Columnista:
Cristian Álvarez Balbín
En estos momentos de tensión emocional, de salud y económica que vive el país, sale a flote lo mejor de nosotros: la solidaridad de muchos vecinos, el empeño de un cuerpo médico y de servicios generales que trabaja con las uñas, el tesón de unos campesinos mal retribuidos que mantienen abastecidas las ciudades, la entrega de los transportadores de alimentos y de los domiciliarios que exponen su vida; son valores más que admirables.
Sin embargo, estas cruciales fechas también se vuelven oportunidad para esa gente que se aprovecha de la situación, buscando sacar ventaja, así sea quitándoles oportunidades a otros.
De la oprobiosa lista de estos indeseables personajes, eximiré a aquellos rebuscadores que hoy por hoy están vendiendo alcohol y tapabocas al triple de su valor habitual. Lo hago porque los entiendo, la verdadera hambre corroe la ética y la moral.
No obstante, hay otro grupo que toda la vida ha tenido privilegios desmesurados y que nunca se ha preocupado por el bienestar de los que —antes y ahora— han padecido las incomodidades de la pobreza, exacerbadas al límite en estos tiempos de pandemia.
Empecemos pues, con los llamados al paredón, que el lector es exigente e impaciente.
Grandes industriales
Las cosas como son, los grandes industriales del país son los que a su antojo han manejado esta finca —que parece construida sobre un cementerio indio— llamada ‘Polombia’.
Para el gran industrial, el pueblo es muy importante, siempre y cuando pueda sacar ventaja de él, como cuando suben el valor de los productos que comercializa y que son de primera necesidad, como sucedió con unas pechugas de pollo de 25 000 pesos en un almacén Carulla de Santa Marta.
Otra forma de aprovecharse de los “pobres pobres” es a través de los marcos legales. El pasado 30 de marzo, La Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) le propuso al Gobierno Nacional dos medidas económicas para aliviar, entre otras, a las grandes empresas que hoy “no tienen ingresos” por cuenta de la COVID-19.
El gremio propuso impulsar una línea de crédito —que obviamente vendrá de dineros públicos— para que las empresas afectadas, puedan pagar las nóminas, y la cual deberá tener mínimo seis meses de gracia y dos años de plazo y sin intereses.
FENALCO también sugirió que “se permitan acuerdos colectivos que modifiquen temporalmente las condiciones de los contratos laborales, garantizando el mantenimiento total de la nómina, con un salario menor, y con la obligación de restablecer las condiciones una vez termine la coyuntura”, según se lee en El Colombiano.
Y acá me hago dos preguntas: ¿dónde están las utilidades reportadas por la industria, —que en 2018 fueron de 57 billones de pesos para el sector Comercio y Servicios, de 20 billones para el Agropecuario y de 18 billones para el de Construcción, según publicó La República— y por qué no usan esas utilidades para solventar ellos mismos sus propios problemas de “iliquidez”?
Y la otra: ¿es tan frágil nuestra economía que en menos de un mes de recesión se pueden evaporar los fondos de los sectores económicos que año a año obtienen astronómicas ganancias; y por ello se tienen que ensañar con el empleado raso?
Tranquilos, no me respondan, yo sé que en un país donde uno de sus principales refranes es “Hecha la ley, hecha la trampa”, las contestaciones a estas preguntas sobran.
La DIMAYOR
El 20 de enero, la División Mayor de Fútbol Colombiano (DIMAYOR) lanzó su producto estrella: el canal de deportes pago Win+, con el cual se empecinaba en cobrar $30 000 pesos para poder “disfrutar de nuestro flamante fútbol colombiano”.
Los “genios” que idearon dicha estrategia estaban convencidos de que en un país donde la mitad de la población gana menos de un mínimo, el fútbol sería un artículo esencial.
Tal fue la arrogancia de la DIMAYOR ante una posible intervención del Gobierno para transmitir partidos en señal abierta, que su presidente Jorge Enrique Vélez, alcanzó a decir el 4 de abril de 2019, lo siguiente:
“Si por ley de telecomunicaciones lo quieren poner; lo cobramos… Si tienen 60 000 millones para pagarnos, no hay problema, cobraremos. Esta es empresa del sector privado, no es sin ánimo de lucro, cualquier persona que quiere ver televisión pagada tendrá que pagar el costo. Y si es el Gobierno el que la quiere pagar, que la pague el Gobierno”.
Un año después, cuando La Liga Nacional de Fútbol ajusta 6 fechas en los más de 24 días sin actividad, la DIMAYOR, hizo un ruego al Gobierno Nacional para que les ayude con la consecución de 80 000 millones de pesos, una platica para sostener “los clubes más pobres” por espacio de tres meses ¿Por qué por tres meses? Nadie sabe exactamente el porqué.
La petición de Vélez de por sí es curiosa, ya que según la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), y la misma FIFA, dichas entidades están dispuestas a financiar a los equipos de fútbol afectados económicamente por la pandemia.
Afortunadamente —aunque más por producto de la indignación social— el Gobierno Nacional rechazó la solicitud de darle dinero a la DIMAYOR, pues hay otras prioridades. Aunque no cerró del todo la puerta para ayudar a dicho deporte, así sea en detrimento de otras disciplinas que son mucho más exitosas en logros deportivos y medallas olímpicas que nuestro mediocre fútbol.
