Mucho se habla por estos días sobre Belén de Bajirá de cuenta de la disputa entre Antioquia y Chocó por su territorio y de los motivos que tendrían enfrentados a los gobernadores Luis Pérez y Carlos Alberto Palacios, entre ellos, la fertilidad de las tierras que circundan el municipio chocoano o corregimiento antioqueño.
Pero esta no es la primera vez que Belén de Bajirá y sus habitantes están en medio de una disputa, precisamente estas condiciones óptimas para la ganadería y la agricultura, y su ubicación estratégica fueron motivo de enfrentamientos entre la guerrilla de las Farc y los Paramilitares, lo que causó no sólo el desplazamiento de cientos de campesinos sino la materialización de proyectos económicos de palma de aceite en dichos territorios entre 1996 y 2002, que contaron con el apoyo y consentimiento de los gobiernos tanto de Antioquia como de Chocó. [1]
El despojo
Bajirá fue uno de los epicentros de gestación y fortalecimiento del Frente 5 de las Farc, por ello, debido a su valor militar, político y económico, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) comenzaron a hacer presencia en la zona, considerada como una ruta estratégica para el movimiento de tropas y armas por su acceso fluvial al Río Atrato.
Las comunidades afrodescendientes de la zona (Belén de Bajirá, Curvaradó, Jiguamiandó) fueron víctimas de actos de violencia como masacres, asesinatos selectivos y desplazamiento por parte de los grupos paramilitares que invadieron la zona y que contaban con la colaboración del Ejército Nacional. Se estima que más de 4000 personas salieron de sus tierras rumbo a municipios como Mutatá y Chigorodó en el Urabá antioqueño. [2]
Como nuevos propietarios de las tierras abandonadas por los campesinos, los paramilitares comenzaron a gestar el que sería un mega proyecto de cultivo de Palma de Aceite en la región. En cabeza de Vicente Castaño el proyecto contó con la participación de empresarios y terratenientes que buscaban expandir su capital, así arribaron empresas como Urapalma S.A, Palmas S.A, Palmadó, Palmas de Curvaradó, Palmas del Atrato, entre otras. Se ha comprobado que a través de la estructura armada ilegal bajo su mando y de las empresas Urapalma S.A. y Extractora Bajirá S. A. C. I. Vicente Castaño monopolizó la cadena de producción de aceite de palma en Urabá, desde el desplazamiento de los habitantes hasta la extracción y comercialización del aceite. [3]
Los territorios de los campesinos eran ocupados después del desplazamiento o comprados a precios irrisorios tras amenazas a sus dueños y luego convertidos en latifundios para ser legales las compras de las empresas. La Superintendencia de Notariado y Registro logró demostrar que 17.720 hectáreas fueron adquiridas de manera ilegal con el visto bueno de la Oficina de Registro de Quibdó. [4]
Estos proyectos también contaron con el apoyo de la Gobernación de Antioquia, que para ese entonces (2001) no sólo defendía el proyecto de palma de aceite sino que hacía importantes inversiones en este, pese a que las tierras usadas para tal fin fueron adquiridas después del despojo. La cadena productiva de la palma de aceite hizo parte también del Plan de Desarrollo “Una Antioquia Nueva” (2001-2003), que adoptó el entonces gobernador Guillermo Gaviria Correa, que promovió la siembra de 6.000 hectáreas en las subregiones del Magdalena Medio y Urabá, y se involucró a la empresa privada para intervenir la tierra y gestionar los recursos [5]
Dentro del desarrollo del proyecto se llevaron a cabo intervenciones como la carretera que comunica a Belén de Bájira, construida por los paramilitares para garantizar la salida y entrada de la maquinaria y los productos. La misma carretera que el hoy gobernador Luis Pérez reclama como obra antioqueña.
Proyecto de Palma de Aceite
El proyecto agroindustrial de palma constó de tres fases; la primera, de gestación (1997-2000); la segunda, de expansión (2001-2005); y la tercera, de estancamiento y declive del proyecto (2005-2007). El comienzo del proyecto de Palma de Aceite representó la pérdida de bosques tropicales y de su riqueza en biodiversidad, así como el desvío de ríos, la desaparición de cuencas y la destrucción de casas, cultivos y construcciones como escuelas y cementerios de los habitantes nativos de la región.
Jaider Reales, quien fue desplazado junto con su familia de la vereda Caño Seco, en límites entre Antioquia y Chocó, comenzó a trabajar en las empresas palmeras durante el desarrollo del proyecto debido a la falta de oportunidades recuerda: “El Ejército siempre iba adelante, luego las personas que talaban y organizaban el terreno y luego nosotros que ya sembrábamos. Antes del desplazamiento la zona antes era muy bonita, era un bosque gigante, uno entraba y veía los animales, la flora, todo estaba intacto, no había mucha intervención del hombre, había muchos peces y se respiraba aire puro; así que el impacto al volver fue tremendo, ver toda la deforestación, el impacto ambiental, la tala de bosques, los ríos comenzaron a sedimentarse, pero la orden era avanzar«.
La decadencia del proyecto agroindustrial se dio por tres factores: la resistencia de un sector de la comunidad que contó con la compañía de Organizaciones no gubernamentales internacionales; la desconfiguración de la jerarquía en las fuerzas paramilitares que sobrevino con la desmovilización de las AUC (2003-2006) y la plaga de la enfermedad del cogollo de la que fue víctima el cultivo de palma y para la que no fue posible conseguir una cura.
El retorno
A finales del 2009 el desarrollo del proyecto palmero se frenó por la presión de los Consejos comunitarios, las oenegés y las instituciones que presionaron para que los territorios colectivos fueran devueltos a sus dueños originales. Esta situación llevó a que muchos de los directivos de las empresas huyeran dejando millonarias deudas con los trabajadores y bancos. [6]
Enrique Petro, campesino y líder de la zona quien tomó la vocería de los desplazados y puso en conocimiento la situación ante las ONG internacionales, cuenta: «con la ayuda de Justicia y Paz y con las ONG internacionales organizamos caminatas para volver al territorio, comenzamos siendo como 120 personas y cuando llegamos a la zona donde era mi finca, estaba mucha parte sembrada. Yo tenía 37 hectáreas de alambrado para ganado, 20 hectáreas de roble y cedro y tenía 30 hectáreas de reserva de bosque y todo eso lo dejaron sin un solo árbol, eso me daba tristeza pero también me daba rabia. Así que cuando llegamos yo preste 5 hectáreas de tierra para hacer la primera Zona Humanitaria de Andalucía y grité: Tumben palma mi gente. Así comenzamos el proceso de retorno”
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante resolución del 6 de marzo de 2003, otorgó medidas cautelares a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó con el fin de que el Estado dispusiera de las condiciones necesarias para proteger eficazmente la vida e integridad de los miembros de las Zonas Humanitarias, así como la investigación de los responsables de los desplazamientos y muertes ocurridas en la zona a causa del conflicto por la tierra.
Actualmente en la cuenca de Curvaradó y Jiguamiandó cuenta con 23 consejos comunitarios. Estos territorios están protegidos por la Ley 70 de 1993, que considera que estos territorios y considera que inalienables, inembargables e imprescriptibles, pues se reconoce en la propiedad colectiva un carácter inherente a la identidad étnica y cultural de estos pueblos.
Los campesinos que retornaron comenzaron a construir sus nuevos asentamientos, por lo que talaron y quemaron algunos de los cultivos de palma y adelantan actividades para el beneficio de toda la comunidad. Pese a esto, debido a las características de las raíces de la Palma, aún muchos restos se conservan como un recuerdo de la violencia de la que fue víctima el territorio.
Condenas
Pese a que se han dado condenas por el desplazamiento y despojo de los territorios, como la proferida en contra de 16 empresarios entre ellos Antonio Zuñiga Caballero quien fuera el accionista mayoritario de Urapalma S.A. sentenciado a 10 años de cárcel y al pago de una multa de 2.683 salarios mínimos mensuales vigentes por varios delitos entre ellos la invasión de áreas de especial importancia ecológica [7]; aún falta un compromiso de la justicia por esclarecer las relaciones entre los empresarios y los paramilitares que actuaron en la zona.
La nueva disputa
La publicación de los mapas que ubican a Belén de Bajirá y a otros tres corregimientos de Turbo en Chocó, han incitado a un nuevo capítulo dentro de la disputa entre los dos departamentos. El gobernador Luis Pérez anunció que iniciará una recolección de firmas y una consulta popular para que sean los habitantes de Bajirá quienes definan a qué departamento desean pertenecer.
Al parecer esta tierra seguirá siendo motivo de disputa, mientras sus habitantes, víctimas del conflicto, se encuentran en medio de la discusión. Se espera que en esta oportunidad tanto Antioquia y Chocó busquen el beneficio de los pobladores de la región y no solo el económico como lo hicieron en medio del conflicto.
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[1] Este informe corresponde a una versión modificada para ConLaOrejaRoja.com del Reportaje Gráfico: Tumben Palma mi gente», realizado por Daisy Villalba en el año 2015. Todos los derechos reservados.
[2] http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-14980958
[3] http://lasillavacia.com/historia/curvarado-y-jiguamiando-la-gran-prueba-de-la-restitucion-de-tierras-de-santos-22612
[4] Mutatá, conflicto, despojo y resistencia. María Floréz y Juan Diego Restrepo. 2014
[5] Belén de Bajirá. Diferendo limítrofe entre Antioquia y Chocó. Recuperado del sitio de internet de Piedad Córdoba: http://www.piedadcordoba.net/Imagenes/PC-Bajira-2009-03-27.doc.
[6] Mutatá, conflicto, despojo y resistencia. María Floréz y Juan Diego Restrepo. 2014
[7] http://www.contagioradio.com/condenado-a-10-anos-de-carcel-uno-de-los-mas-poderosos-empresarios-de-palma-articulo-41659/