La semana pasada, Amnistía Internacional emitió un comunicado en el que llama la atención sobre el asesinato de seis indígenas en las últimas semanas en tres departamentos (Nariño, Chocó y Cauca), lo cual genera, según el documento, «serias dudas sobre la efectividad de las medidas implementadas por el gobierno para avanzar en el proceso de paz en Colombia», señala AI.
El organismo se refiere a los homicidios de los indígenas Pedro Nel Pai Pascal, Jhonny Marcelo Cuajiboy Pascal y Ever Goyes, del pueblo Awá, en el departamento de Nariño; de los hermanos Anselmo y Dalmiro Cárdenas Victoria, indígenas Wounan, quienes fueron hallados sin vida el 20 de abril tras haber sido secuestrados el 16 del mismo mes, en el litoral de San Juan, en el Chocó; y de Gerson Acosta, gobernador del cabildo indígena Kite Kiwe en Timbío, Cauca.
Pero el mapa va más allá. El 18 de abril pasado, en el municipio San Vicente Ferrer, en Antioquia, fue asesinada, Rubiela Sánchez Vanesas, lideresa social que formaba parte de la asociación de mujeres y había aspirado Concejo municipal. A los asesinatos de Acosta y Sánchez, con lo que se cuentan 31 líderes asesinados desde el 1 de diciembre de 2016, se suma el asesinato del miembro de las Farc beneficiado por la ley de amnistía, Luis Alberto Ortiz, el 16 de abril en zona rural de Tumaco.
En la mayoría de los casos, los señalados homicidas son grupos criminales herederos de estructuras paramilitares que intentan copar los territorios antes ocupados por las Farc para hacerse con el negocio de la coca. Nada nuevo. La labor de líderes de Derechos Humanos, asociaciones se víctimas y reclamantes de tierras, sumada a la paulatina (o hipotética) presencia del Estado en territorios donde antes se imponía la ley del más fuerte a sangre y fuego, afecta no solo en negocio de la droga sino el del despojo.
Es ahí donde las estructuras paramilitares mueven sus fichas para invisibilizar que siguieron operando desde el 2006 con nombres distintos y bajo nuevos mandos, y también para seguir apareciendo ante los medios como grupos armados únicamente interesados en controlar el tráfico de coca. Así pueden ocultar quién los financió y apoyó históricamente.
Imagen cortesía de: Fundación Paz y Reconciliación
Mientras tanto, desde Bogotá, el Ministerio de Defensa insiste en negar la existencia del paramilitarismo en las mismas zonas donde históricamente hicieron presencia y la Fiscalía niega toda posibilidad de acción al afirmar que no hay sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales y de DDHH.
Por su parte, la derecha, radicalizada y en cabeza del uribismo, persiste en su intento por negar, no solo el fenómeno paramilitar, sino las voces de las víctimas distintas a las Farc. En su columna «Las tensiones de la memoria» (NuevoDiario.co, 11/04/17), la antropóloga Margarita González habla de la actuación del uribismo el 9 de abril, cuando se negó a escuchar a las víctimas del conflicto en el Congreso, «La vergonzosa actuación de la bancada del Centro Democrático el día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas (…) inaugura el periodo de tensiones que atravesaremos en la búsqueda de la verdad a partir de las memorias«.
La construcción de la memoria, necesaria en el posconflicto y en la paz, pasa también por evidenciar que el fenómeno del paramilitarismo persiste en varias partes del país, y que hay una conexidad entre sus zonas de operación y los municipios y departamentos donde se han incrementado las expresiones de violencia contra líderes sociales, dejando claro que detrás de los asesinatos hay, junto con intereses económicos, intereses políticos.
Sucede que la derecha, tan crítica de las doctrinas marxistas, ha sido hábil en combinar todas las formas de lucha para conseguir sus intereses. Claro: uno no puede acusar a la derecha de orquestar los asesinatos de líderes sociales y defensores de DDHH en el país. Pero de que les conviene, les conviene.
