Columnista:
Samuel Salcedo Londoño
Dentro de los últimos días, diversos actores políticos, personas del común o académicos del medio han expresado, de manera congruente, la problemática de la violencia, inseguridad y deficiencia que tiene los sistemas de Gobierno para su mitigación: por ejemplo, la forma de manifestar se refleja enunciando el lema del escudo colombiano, ‘Libertad y Orden’.
Esto pone en evidencia la carencia de la institución en cumplir con el pacto/contrato social, la ilegitimidad del Estado por cumplir con la demanda de protección o la falencia del mismo por las inescrupulosas medidas que, en parte, no han podido contener el desastre que la delincuencia ha ocasionado. Las ‘ratas’ prevén un banquete mientras que los ‘gatos’, rascándose sus orejas y copulando entre los mismos, solo dejan a sus crías para la caza.
La desmesura que ha de avecinarse a partir de la eminente violencia del país, al igual que en diversas regiones —como la del Atlántico, por ejemplo—, pone de manifiesto las deficiencias estructurales de los modelos de Gobierno. Así, de la misma forma, se buscan alternativas para suprimir las falencias, todo con tal de no vivir el régimen de miedo e inseguridad: es ahí donde se pone a miras a nuevas ‘alternativas’ que parecen dar resultado, como los que presenta el presidente Nayib Bukele en El Salvador.
Así ¿es viable que ello se aplique en el Estado colombiano? ¿Por qué tener compasión con aquellos que ni siquiera pudieron respetar la vida de civiles? Parecen estas preguntas ser muy sensatas, al ver la popularidad del presidente Bukele en la aplicabilidad de sus políticas contra la criminalidad. Mi padre, por ejemplo, representa el mismo sentimiento: apela por no tener compasión o decoro ante la criminalidad, instaurando una firmeza ante la misma, y proporcionando, a la vez, una seguridad al individuo, para generar un Estado eficiente y acorde con las buenas costumbres. Aunque sus palabras no son exactamente esas, sí pretende vislumbrar, en su fanatismo, esa postura política sobre el crimen organizado.
Y no es de por menos obviar esa respuesta, ya que la incipiente acción del Estado colombiano —así sea las formas de gobierno centralizadas o departamentales— parece no tener respuesta a los homicidios. En Barranquilla, por ejemplo, se evidenció el día 19 del mes de marzo un ataque armado frente a civiles, en el barrio La Loma. Desde ese fatídico suceso, al igual que la inseguridad general, empieza a circular el ya mencionado eslogan de ‘Libertad y Orden’.
La paupérrima política del Estado colombiano genera el sentimiento de fallo, de que las instituciones no son capaces con los retos que trae el presente siglo, y que por ello, otros mecanismos aplicados, como el de El Salvador, son factibles para tales medidas. Así, el instaurar un Estado de excepción, ‘pausar’ medidas constitucionales, organizando masivas redadas a razón de sus características fenotípicas —color de piel, tatuajes, entre otros—, privar de cualquier derecho básico para aquellos que se atrevieron a quitarle el derecho a otros, es, en esencia, un discurso que agarra más fuerza.
La democracia no está exenta de crítica alguna, solo por el hecho mismo de ser democracia; sería hasta un contrasentido. Todo sistema político o económico deberá estar puesto en crítica, para dar lugar a los consensos que de ello devenga; pero esto no quiere asegurar que la violación de derechos —como a un debido proceso o a la contradicción jurídica— sean válidos.
La eficiencia del Estado debe prevalecer, pero no comportarse como los grupos delincuenciales o las bandas de crimen organizado, ya que no hay otra institución que ponga orden a través de la norma —de manera interna, claro está—. Solo imagínese a usted cumpliendo con los requisitos esenciales de ser un buen ciudadano, pero, por azares del destino, la vida lo trunca y es condenado a una cuantiosa pena de prisión; si la política de mano dura es plena, sin distinción alguna y con agravios a los derechos del reo, usted, que sabe que no ha tenido nada que ver con lo acusado, pasará un tiempo inolvidable en una instalación penitenciaria que lo marcará por el resto de su vida.
Todo esto no quiere decir que la delincuencia y demás formas de agravio hacia el ciudadano no sean castigadas, sino que las instituciones no pueden degenerarse como sí lo hace la delincuencia; tampoco la respuesta cae en apelar a un Estado impulsado por el régimen del terror para causar sus objetivos. La violencia no solamente es física, sino estructural. El problema podrá mirarse con otros ojos si se dan enfoques distintos, diferentes al Estado de barbarie, del salvajismo, de la fuerza desmesurada.
Lo que sí es preocupante son las nuevas perspectivas de visualización al poder: está produciéndose un cambio institucional en América Latina y el Caribe. Solo se debe implorar no ser acusado de delincuente en El Salvador.
