La monarquía, en su afán de no perder el poder absoluto, hasta 1789 -año en que la guillotina la destronó del poder en Francia cuando vivió el terror y supo lo que era una revolución- contó con un aliado estratégico como la nobleza, conformada por los señores feudales, quienes eran amos absolutos de la tierra. Nobleza de la tierra que compartía con el monarca no sólo los frutos que ésta producía, sino que lo proveía de ejércitos privados en una alianza de intereses para que hiciera las guerras contra las otras monarquías y así defendiera su reinado absolutista. Durante siglos no hubo Estados, sino reinados.
Latinoamérica no fue la excepción, pero aquí en lugar de una revolución encabezada por burgueses ilustrados y el terror que impuso la guillotina, hubo una revolución de Independencia liderada por criollos, mestizos, negros e indios que puso fin al dominio imperial español, donde se empleó el terror también.
El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, evocando señoríos superados por la historia, pretende volvernos a viejas formas de dominio y control militar con su propuesta de nombrar vice-alcaldes militares en los municipios que, precisamente, se quieren zafar de un largo pasado de violencia política en el marco de los acuerdos sobre el fin del conflicto para transitar el camino, varias veces frustrado, de la apertura democrática y la participación ciudadana hacia la construcción de paz con justicia social, que por décadas les ha negado la guerra.
Se hace eco de la directiva presidencial del 2009, cuando Álvaro Uribe era presidente y quien con el propósito de consolidar la política de seguridad democrática [y] mantener la confianza inversionista…diseñó un mecanismo que [basado] en los esfuerzos militar, policial y antinarcóticos; [creó] el Consejo Directivo… para responder a la consolidación de las zonas estratégicas definidas. Consejo integrado por: el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director General de la Policía Nacional, el Alto Consejero de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el Director del DAS y el Fiscal General de la Nación.[1]
Así describe Alfredo Molano las Zonas de Consolidación, en un artículo de El Espectador del 04/03/2011: “Después de la acción de los paramilitares en los últimos 25 años, con 175.000 muertos a sus costillas, se está tentado a concluir que la supuesta consolidación militar institucional necesitó una fase previa de consolidación paramilitar sobre la cual se organiza hoy el nuevo plan, que no es otra cosa que la vieja y clásica estrategia de acción cívico-militar.”[2]
En su propuesta, Luis Pérez II, el “gran visionario”, considera que la construcción de la paz en el posacuerdo, será mucho más difícil que lo que significó el esfuerzo para alcanzar la firma de los acuerdos. Su idea es “civilizar” las zonas “abandonadas” por las guerrillas, ya que se vuelven muy atractivas para otros actores armados. Allí en esos municipios, donde en realidad la presencia del Estado se ha caracterizado por ser más una fuerza policial y militar para combatir las guerrillas, plantea que es urgente llevar las instituciones del Estado y la cultura de la “civilidad”. En estos lugares remotos, no se conocían ni las leyes laborales, ni Constitucionales, ni las de convivencia ni de salud. Lo que reina allí es una “ley de la selva”, donde sólo habitan campesinos que no saben distinguir qué es lo legal de lo ilegal (sic), y a los que hay que llevarles la ley, el orden y la civilización, algo que conocen muy bien militares y policías, para eso han acumulado una larga experiencia.
La “innovadora” propuesta del gobernador es crear Vice-Alcaldías de Seguridad y Convivencia, desempeñadas en comisión de servicios por un oficial de la Fuerza Pública, del Ejército, la policía o la Fuerza Aérea para que […] restauren la civilidad y la autoridad como una virtud de la democracia.[3]
Esto que propone hoy, contrasta con la autorización que como alcalde (2001-2003) dio a la Operación militar Orión y Mariscal, dos de las diez con las que que en el 2002 entraron a sangre y fuego a la comuna 13 con armas pesadas, tanquetas y helicópteros por orden de Álvaro Uribe Vélez (2002-2006), presidente en aquel entonces, causando decenas de muertos, terror y desapariciones forzadas. Operaciones militares que sirvieron para implantar el paramilitarismo en la ciudad abiertamente, ejerciendo control e imponiendo su “ley” en barrios y comunas hasta hoy. Este desafuero contra la democracia y violación de los derechos humanos se lo debemos a ambos.[4]
Por eso es válida esta pregunta para el gobernador: ¿Cómo va a contribuir desde la gobernación a reconstruir el tejido social de la comuna 13 y otras de la ciudad, violentado y destruido por las fuerzas armadas legales e ilegales del Estado? ¿Con vice-alcaldías o con la verdad, la reparación y el reconocimiento de los derechos y la dignidad de las víctimas?
La propuesta del gobernador de instaurar Vice-Alcaldías de seguridad y convivencia despierta no sólo el temor en las comunidades que ven saboteado el derecho a la paz, sino el rechazo de todo ciudadano sensato, consciente de que somos una sociedad a la que le falta un largo trecho por recorrer para consolidarse como el Estado Social de Derecho anunciado en la Constitución: democrático, incluyente, laico, garantista de los Derechos Humanos y de las libertades.
Si se comparan los 25 municipios donde el “visionario” gobernador pretende implementar sus Vice-alcaldías de Seguridad y Convivencia, son precisamente las que consideraba estratégicas el plan de Consolidación de Álvaro Uribe durante la época de la Seguridad Democrática: 10 del Norte, 8 de Urabá, 6 del Bajo Cauca, 5 del Nordeste, 2 de Occidente y 1 de Suroeste. Los mismos que se encuentran en las 3 Zonas Veredales de Transición.
En contravía de la voluntad de apertura política y democrática, consignada en los acuerdos de La Habana, se perfilan hoy las políticas excluyentes que impulsa el Gobernador Luis Pérez y la Senadora Tovar, con el polémico proyecto que busca legalizar el despojo[5]. Posturas políticas que solo apuntan a amarrar los privilegios políticos que por décadas ha tenido, la clase política beneficiaria y auspiciadora de la guerra.
No deja de ser paradójico y hasta dramático que el gobernador, en la carta que envió al presidente Juan Manuel Santos el pasado 18 de octubre, le diga que “Colombia está obligada a ser creativa para lograr la paz. Y a renglón seguido afirme: “No podemos enviar la imaginación a vacaciones porque fracasaría el posconflicto.” ¿Su propuesta no devuelve al país a un pasado de guerra y terror que creíamos ya superado? No podemos seguir defendiendo el viejo y desgastado modelo político, donde una pequeña junta cívico-militar decide los destinos de las comunidades más violentadas por el conflicto.
Los Acuerdos, hay que recordarle al gobernador, no son para volver al pasado sino para avanzar hacia el futuro con justicia social, democracia y participación política. En eso consiste la grandeza en defenderlos, no en otra cosa. [6]
Publicado el: 24 Oct de 2016
