Sin duda alguna, la dejación de las armas y la consecuente desmovilización y conversión de las Farc en partido político, constituyen un hito político que bien puede marcar una ruptura histórica para el país. Para que ello acontezca, el Estado no solo debe copar los territorios cuya soberanía las Farc le disputó por largos 53 años, sino que su lógica operativa y la institucionalidad que transpira y genera, deben cambiar sustancialmente si de verdad se quiere, desde las entrañas del Establecimiento, hacer la transición hacia una paz estable y duradera como se estipula en el Acuerdo Final (II).
Construir Estado y que su presencia sea además de legítima, eficaz, eficiente y efectiva, es una tarea colosal que exige, a su vez, emprender un proceso de transformación cultural que tenga como objetivo estratégico y central, superar el ethos mafioso que se entronizó en la política, en las dinámicas de los combatientes, legales e ilegales, en las prácticas sociales y por supuesto, dentro de las propias actividades comerciales, financieras, militares, educativas e industriales, entre otras.
Lo acontecido con el fiscal anti corrupción, Gustavo Moreno, constituye una enorme vergüenza para la función pública, en la medida en que el hoy ex fiscal minó aún más la confianza que los colombianos tenemos en la justicia y en particular en la Fiscalía, y en general, en el Estado.
Hemos asimilado de tal forma el ethos mafioso, que el ofrecimiento y pago de coimas y el favorecimiento judicial hacen parte de conductas normalizadas y naturalizadas al interior del Estado y en las relaciones que éste establece con los particulares. Lo que Moreno hizo fue, simplemente, hacer lo que otros hacen, hicieron y harán dentro de la Fiscalía y en general dentro de todas las instituciones estatales y privadas. Como ya lo han hecho otros corruptos y bandidos, Moreno se mostró arrepentido. Señaló a un medio de comunicación: “sencillamente caí, me equivoqué”[1].
Si escuchamos anteriores intervenciones públicas, Gustavo Moreno exhibía un discurso anti corrupción que le permitió consolidar una imagen de incorruptible. Quizás estemos ante una actitud cínica, ante un mentiroso compulsivo y consumado. O quizás, ante un hábil funcionario que creyó poner y conseguir el precio más alto a su ética y supuso que su doble vida estaba garantizada de por vida.
Ante la trampa que le puso el no menos controvertido ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, en colaboración con la DEA, el ex fiscal atina a reconocer que se equivocó, que cayó. Es decir, y de acuerdo con su doble discurso, Moreno no estaría arrepentido por las conductas punibles, sino por no haber sido capaz de “oler” la tramoya que el ex gobernador de Córdoba le tendió.
Sin la menor intención de defender al confeso corrupto, expondré a continuación varios elementos que hacen parte de las circunstancias contextuales en las que los actos de corrupción se deben comprender, sin que ello dé pie a pedir una disculpa social generalizada por las acciones y decisiones adoptadas por el ex fiscal anti corrupción.
Más bien, con su exposición lo que busco es dejar claro que la transformación cultural que necesita Colombia para consolidar una paz estable y duradera y por esa vía, superar la crisis ética que se evidencia en los ámbitos privado y público, es inconmensurable, colosal y quizás, inalcanzable.
El primer elemento que señalo es la presión social que ejerce sobre la función pública y privada la búsqueda del éxito. Para muchos en Colombia tener éxito es sinónimo de tener mucho dinero (propiedades), sin importar cómo se consiga. Y ese valor y principio está anclado profundamente a ese ethos mafioso que logró fusionar dos dimensiones determinantes para impedir que la corrupción aparezca y se consolide, o por el contrario, para hacer de ella una práctica institucionalizada: los ámbitos privado y público que, juntos, deben trabajar de manera armónica para hacer posible, por ejemplo, superar las condiciones y factores que hicieron posible y legítimo el levantamiento de las Farc en los años 60.
Todos sabemos que la corrupción público-privada alimenta la pobreza, debilita y aplaza la inversión pública y genera disímiles forma de violencia.
El mal ejemplo que dan élites empresariales, financieras y funcionarios judiciales, entre otros, se disemina en la sociedad, de tal forma que se pierden los límites entre lo correcto y lo incorrecto.
He allí un caldo de cultivo para la violencia callejera e incluso, para la violencia política.
El segundo elemento que expongo guarda una estrecha relación con el anterior, en la medida en que el ordenamiento jurídico facilita las cosas a los corruptos. Hablo de lo que muchos llaman la economía del delito. Los delincuentes, en especial los de cuello blanco, saben muy bien que la justicia en Colombia los favorece, en especial cuando deciden colaborar, entregando información para procesar, señalar o inculpar a otros; en esa medida, bandidos perfumados como Moreno saben que la riqueza acumulada, a pesar de las medidas cautelares y los procesos de extinción de dominio que se puedan venir, puede salvar una buena parte cuando decida volverse testigo estrella de la Fiscalía, o en este caso, de la DEA.
Y más adelante, estos mismos pillos sabrán usar la información privilegiada obtenida y la experiencia acumulada para continuar, desde bambalinas, asesorando a otros maliciosos funcionarios que contarán quizás con mejor protección judicial, social y política, que la que creyó tener Gustavo Moreno. Todo lo anterior, le servirá para dejar en limpio su nombre ante una sociedad que además de una débil memoria colectiva, de disímiles maneras aplaude y ve con buenos ojos a quienes a toda costa buscan enriquecerse y lo logran.
El tercer elemento bien puede servir de bisagra a los dos anteriores, a pesar de su carácter metafísico: la finitud de la vida humana. El sabernos finitos facilita de muchas maneras que aparezcan actitudes y acciones que hacen que la ética se vuelva acomodaticia, en especial para el caso colombiano, en el que la sociedad valida de muchas maneras el ethos mafioso, y soporta la inmoralidad de los funcionarios públicos y los que deambulan en entidades privadas que presumen de ser limpias y ejemplo de transparencia. Garantizar un mejor futuro a los hijos es el mayor incentivo para aquellos corruptos que hacen de su condición finita, la mejor razón para violar la confianza del ciudadano que confía en el Estado, la ley y la Constitución.
Con todo lo anterior, las esperanzas de construir un mejor un país a partir de ese hito histórico que constituye el desmantelamiento de las Farc como guerrilla, podrán desvanecerse con facilidad si como sociedad no logramos superar el ethos mafioso que por largo tiempo las élites han reproducido social, económica y políticamente.
Insisto en que debemos emprender la colosal tarea de transformarnos culturalmente. De no hacerlo, los esfuerzos por «pacificar» el país se habrán perdido por cuenta de la corrupción público-privada que poco preocupa a quienes como Uribe Vélez, Alejandro Ordóñez Maldonado y Germán Vargas Lleras, entre otros más, buscarán en 2018 «hacer trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo Final».
Y es así, porque es más fácil atacar a la Paz, que a la Corrupción. A la primera, la consideran advenediza e inconveniente; a la segunda, por el contrario, la asumen como parte del paisaje y del funcionamiento del Estado, de la sociedad y del mercado.
_____
