Las verdades de Mancuso 

Autor:

Emilio Lagos Cortés

Dos de las principales figuras del conflicto armado padecido por Colombia, Salvatore Mancuso y Rodrigo Londoño, Timochenko, comparecieron el 4 de agosto ante la Comisión de la Verdad para contribuir en el proceso de esclarecimiento de esta. Sin duda, Mancuso es el actor paramilitar que mayores contribuciones ha hecho al proceso de esclarecimiento de la verdad, contribuciones que ha realizado desde hace ya muchos años mediante su participación en Justicia y Paz, marco de justicia transicional surgido del proceso de paz entre el Estado y los paramilitares.  

Sin embargo, las grandes contribuciones de Mancuso, porque son bastantes y tocan a mucha «gente de bien», no han recibido amplia difusión ni han sido incorporadas a investigaciones judiciales en contra de destacadas figuras de la política, el empresariado y los gremios que patrocinaron y se lucraron de la violencia paramilitar. Esas verdades, para tranquilidad de políticos y empresarios, duermen el sueño de los justos en los expedientes de justicia y paz. Por ello resulta importante dejar constancia de algunas de las afirmaciones de Mancuso ante la Comisión de la Verdad.  

Afirmó que la asociación entre el Estado y el paramilitarismo se debió en parte a la necesidad de contar con un agente ilegal que pudiese realizar prácticas violatorias de los derechos humanos sin que la responsabilidad de ello pudiese atribuirse al Estado o a sus agentes. De manera que se trató de una división del trabajo entre el Estado y el paramilitarismo; los paramilitares, con protección y ayuda estatal, realizaban el trabajo sucio, evitando la censura internacional por violación a los derechos humanos.   

Dijo Mancuso que las autodefensas, el paramilitarismo, actuaron de la mano de la institucionalidad del Estado y las elites políticas y económicas de las regiones en las que operó, en una lucha antisubversiva común. Que, en calidad de comisario político de las autodefensas, con carnés de la Policía, recorría brigadas, gobernaciones, universidades, clubes, hoteles y gremios prestantes para coordinar el establecimiento del aparato paramilitar y determinar las acciones a realizar. Un mínimo de decencia en el aparato judicial concretaría los nombres de esos militares, políticos, empresarios y funcionarios que colaboraron e impulsaron el paramilitarismo en distintas regiones del país.  

Recordó el negocio que se montó con la tierra de los campesinos en las zonas conquistadas por el paramilitarismo. Quienes no podían establecer proyectos productivos en sus tierras eran obligados a vender. Señaló que se llegó a vender la tierra en 25 000 pesos hectárea, cifra ridícula, según él mismo.

Afirmó, además, que él personalmente compró tierras para los Castaño; y que las tierras despojadas luego fueron vendidas a inversionistas llegados de otros lugares; de ellas, más de 8000 hectáreas fueron vendidas después al Fondo Ganadero de Córdoba. Mancuso expuso la lógica del despojo de la tierra en Colombia: los paramilitares aterrorizaron a los campesinos mediante masacres y desplazamientos, los obligaron a vender sus tierras, y, después, estas pasaron a manos de «empresarios de bien». Verdad incómoda para el matrimonio político-empresarial de la senadora Cabal y Pepe Lafaurie, zar del gremio ganadero y terrateniente en Colombia.  

Frente al exterminio de la Unión Patriótica, señaló que este fue realizado principalmente por el Estado. Que, aunque el paramilitarismo tuvo participación en el genocidio, fue secundaria, que el rol principal lo jugó el Estado mediante el Ejército, la Policía y el DAS. Afirmación que resulta creíble considerando la siempre presente disposición del Estado colombiano para reprimir de cualquier manera al pueblo colombiano. La reciente masacre de manifestantes, realizada ante los ojos y teléfonos celulares de todos, da sustento a la afirmación de Mancuso.  

Y lo infaltable, en todas las regiones que controlaron, se emplearon a fondo para elegir a sus socios políticos en alcaldías, gobernaciones, concejos y asambleas. Y desde el poder local proyectaron su poder político a nivel nacional, llevando sus asociados hasta el Congreso de la República, y apoyando la elección de un presidente que hoy sigue siendo tan poderoso que el mismo Mancuso teme mencionar por su nombre.  

Cada una de las declaraciones de Mancuso deberían ser el punto de partida de serias investigaciones judiciales orientadas a esclarecer la responsabilidad de figuras prestantes en la política y el empresariado en la materialización de brutales crímenes cometidos en el marco del conflicto armado interno, que van desde las masacres, el desplazamiento de campesinos, el despojo de tierras, los falsos positivos y el exterminio de la Unión Patriótica, para no mencionar la implementación misma del proyecto paramilitar.  

Las anteriores son solo algunas de las afirmaciones reveladoras que Mancuso realizó ante la Comisión de la Verdad, dejando en evidencia que el paramilitarismo fue un proyecto criminal en el que participaron destacados políticos, empresarios y militares que hoy continúan ejerciendo poder en Colombia. Por eso mismo han sido exitosos en impedir que se realicen investigaciones serias que lleven a establecer responsabilidades judiciales de fondo, que tocarían a parte de la elite del país, esas llamadas «gentes de bien».