Columnista:
Germán Ayala Osorio
La captura del Estado por parte de clanes y familias adineradas es el bien más preciado que están dispuestos a defender quienes hacen parte de lo que llaman el Establecimiento colombiano; y para ello siempre necesitaron de “fiscales de bolsillo”, amigos todos del presidente de la República y con alguna ascendencia dentro de la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que elige al fiscal general de la terna enviada por el jefe del Estado.
Hablar en Colombia de “fiscales de bolsillo” da cuenta del incontrastable poder del presidente de la República y del sinuoso mecanismo de elección en el que está involucrada la Corte Suprema de Justicia, corporación judicial que no escapó a la penetración del ethos mafioso. Recordemos el cartel de la toga que tocó, incluso, a presidentes de ese alto tribunal y a varios magistrados.
Haré un corto listado de hechos jurídicamente relevantes en los que claramente y de acuerdo con serias investigaciones periodísticas y con fallos y dilaciones judiciales han terminado por favorecer a familias poderosas, fruto de esa relación perniciosa que da vida a la preocupación poco genuina de la senadora Cabal por aquello que de que Petro tenga fiscal de bolsillo:
1. El caso Odebrecht.
Para este caso, los fiscales generales, Néstor Humberto Martínez Neira y Francisco Barbosa evitaron que miembros de la familia Sarmiento Angulo fueran tocados por la justicia, lo que significó poner la institucionalidad de la fiscalía al servicio de los intereses de la señalada familia. Hay que advertir que recientemente el Grupo Aval reconoció ante autoridades americanas la comisión de delitos, lo que les ocasionó una millonaria sanción económica y la obligación a colaborar con la investigación que de carácter federal se abrió en territorio estadounidense.
2. El caso Álvaro Uribe Vélez.
Quizás es el más evidente caso en el que se nota la decisión del fiscal Barbosa de poner al servicio de la defensa del expresidente y expresidiario, a la fiscalía general de la Nación. En tres ocasiones, por orden directa del fiscal Francisco Barbosa, se solicitó a los jueces la preclusión del caso en el que está involucrado Uribe Vélez en calidad de imputado por los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos.
3. El caso Char.
Investigaciones periodísticas conectan a miembros del poderoso clan político barranquillero, con el lavado de dinero del cartel de Sinaloa. El silencio de la fiscalía es estruendoso. El mismo mutismo conservó el fiscal Barbosa y su fiscalía en relación con denuncias del periodista Gonzalo Guillén que indicaban la operación conjunta entre fiscales y el grupo narco paramilitar, conocido como el clan del Golfo.
La senadora conservadora y uribista, María Fernanda Cabal, en reciente entrevista al portal Semana expresó su preocupación por la elección del fiscal general: “…Va a tratar de apretar, pero algo más peligroso es que Petro, con fiscal, complicará mucho a este país. Un Petro con fiscal, y que en sus antecedentes tenga señalamientos por persecución, complica mucho más este país”.
En una lectura entre líneas es fácil colegir varios asuntos: el primero, que la congresista reconoce que los presidentes en Colombia ponen fiscales, a pesar del mecanismo constitucional de elección del alto funcionario, compartido con la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El uribismo, del que hace parte Cabal, lleva años poniendo fiscal general, lo que les ha garantizado a varios miembros de familias poderosas y clanes políticos, salvarse de investigaciones e imputaciones por la ya inocultable corrupción público-privada. Baste con recordar a Luis Camilo Osorio, a Néstor Humberto Martínez y al actual y saliente fiscal, Francisco Barbosa, todos amigos del hoy expresidente, Álvaro Uribe Vélez.
El segundo asunto tiene que ver con la preocupación que le asiste a la señora Cabal por la decisión del presidente Petro de combatir la corrupción público-privada y la acción de recuperar el Estado “para el pueblo”, hecho que implica arrebatárselo a las mafias políticas que, de muchas maneras, por acción u omisión, están conectadas con la operación perniciosa de la justicia y con poderosas familias y clanes políticos que guardan silencio ante hechos escandalosos de corrupción.
Y una tercera interpretación de la citada opinión está anclada a lo que pueda estar pensando lo más notable del Establecimiento colombiano ante la posibilidad de que Petro tenga su propia fiscal de bolsillo, de acuerdo con la lectura de la Cabal, como forma de presionar a los más poderosos de Colombia, para que le permitan hacer las reformas sociales que el país necesita. ¿Estarán pensando en darle un golpe de Estado a Petro? ¿O van a preferir llegar a un acuerdo nacional con el presidente de la República, para evitar “complicar mucho más el país”, como lo advierte la senadora María Fernanda Cabal?
Por ahora lo más importante es que la CSJ haga su trabajo y elija a quien será la nueva fiscal general de la nación. Quien resulte elegida tendrá la obligación ética, moral y política de sacar de la Fiscalía a los fiscales e investigadores corruptos y de hacer una gestión que le devuelva a los colombianos la confianza en la institución. Si la nueva fiscal general decide abrir investigaciones que fueron archivadas de manera interesada por Barbosa o Martínez Neira, ello no la convierte en amiga y ficha de Petro. Por el contrario, será una heroína en un país en el que ser corrupto, paga y de qué manera.
