, que lo refleja en varias encuestas y centros de estudios a nivel nacional como “el presidente más impopular de Colombia en décadas”.
Después de estas encuestas, llega una esperada posición política en una cumbre del Centro Democrático, partido de Gobierno, y su interlocutor, fue el presidente honorífico del partido político, el exministro Fernando Londoño Hoyos, en donde asevera, “hacer trizas ese maldito papel que llaman el Acuerdo de Paz con las FARC, será el primer logro del Centro Democrático”, y parece que lo tiene muy presente el presidente de los colombianos, tanto así, que la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, entre el Gobierno y las FARC, a cargo de la ONU, ha extendido por un año más su presencia en el país.
La poca implementación del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno Duque ha generado la deserción, en los (ETCR), de excombatientes, ya que ni siquiera han tenido agua potable para sus viviendas, además es nula la puesta en marcha de la estabilidad económica para los reinsertados que se había pactado en el Acuerdo, lo que ha dificultado en gran medida el avance hacia unas condiciones óptimas para asegurar su reincorporación.
La estabilidad jurídica, un aspecto clave para todos los excombatientes, viene teniendo grandes dificultades, tanto desde la Ley de Amnistía prometida para la totalidad de sus militantes, incluidos los que están en las cárceles, (la situación aún está en veremos para más de mil exguerrilleros ), como también el avance de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), herramienta creada por el Acuerdo de Paz con el objetivo de juzgar los delitos cometidos durante el conflicto armado que, en la actualidad, parece estar en el foco de varios sectores de ultraderecha que no quisieran que esta entidad funcione con legitimidad, y así lograr una paz con verdad, justicia, reparación y no repetición.
Es así como la JEP se enfrenta en este momento a escándalos que quisieran enlodar su nombre y deslegitimar su actuar, a tal fondo que el expresidente Uribe, líder del Centro Democrático, vuelve a pedir en los inicios de esta legislatura 2020-2021, la eliminación de la misma, lo que llegándose a lograr, sería tocar gravemente el corazón del Acuerdo de Paz, poniendo en un reto de grandeza y autonomía al actual presidente Iván Duque Márquez.
