Los principios y valores para el ejercicio de la función pública

Columnista:

Hernando Bonilla Gómez 

Hace unos días muchos se sorprendieron porque el presidente de la República incluyó en una de las ternas para magistrado del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, al excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados Becerra, elegido posteriormente por el Congreso en Pleno para esa alta dignidad, muy a pesar de que la Fiscalía ya había presentado escrito de acusación con el objetivo de que se adelantara en su contra juicio penal en la Corte Suprema de Justicia, por haberse concertado, presuntamente, con directivos de Odebrecht a fin de direccionar o adjudicar de manera ilícita contratos a esa firma brasilera, a cambio de un apoyo económico para su campaña.

La verdad, no se entiende la sorpresa. El verdadero eslogan del primer mandatario no es «el que la hace la paga», sino «al que la hace lo premiamos», de acuerdo con la condición especial del involucrado.  

Como era de esperarse, y esa fue la jugadita, por razón del fuero constitucional que adquiere el personaje por virtud de su elección, cuando se posesione, el proceso que se encuentra pendiente de audiencia de formulación de acusación en la Corte Suprema de Justicia, deberá remitirse por competencia a la Comisión de Acusación o al Senado de la República. A esta última corporación legislativa, dicen algunos juristas, por haberse ya presentado el escrito de acusación.

Pero no hay que olvidar que fue el Congreso de la República la institución que eligió al investigado, a sabiendas de su situación, por lo que se vendrán cualquier cantidad de impedimentos y recusaciones, y ya se sabe, además, cómo terminan, por lo general, los juicios que se siguen contra los aforados en el órgano legislativo del Poder Público. ¿Impunidad?

Eso no es lo grave. Lo más grave es que una persona con semejante cuestionamiento sea la que vaya a cumplir la función de juzgar disciplinariamente a los jueces, fiscales y empleados de la Rama Judicial, así como a los abogados en ejercicio de la profesión. Nada mal, para lograr la tan deseada impunidad que a muchos les gusta en este país. ¡Los ratones cuidando el queso, dicen por ahí!

Con todo, la pregunta es, como la hice también hace algún tiempo en este portal, si a pesar de la presunción de inocencia, que a propósito en Colombia solo tiene aplicación selectiva, ¿es conveniente y adecuado nombrar, elegir o mantener en sus cargos servidores públicos, cuyos comportamientos se encuentran cuestionados—no por cualquier insignificancia, pues se trata de asuntos con incidencia penal o disciplinaria— y de quienes se espera una conducta honesta, responsable y comprometida con el buen servicio público?

En esa oportunidad me referí a dos casos en particular: el del director general de la Policía Nacional, general Óscar Atehortúa, a quien el presidente de la República sostiene aún en el cargo y cuya labor exaltó en la última ceremonia de ascensos de oficiales de la Policía, a pesar de afrontar actualmente juicio disciplinario en la Procuraduría General de la Nación, por actos de corrupción relacionados con presuntas irregularidades en un proyecto de casas fiscales en San Luis, Tolima.

Y el del exembajador de Uruguay, Fernando Sanclemente, involucrado en el hallazgo de un laboratorio de cocaína en una finca de su familia, pero que el primer mandatario también mantuvo en el empleo público hasta que presentó su renuncia.

No se puede pensar que la controversia se soluciona argumentando la inexistencia de condenas penales o disciplinarias, haciendo operar, se insiste, selectivamente, como suele suceder con ciertos personajes privilegiados, la presunción de inocencia. El verdadero problema es de carácter ético. Ciudadanos con tales cuestionamientos, no brindan ninguna confianza para el desempeño de funciones públicas, ni gozan de legitimación social para ser nombrados, elegidos o seguir ejerciéndolas.

Los dos últimos casos más sonados, son los del excontralor de Bogotá, Juan Carlos Granados y el exfiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez Neira. Al primero, de quien ya me referí, a pesar de estar vinculado a una investigación penal, con escrito de acusación radicado, se le ternó para un cargo de magistrado de alta corte; la encargada de juzgar disciplinariamente a los jueces. ¡Hágame el favor!  

Al segundo, luego de todas las maniobras oscuras que se han conocido, relacionadas con actividades presuntamente dirigidas a atacar el Acuerdo de Paz, desprestigiar la JEP y lograr el entrampamiento de algunos de los firmantes del pacto, se le llamó para que hiciera parte de una de las comisiones para fortalecer la lucha contra el crimen, luego de que por presiones externas no fuera posible su designación como embajador de Colombia en España. ¡Parece un chiste!       

En fin. El asunto es de valores y principios que el jefe del Estado nunca ha tenido presentes. Pues para no ir tan lejos, a pesar de todas las advertencias y denuncias, nombró y mantiene en sus cargos a altos mandos castrenses involucrados en los mal llamados falsos positivos y defiende sus ascensos en la carrera militar.

Es triste recordar el caso de Juan Pablo Bieri, quien debió renunciar a la gerencia de Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), por el caso de censura al periodista Santiago Rivas del programa Los Puros Criollos, asunto por el que hace poco la Procuraduría General de la Nación le formuló cargos, pero que fue premiado con un contrato como asesor de comunicaciones del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por valor superior a los 468 millones de pesos.    

Pero es que nada puede esperarse de un aparato estatal cuyas prioridades son los contratos para continuar con la emisión de un programa de televisión de propaganda política. Prevención y Acción, con aprendiz de entrevistador, inicia una nueva etapa con entrevistas a personajes de trascendencia nacional e internacional. El coronavirus y su origen, quedaron en el pasado. Me cuentan, que fue todo un éxito la primera entrevista con el líder opositor venezolano Leopoldo López. Qué lástima que la gran obsesión del primer mandatario no sea la situación del país que se supone dirige, sino los problemas de la nación vecina.

Hasta los mandatarios regionales aprenden de prioridades, pues luego de las graves consecuencias para la población que dejó el paso del huracán Iota en San Andrés y Providencia, el gobernador consideró de suma importancia celebrar un contrato para la instalación del alumbrado navideño en la isla, por un valor superior a los 1500 millones de pesos.

Definitivamente, este es un país que está aprendiendo sobre prioridades y se mueve con criterio selectivo: pocas veces sí, y muchas no, en la aplicación de valores y principios.                  

Adenda: Una feliz Navidad a todas y todos y un próspero año nuevo.