Columnista:
Germán Ayala Osorio
Al parecer, el exgeneral Mario Montoya Uribe no asumirá responsabilidad alguna en los casos de ejecuciones extrajudiciales, por los cuales hoy comparece ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Trascendió que se escudó en su derecho a guardar silencio, para así desestimar los señalamientos que varios militares y exmilitares han hecho alrededor de su responsabilidad en el asesinato de civiles, para ser presentados como “bajas en combate”, en el marco de su propia petición: «tráiganme litros de sangre» .
Sobre el silencio que, al parecer asumió Montoya, hay que señalar que puede obedecer a dos razones fundamentales: la primera, a la intención manifiesta de retar a la JEP para que este tribunal considere su expulsión, a sabiendas de las repercusiones que ello tendría para el esclarecimiento de la verdad sobre las responsabilidades políticas, penales y militares que se deben asumir frente a los “falsos positivos”.
La segunda razón estaría asociada al pánico-terror-miedo que al exgeneral le produce la figura, hasta el momento intocable, del expresidente Uribe Vélez, quien fungía como el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Colombia, durante el periodo en el que más se produjeron esas ejecuciones extrajudiciales (2002-2010).
Montoya Uribe sabe que al asumir algún tipo de responsabilidad en la comisión de los delitos que se le imputan, los magistrados de la JEP deberán preguntar y descubrir quién dio la orden y qué carga deberá asumir el entonces presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez.
Por supuesto que el expresidente no está obligado a comparecer ante la JEP por el fuero que lo protege. De lo que muy seguramente se cuidará Montoya es de develar o dar pistas para que sus jueces colijan que los “falsos positivos” responden a una práctica sistemática y a una política de carácter estatal.
Si el exalto oficial insiste en mantener silencio, no le quedará otro camino a la JEP que expulsarlo del sistema de justicia, para que sea la Corte Suprema de Justicia la que asuma o retome las investigaciones.
Aunque no ha trascendido en su totalidad lo que declaró ante los magistrados de ese tribunal especial, ya en las redes sociales y medios masivos circulan unas frases que, al parecer, pronunció el alto exoficial. De este calibre serían los actos de habla que habría pronunciado el exmilitar:
“…es que los soldados que prestaban servicio militar eran de estrato 1 y 2, pues esos muchachos ni siquiera sabían cómo coger cubiertos ni cómo ir al baño… Eran soldados muy pobres, ignorantes, no entendían la diferencia entre resultados y bajas, por eso cometieron los falsos positivos”.
La desafortunada respuesta hace recordar las circunstancias en las que el criminal y narcotraficante Pablo Emilio Escobar Gaviria logró conformar su ejército de sicarios en la Comuna 13 de Medellín. A través de su programa Medellín sin Tugurios, el entonces capo de la mafia antioqueña se aprovechó de las mismas condiciones que Montoya reconoce en sus subalternos: las de la pobreza.
Es decir, tanto Escobar como Montoya, en circunstancias contextuales y operacionales distintas, supieron explotar o aprovecharse de las condiciones de pobreza cultural y económica de unos jóvenes, reclutados unos para hacer parte del grupo de sicarios al servicio del jefe del Cartel de Medellín y otros, reclutados para “servir a la patria”, asesinando civiles, igualmente jóvenes y pobres.
El exgeneral parece olvidar que todos los soldados, pobres o no, son sometidos a una misma formación e instrucción, lo que hace poco probable que sus reclutas hayan perpetrado esos crímenes, porque no reconocían la diferencia entre resultados y bajas.
Lo que sí podría explicar la conducta de aquellos suboficiales y soldados que asesinaron a civiles inermes, es la presión ejercida por sus comandantes para la “producción de más y mejores resultados”, exigencia que el propio Uribe Vélez hizo pública en los medios masivos.
Imagino a los “ignorantes y confundidos soldados de Montoya” llenos de miedo ante amenazas de “correrles el delito de desobediencia” si se negaban a cumplir las órdenes de matar a los civiles; o por el contrario, jubilosos y risueños por el ofrecimiento de dádivas, buena comida, permisos, bonificaciones, ascensos y condecoraciones (Véanse el Decreto BOINA y la directriz ministerial 029 de 2005).
Al final, lo que hubo fue un aprovechamiento del pobre capital social y cultural de unos hombres que dejaron de pensar y simplemente cumplieron las órdenes de sus superiores.
Debe entender el señor Montoya Uribe que es posible que con su silencio se afecte la construcción de la verdad judicial e histórica que el país necesita para reconocer a los máximos responsables de la comisión de esos delitos de lesa humanidad, pero ya hay suficientes evidencias para que la sociedad colombiana en su conjunto comprenda que todos los actores armados que participaron en el conflicto interno se degradaron hasta el punto de que se convirtieron en simples matones; y otros, como varios miembros del Ejército, que modificaron sustancialmente su misión institucional, poniéndole precio a la vida de civiles (jóvenes), manchando el honor militar.
Al final, actuaron como simples sicarios con uniforme. Las condecoraciones recibidas están manchadas de la sangre que por litros circuló por varias regiones del país.
Fotografía: cortesía de Colprensa.
