Columnista: Germán López
Se reabre una vez más la discusión sobre quiénes están tras el grupo narcoparamilitar las Águilas Negras tras la aparición de otro panfleto donde se determinan amenazas de muerte sobre diferentes líderes sociales, periodistas y políticos que supuestamente no aprovecharon la oportunidad para alejarse de prácticas ‘isquierdistas’ —como estudiar ortografía.
Estos panfletos de limpieza social ya no son ajenos a nuestra realidad. Y pese a que van varios años desde que empezaron a aparecer estos mensajes en redes sociales y en las comunidades donde se han opuesto a desarrollos de minería, fracking o deforestación, aún no se conocen integrantes de esta banda, tampoco se han presentando capturas ni judicializaciones.
Algunos amenazados son nuevos, otros recurrentes, como la presidenta de la JEP, Patricia Linares; la alcaldesa de Bogotá Claudia López; el dirigente del partido Farc, Rodrigo Londoño y el senador Gustavo Petro.
El periodista Daniel Coronell, quien aparece en varias de las listas que se han hecho públicas, dijo: «Me amenazan las Águilas Negras, por favor pónganse en la fila después de aquel y de los amigos de Vinagre».
El analista Ariel Ávila, también en la lista, respondió al mensaje intimidatorio diciendo: «A los idiotas y cobardes que se esconden bajo la fachada de Águilas Negras les comunico que mi nombre es Ariel Fernando. Y otra cosa… no tengo miedo».
El mensaje va en línea con quienes han sugerido que este grupo de limpieza social no existe en realidad, sino que se trata de un nombre que usan militantes de la extrema derecha para intimidar a quienes apoyan el proceso de paz y su implementación, a quienes investigan, a quienes denuncian la corrupción, a quienes defienden sus territorios de ser consumidos por multinacionales.
Genera inquietud que sigan apareciendo amenazas bajo el nombre de las Águilas Negras sin que se conozcan resultados sobre las investigaciones al respecto. ¿Desde qué sitios se comparten?, ¿desde qué IP se lanzan estos mensajes?, ¿qué patrones han hallado?
Es inaceptable que sigamos viviendo en una democracia donde no se garantiza el derecho a disentir, donde es prohibido estar en desacuerdo con el poder económico, donde es motivo de muerte denunciar a los corruptos y a los asesinos del planeta.
Urge que las autoridades avancen en desmontar estas estructuras criminales tras las cuales podrían estarse escondiendo actores políticos, económicos y sociales que sustentan su poder en la obstrucción de los derechos y las libertades de otros. Tenebroso, pero posible en nuestro país.
