Columnista:
Julián Escobar Ávila
Margarita Cabello Blanco es la actual procuradora general de la nación, puesto adquirido durante el Gobierno de su cercano amigo Iván Duque (miembros activos del Centro Democrático). En el transcurso de su estadía como veedora de la actividad de los funcionarios públicos de la nación, ha dejado mucho de qué hablar, en especial, por los favores políticos que viene adelantando actualmente.
¿Por qué uno de los mayores escándalos de corrupción que se está gestionando en este momento es el de la destitución de José Daniel Rojas Medellín, presidente de la SAE (Sociedad de Activos Especiales)?
El enfrentamiento político entre la Procuraduría liderada por una funcionaria del Centro Democrático y, el actual Gobierno Petro, inició precisamente por el manejo de los activos incautados al narcotráfico y la corrupción.
Contexto
El 13 de octubre del año pasado, el presidente de la SAE anunció —en presencia del fiscal Barbosa y el actual jefe de Estado — que durante los cien primeros días de su gestión se entregarían más de 60 mil hectáreas de tierras incautadas a campesinos desplazados principalmente en la región Caribe y, además, señaló que:
«Aún cuando el inventario se nos convierta en un cuello de botella, para converger en los propósitos del Gobierno Nacional, no es óbice, ni talanquera para articularnos a los propósitos particularmente de política agraria del presidente Gustavo Petro y del Gobierno de cambio».
Por otro lado, José Daniel Rojas Medellín señaló que habían encontrado irregularidades en la actualización del inventario de activos incautados que maneja usualmente la SAE, así como la transición de documentos por parte de la Dirección Nacional de Estupefacientes y el órgano de control.
Estos anuncios del presidente de la SAE dejaron comprender lo que se había especulado hacía mucho tiempo; y es que en los anteriores Gobiernos hubo corrupción en estas entidades, debido a que no se registraron apropiadamente todas las posesiones incautadas por el Estado a testaferros y narcotraficantes colombianos. Es decir, pareciera que tanto la Fiscalía, en manos de Francisco Barbosa, como la actual procuradora, se han hecho los ciegos ante semejante caso de corrupción que tiende a beneficiar a terratenientes involucrados en investigaciones por extinción de dominio de propiedades ilegales.
Este primer encuentro fue la alerta que anunciaba el papel de la procuradora Cabello en cuanto a su autoridad estatal para criminalizar a funcionarios públicos que están detrás del detrimento patrimonial de la nación.
Por eso, el pasado 10 de febrero la procuradora anunció la suspensión del presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, por un periodo de tres meses, quien estaba investigando la venta de varias acciones de empresas públicas durante el Gobierno Duque. La SAE se encontraba adelantando una indagación sobre la venta desvalorizada de las acciones de la empresa pública Triple A (Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla). Esto molestó a la procuradora allegada al clan Char, puesto que, como se sabe, Álex Char es mencionado en varios de los testimonios de Aída Merlano, quien lo señala como uno de los ladrones de las ganancias que ha dejado la impopular empresa barranquillera.
Esto llevó a que la procuradora hiciera su jugada a favor del clan Char argumentando que, si el presidente de la SAE seguía en el cargo, se iba a presentar un incumplimiento de contrato y la aplicación de la cláusula penal.
Sin embargo, lo que la procuradora hizo fue incurrir en un detrimento taxativo de aproximadamente 1,9 billones de pesos, en tanto que la empresa se estaba ofertando para la venta muy por debajo de su valor real, según el presidente de la SAE, José Daniel Rojas Medellín, quien abrió una investigación en su contra por «incumplimiento de contrato y posible detrimento patrimonial» en la venta del 82,2 % de acciones de la empresa Triple A, acciones que están en poder de la Sociedad de Activos Especiales.
También, el presidente de la SAE afirmó que la Procuraduría no respetó el debido proceso, ya que actuó de manera muy rápida para forzar el negocio al impedir la Asamblea de Accionistas de la Triple A, en la cual se iba a cambiar a los representantes del Gobierno pasado que aún estaban sentados en la Junta de la Triple A, es decir, socios allegados al clan Char y al Gobierno Duque.
Lo que nos está dejando esta batalla por los intereses políticos de los clanes de la región Caribe, el actual Gobierno Petro y, la procuradora de la nación, es evidente. Los sabotajes a los procesos de investigación —como los viene adelantando la SAE— son manifestaciones palpables del miedo que corre ahora en la institucionalidad corrompida, debido a uno de los mayores casos de corrupción en materia de regulación y extensión de dominios a narcotraficantes y testaferros.
La batalla en ese campo de la institucionalidad apenas comienza. Si los colombianos no dimensionamos el juego de poderes que acontece actualmente entre la Procuraduría y la Fiscalía, no podremos esclarecer el papel de estos funcionarios públicos, incluso, en el actual Gobierno de Gustavo Petro y la pugna con la actual procuradora de la nación.
