Quien piense que el acuerdo del acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP solo se implementa por la vía legislativa, está tan equivocado como aquel que cree que el acuerdo de La Habana solo le da prerrogativas a las Farc para dejar las armas.
Es claro al menos por ahora que el Congreso se encarga de la implementación formal, del paso de los puntos del acuerdo a las leyes nacionales y reformas constitucionales pertinentes, pero existe otro tipo de implementación, la que he querido conceptualizar en algo llamado «implementación material del acuerdo», que no es otra cosa que abogar por los cambios sociales necesarios para que se proscriba definitivamente el uso de las armas.
Los que se han tomado la molestia y el deber de entender el acuerdo en su integridad, comprenden las profundas reformas estructurales del Estado que vienen con él y lo que implica impulsar esas importantes reformas sociales; siendo los líderes sociales y comunitarios los llamados a ejecutar dicha implementación material, en la que el Congreso no tiene cabida y seguramente tampoco tenga legitimidad; por ello es que aun no he podido entender el desdén del Estado frente a la protección estos líderes, lo que me hace pensar que es un problema silencioso ante los ojos del poder central, pero que sin duda alguna es un problema que aqueja a los territorios y pone en vilo la construcción de la Paz.
En ese sentido habrá que señalar con toda claridad todo aquello que pone en peligro a los llamados a implementar el acuerdo, y una de esas cosas es: «el fenómeno del paramilitarismo» Y hay que ser muy responsables y cojonudos al decir que en Colombia aún existe este fenómeno, que ha cambiado de nombre pero no ha dejado de existir, y no lo digo yo, ni mis dogmas personales, lo dicen los hechos.
De acuerdo a informes de algunos medios, los grupos paramilitares o neoparamilitares como les quieran llamar, han aumentado su accionar armado, lo cual se ve reflejado en el incremento del número de amenazas, atentados, desalojos y homicidios en contra de líderes sociales que ejercen la defensa de los Derechos Humanos o hacen parte de organizaciones políticas; dejando desde el primero de enero de 2016 a el 5 de marzo de 2017, 156 homicidios, 33 casos de atentados y 500 amenazas, las cuales 61 obedecen a amenazas colectivas.
Las cifras del 2017 permiten determinar que existe un aumento de los ataques en contra de líderes sociales tras la firma del acuerdo final y el posterior traslado de las Farc a las Zonas Veredales y puntos transitorios; en especial se registra un aumento de ataques contra líderes sociales que habitan municipios en donde se encuentran dichas puntos; por ejemplo en comparación con el año 2016 se han registrado 81 denuncias, lo que significan un aumento del 52% en relación con las 53 denuncias realizadas para esta misma época en ese año, 81 denuncias de las cuales 21 han ocurrido en municipios en los que hay una ZVTN o PT, que corresponden al 25% del total de denuncias; un aumento del 636% de acuerdo con las 11 denuncias realizadas durante ese mismo periodo en 2015; y un aumento del 1250% frente a las 66 denuncias realizadas el mismo periodo en 2014; en consecuencia las organizaciones sociales han denunciado y han tratado de visibilizar los ataques y argumentan un posible orden sistemático de acciones en contra de líderes sociales.
Si bien las denuncias de las organizaciones sociales son completamente válidas, hay que señalar que en todo caso son difíciles de calificar con cierta certeza dadas las incongruencias entre informes, y sobre todo entre el número de denuncias reportadas a las autoridades competentes y el número de hechos victimizantes que registran las organizaciones sociales; situación que fue denunciada la semana pasada en el debate de control político sobre los ataques a líderes sociales realizado por la senadora Claudia López.
Imagen cortesía de: El Espectador
A pesar de ello, se debe decir a viva voz que a la luz de los informes de la Defensoría del Pueblo, la recopilación de los datos recogidos por la Fundación Paz & Reconciliación, los datos del Ministerio del Interior, y los informes particulares de analistas de asuntos de Paz, existen claros indicios de la existencia de una sistemática eliminación de líderes sociales o de acciones en contra de ellos, lo que no es un dato menor, pues según lo aprendido en razón del conflicto armado, los asesinatos, atentados, amenazas, tienen un impacto disuasivo en las comunidades, y los fines con los que se realizan van más allá del escarmiento y la aflicción emocional, porque pretenden atacar una idea, o las instituciones a las que los líderes hacen parte y lo que éstas representan, por lo que no es difícil pensar y concluir que puedan tener un orden sistemático.
Sin embargo, para dotar de certeza a esas denuncias faltará analizar todos los datos e informes, pero el gobierno nacional no puede esperar a que se llenen las estadísticas, debe tomar cartas en el asunto, y apelar a cumplir lo pactado frente a la protección de la sociedad civil, los mismos guerrilleros ubicados en las zonas veredales y por sobre todo apelar a su posición de garante frente a la garantización y protección de los Derechos Humanos.
Porque una cosa es muy clara, el papel del líder social es tal que de él depende en gran medida el éxito del proceso de Paz, y sin líderes sociales no hay quien implemente materialmente el acuerdo y si no hay quien implemente el acuerdo se convierte en letra muerta y el sueño de la Paz no será posible.
