Columnista:
Mateo López López
El pasado 13 de julio, Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta y canciller de Colombia, intervino en el consejo de seguridad de Naciones Unidas que tuvo lugar en el Estado de Nueva York.
Buena parte de su discurso, el cual lucía impecable, fue dedicado a hablar de los avances en la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, aunque en la percepción ciudadana, las cifras no cuadran.
En el mismo curso, la funcionaria alertó de manera simplista que las movilizaciones ciudadanas que se gestaron en el país desde el pasado 28 de abril, fueron producto del descontento social tras el empobrecimiento de la nación, como consecuencia de la crisis sanitaria de la pandemia; de ahí en adelante el discurso bochornoso no deja de acalorar la imagen de Colombia ante la comunidad internacional.
Olvida Marta Lucía que la pandemia no es la única razón por la que el país es más pobre, sino que fue la misma la que demostró que las condiciones de desigualdad son alarmantes, condiciones que han sido consecuencia de décadas de corrupción y vandalismo de Estado por quienes han tenido el poder en Colombia; (verdadero motivo de las movilizaciones). No mencionó cuál fue el detonante que reunió a los ciudadanos en las principales capitales del país, la reforma tributaria de su mismo Gobierno que iba en dirección a empeorar la situación de pobreza y que usó como excusa ante la ONU.
Seguidamente, sin titubeo, dio alarde del trabajo del Gobierno con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la verificación de la garantía de los derechos humanos en el marco de las protestas. Tuvo un lapsus al olvidar que fue ella misma quien dijo en un inicio que la visita de la Comisión era innecesaria, puesto que la institucionalidad colombiana era funcional; con el agravante cinismo de que el presidente Iván Duque le ha dado la espalda a las recomendaciones de la misma CIDH y la vice dijo: «Colombia no está obligada a seguir las recomendaciones de la CIDH».
La indignación aumenta por la ficha que le faltó exponer a la vice, sobre este rompecabezas. Fue enfática al decir que los muertos registrados en las movilizaciones fueron producto de infiltraciones criminales, ocultando en todo momento la responsabilidad de la fuerza pública que, por acción u omisión, arrebataron la vida de ciudadanos.
Olvidó decir la vicepresidenta y canciller, el caso del funcionario Fredy Bermúdez Ortiz de la Fiscalía, que fue asesinado el 28 de mayo después de que disparara vestido de civil a manifestantes en Cali.
El mismo viernes 28 se registró en video a varios civiles abriendo fuego en complicidad de la Policía Nacional, como lo fue el caso específico de Andrés Escobar, uno de los que portaba arma y disparaba al lado de la fuerza pública que le protegía, sujeto que, además, hasta el día de hoy, no ha sido judicializado.
El 6 de mayo, comenzaba a denunciarse en redes sociales por medio de videos que mostraban el transporte de policías vestidos de civil en camiones de la misma fuerza pública, quienes disparaban a ciudadanos.
Tampoco recordó Marta Lucía los testimonios de la ciudadanía, las denuncias públicas de ONG y, sobre todo, el informe de la CIDH, que corrobora el uso excesivo de la fuerza pública, involucrados en varios casos de asesinato, lesiones graves, mutilaciones oculares, generación de pánico, violaciones sexuales, entre otros.
Al menos 44 casos de víctimas de la fuerza pública en el marco de las protestas han registrado, publicado y denunciado Temblores ONG a través de sus redes sociales.
Olvidó decir la vicepresidenta y canciller, además, que esos infiltrados de los cuales hizo alusión hacen parte también miembros de la institucionalidad que tanto defiende y que se niega a reconocer.
