Columnista:
Germán Ayala Osorio
No hay que aplaudir con tanto entusiasmo el hecho de que el fiscal general de la Nación, el contralor general de la República y el procurador general de la Nación se hayan unido para hacer un frente común contra los corruptos que están desviando, malversando y haciendo negociados con dineros públicos, que deben destinarse a atender necesidades y a los sectores más vulnerables, en el marco de la actual pandemia y la Emergencia Económica y Sanitaria.
El primer elemento que me hace dudar de la eficacia de las acciones emprendidas por las cabezas visibles de los entes de control y del órgano de investigación, es la confluencia en ellos de intereses clientelistas derivados del origen político de sus nombramientos. A este elemento, connatural al diseño constitucional colombiano y a la cultura política dominante, se suman, para cada uno de los tres, situaciones que pondrían en tela de juicio los alcances de esa estrategia de trabajar juntos y producir resultados contundentes.
Para el caso de Fernando Carrillo, procurador general de la Nación, su aspiración presidencial hace que sus objetivos misionales los deba aplicar con cuidado, para no tocar “callos” de agentes-funcionarios que hacen parte de los sectores de poder político y económico que necesitará para llegar a la Casa de Nariño; a lo que se suma, que actuó con “excesiva” diplomacia ante la decisión del Consejo de Estado que ordenó que la investigación contra el congresista del Centro Democrático, Ernesto Macías, por el caso de la famosa “judadita”, la asumiera la Comisión de Ética del Senado. Su actitud terminó debilitando el carácter disciplinante de la Procuraduría, en un caso en el que claramente se violaron los derechos de la oposición y se impuso una suerte de censura política, a todas luces, inaceptable para una democracia.
Para el caso del fiscal general, Francisco Barbosa, su amistad con el presidente Duque y su cercanía al uribismo lo convierten en un fiscal poco confiable a la hora de tocar a aquellos funcionarios cercanos al partido de Gobierno o a las huestes uribistas, que incurran en actos de corrupción. A lo que hay que sumarle el hecho de haber prescindido de la fiscal Claudia Carrasquilla, figura incuestionable en la lucha contra las bandas criminales, entre estas, la Oficina de Envigado y sus relaciones con políticos profesionales.
Y en lo que respecta al contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, el no haber dado continuidad a investigaciones abiertas durante la administración de Sandra Morelli, hacen dudar de su real libertad para cumplir con sus funciones de control fiscal. Por ejemplo, el país no sabe qué pasó con la investigación que, en su momento, se abrió contra el expresidente Uribe por la inversión de millonarios recursos en un distrito de riego en su hacienda El Ubérrimo, en el marco de la ejecución de la política pública Agro Ingreso Seguro (AIS); de igual forma, no se sabe qué sucedió con la investigación por la apropiación de baldíos que hicieron posible que extendiera los cercos de la señalada hacienda.
Dijo recientemente Fernando Carrillo que “tres gatos cazan mejor que uno”. Y sentenció: “Nosotros llegaremos hasta las últimas consecuencias pese a que se pretenda disfrazar, desvirtuar o disimular la comisión de hechos con incidencia disciplinaria. No estamos jugando. El derecho disciplinario es un tema serio y los funcionarios públicos deben saber que no pueden hacer fiesta con el bienestar de la gente”.
Habrá que esperar las decisiones conjuntas que adopten los tres funcionarios. Mientras ello sucede, no podemos olvidar sus afectos y afiliaciones políticas que, en el contexto de un régimen político sumido en prácticas corruptas, podrían terminar en investigaciones preliminares, en sanciones menores o en la persecución de aquellos mandatarios locales o regionales no afectos al Gobierno Nacional.
Eso sí, estos ‘tres felinos’ no podrán actuar tan libremente y con tanta decisión como nos pretenden hacer creer a través del despliegue mediático de su estrategia conjunta de “cazar ratones”, porque no se pueden abstraer de esta realidad: “hay poca transparencia en el manejo de lo público, controles ineficaces, un pobre arreglo institucional, injerencias políticas en la designación de los llamados a ejercer el control… un modelo de Estado centralista y clientelista, falta de independencia y factores de nivelación en órganos regulatorios y de control…”.[1]
No podemos olvidar que en el mundo animal hay gatos que no cazan ratones, y otros que solo juegan con estos. No vaya a ser que estos ‘tres felinos’ terminen “jugando” con ratas y ratones, y al final sus investigaciones acaben siendo un ensordecedor canto de sirenas.
[1] Véase: Henao, Juan C y Zárate, Aníbal R. (2018). Corrupción en Colombia. Corrupción, Estado e Instrumentos jurídicos. Universidad Externando de Colombia. Tomo 4. P.40.
Queremos resultados, denuncias, investigaciones, aperturas de procesos y no shows mediáticos!
Pero qué se le puede pedir a ese par de joyas fisxal y contralor, si se nombran recíprocamente a sus consirtes en los más altos cargos? Yo te nombro y tu me nombras.
La corrupción, que no sólo ha penetrado a TODOS los poderes públicos, también es una cultura de la sociedad enferma Colombiana, que elige lo más CORROMPIDO de sí, que es un CIRCULO vicioso que ha PODRIDO a la institucionalidad, y órganos como la fiscalía, la procuraduría y la contraloría, no podrían estar exentas de ésta tragedia, dónde sus dirigentes son escogidos y comprometidos por la PODREDUMBRE que dirige al país, y obviamente la corrupción es no sólo una institución, si no también una cultura que IMPREGNÓ la genética de los colombianos, que por su misma inercia nos destruirá como sociedad…
INDIGNANTE !!!
Al incesto politico del contralor y fiscal, se une la «ambicion» presidencial del procurador, aupado, segun el, por Cesar Gaviria, quien como en el mejor ejemplo feudal, tiene nexos familiares. ( Matrimonio de la hija) con el boceto conservador de la costa, pastranista y copropietario de contralor y fiscal. Que bonita familia.