Columnista:
Germán Ayala Osorio
Después de escuchar a la jueza 41, Laura Barrera negar la vergonzante segunda solicitud de preclusión del proceso penal en contra del expresidente y expresidiario Álvaro Uribe Vélez, es bueno que como sociedad evaluemos los daños que el caballista y latifundista antioqueño le hizo y la hace aún al país. La academia, periodistas independientes y los sectores democráticos de la sociedad colombiana están en mora de evaluar los daños culturales, sociales, económicos, ambientales y políticos que Álvaro Uribe Vélez le dejó al país durante y después de su mandato (2002 y 2010).
Esa tarea es inaplazable de cara a desmitificar su imagen, pero especialmente para erosionar los imaginarios y las representaciones sociales que en torno a él y a su ‘obra’ de Gobierno circulan todavía en Colombia, gracias a su vigencia políticomediática. En varias columnas publicadas he dado puntadas alrededor de los nefastos ocho años que vivió el país, liderado por quien para algunos fue un Mesías y para millones de ingenuos—cándidos—, el «mejor presidente» de Colombia. Sin duda, dos exageraciones alimentadas por la gran prensa que se hincó a su poder y por la ignorancia, la falta de criterio y los intereses de sectores económicos, sociales y políticos que históricamente usan a los presidentes para consolidar monopolios y fortunas de unas pocas familias. He aquí algunas consideraciones alrededor de los daños que Uribe Vélez le hizo al país y los que seguirá produciendo.
Álvaro Uribe Vélez, junto con sus abogados y, en particular, en el actual proceso al que está vinculado en calidad de imputado, se burla de la justicia y erosiona su majestad. Por esa misma línea, el temido expresidiario hundió en el más profundo fango de la ignominia la solemnidad de la Presidencia de la República. Nunca ser presidente y expresidente de Colombia se consideró un asunto tan inmoral. Es el primer presidente imputado por graves delitos. El proceso 8000 de Samper y su preclusión en la siempre oscura Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, al lado de las innumerables investigaciones y procesos en los que está involucrado Uribe Vélez, constituye una querella, una pelea entre vecinos.
Uribe Vélez debilitó las instituciones ambientales y las convirtió en oficinas privadas en donde se tramitaron licencias de exploración y explotación de oro, carbón y madera, entre otros, sin mayores consideraciones étnicoculturales, sociales, técnicas o científicas. Por ello los desastres ambientales que Santos heredó y que su Gobierno aumentó bajo la puesta en marcha de la llamada locomotora-minero energética. El primer ministro de Ambiente que tuvo Colombia, Manuel Rodríguez Becerra confirma el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y, además, cuestionó a Uribe por la entrega de títulos mineros:
No tienen ningún derecho los cientos de títulos mineros que irresponsablemente y en forma inexplicable entregó Ingeominas en diferentes páramos y parques nacionales del país. Mal podía considerar el Ministerio del Medio Ambiente el estudio de impacto ambiental presentado por la Greystar y haberlo recibido siquiera. Entonces seamos claros de dónde están las responsabilidades. No me parece poner en la palestra a los representantes de la Greystar como responsables de una acción en la que muchos de ustedes están en desacuerdo y es que se explote una mina de oro y plata en el Páramo de Santurbán; el gran responsable es el Gobierno Nacional. En concreto, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue quien recibió el estudio de impacto ambiental y naturalmente el actual gobierno de Juan Manuel Santos sigue con esa responsabilidad.
Uribe Vélez eliminó el sentido de lo público de la política. Tomó decisiones y modificó las reglas de juego de la democracia, amparado en su carácter autocrático y mesiánico. Privatizó la política para favorecer a los sectores legales e ilegales, de poder político, social y económico que lo llevaron a la Presidencia siendo él un político emergente. Así lo confirmó Mancuso en sus recientes audiencias ante la JEP: «aporté dinero y camisetas», dijo el confeso asesino.
Uribe Vélez privatizó a sectores de la fuerza pública. Manejó a los militares como si hicieran parte de un ejército privado, de una fuerza asociada más a un gran hato o a una hacienda, que a un Estado cuyas responsabilidades son mayores. Uribe desestimó, por esa vía, el pensamiento divergente y a la crítica, de allí que, en concurso con la inteligencia militar, persiguió periodistas, magistrados, sindicalistas, y librepensadores, críticos de su pasado y de su gestión como presidente. Usó el DAS como su policía política. Baste con recordar las chuzadas a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
Uribe Vélez irrespetó al periodismo y sometió a los periodistas a sus caprichos. No contestó preguntas, no asumió responsabilidades públicas. Desde Presidencia, según varias fuentes, se presionó a los periodistas para que sirvieran de ruedas de transmisión de un Gobierno que supo manipular a la opinión pública no solo con la ayuda de los medios masivos, sino con el discurso coloquial de un presidente carismático.
Por su carácter montaraz, autoritario y camorrero, Uribe Vélez se erigió como un Gran Macho. Por ello caló muy bien en una sociedad patriarcal y machista en donde los hombres no lloran, pues están hechos para resolver sus conflictos y diferencias a puños y patadas, como bestias. Por ello, la frase célebre, “donde lo vea le doy en la cara marica” se convirtió para muchos jóvenes en un referente y en un principio para fortalecer procesos de construcción de masculinidades violentas y retadoras. Uribe, como individuo premoderno, coadyuvó a que muchos hombres (jóvenes y adolescentes) lo vieran como un ejemplo a seguir.
Uribe Vélez relativizó la ética pública. Con el «todo vale», Uribe Vélez sacó de los colombianos lo más oscuro de su formación ciudadana. La consecución de los objetivos por encima de consideraciones éticas fue su gran bandera, agitada por millones de colombianos. Uribe Vélez debilitó el Estado en su investidura de orden social, político y cultural. Redujo la función pública a sus caprichos. Incluso, la función judicial la quiso cooptar y capturar, de allí que mandara a capturar sin mediar orden alguna de un juez a un ciudadano en Buenaventura. Igualmente, mandó a matar a sicarios de la Oficina de Envigado. Desestimó el Estado de derecho cuando le dijo a un general: ¡Acábelos, y por cuenta mía! En su momento, la revista Semana tituló así ese acto de habla: “Acábelos por cuenta mía, no se preocupe, mi general». Fue la orden que el presidente Álvaro Uribe le dio al comandante de la Policía de Medellín, Dagoberto García, sobre ‘Yiyo’ y ‘Memín’, cabezas de la criminal Oficina de Envigado.
Uribe Vélez supo aprovecharse de una circunstancia contextual: los procesos civilizatorios en Colombia vienen fallando porque hay una débil identidad nacional y el Estado no es referente de orden moral y cultural. Uribe Vélez, en su calidad de político emergente, supo jugar con una verdad incontrastable: la élite empresarial y política de Colombia se forma académicamente para capturar el Estado y mantener así sus privilegios de clase. En resumen, Uribe Vélez fue un ‘Mesías’ y un líder inflado por los medios de comunicación. Supo canalizar el odio que millones de colombianos profesaban y profesan aún contra las Farc y se aprovechó de la incapacidad de esos mismos colombianos para buscar responsabilidades en la clase dirigente, en el Estado mismo y en una reducida élite, por la presencia otoñal de esa guerrilla y de la permanencia del conflicto armado interno.
Para muchos, Uribe Vélez fue un mal necesario. Me niego a aceptar esa sentencia. Por el contrario, considero que Uribe Vélez fue un cruel, peligroso e inconveniente experimento de una derecha que vio en él a un líder político capaz de traspasar todos los límites éticos y morales. Cuando vieron que su experimento se les salía de control, entonces, poco a poco le fueron quitando respaldo hasta dejarlo solo. Esto, claro está, con el concurso de los Estados Unidos que se sirvió de tener en la Casa de Nariño (o de Nari) a un político que siendo calificado por autoridad norteamericana como el ‘Narcotraficante 82’, debía cuidar muy bien los intereses del Coloso del Norte en Colombia. Y Uribe les cumplió. Al final, Uribe debilitó la democracia, el Estado social de derecho y el sentido de la política. Se atrevió a decir que el Estado de opinión era la fase superior del Estado de derecho. La categoría Estado de opinión es una invención de este vulgar capataz que, convencido de que podía mantener engañados a millones de colombianos, las decisiones políticas las tomaría en nombre de esos cautos ciudadanos.
Pobre país que aún cree en mesías y en héroes. Por ello, cuando una sociedad cree y espera la llegada de un mesías es porque aún no está madura para vivir en democracia. Y estoy seguro de que avanzaremos como sociedad civilizada cuando dejemos de creer en mesías, en héroes y en patriotas.
