La atención a la primera infancia es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad, según cifras del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), al menos el 33% de la población de primera infancia se encuentra en condiciones de pobreza multidimensional, las tasas de desnutrición crónica infantil en departamentos como La Guajira ascienden al 31,6% y las tasas de mortalidad cada vez aumentan más, esta situación pone de manifiesto la necesidad de que exista una política de atención con mayor impacto en la primera infancia.
Y es aquí donde cobra relevancia la labor que desempeñan las más de 70.000 madres comunitarias que atienden la población de primera infancia en los hogares comunitarios. Estas mujeres que hace 30 años vienen desempeñando su labor, de acuerdo a una política de Estado de protección infantil a través del ICBF y que han entregado su vida al cuidado de niños y niñas que viven en situaciones de vulnerabilidad social, han visto cómo el Estado Colombiano les ha negado el apoyo a su labor, ya que por muchos años han cumplido su función de tanta relevancia social con muy pocos recursos, en la mayoría de casos hasta con su propio bolsillo para llevarle a muchos niños y niñas en el territorio nacional las condiciones mínimas para su desarrollo inicial.
El abandono estatal y la corrupción han minado el trabajo que realizan estas valientes mujeres, el ICBF en el actual gobierno cambió el esquema de operación del modelo de los hogares comunitarios, dando paso a un modelo de tercerización laboral y en algunos casos permitiendo que caciques políticos de algunas zonas del país coopten los recursos para hacer política, tejer una red corrupta y clientelar con los recursos destinados a la primera infancia.
Esta situación de falta de apoyo y de condiciones de vulnerabilidad laboral para las madres comunitarias, ha llevado a que la lucha se libre en los estrados judiciales, es así como la Corte Constitucional en la sentencia T-480 DE 2.016 ordena al Gobierno Nacional reconocer los derechos laborales a 106 madres comunitarias que se la habían vulnerado sus derechos fundamentales en materia laboral.
Pero la dura situación para las madres comunitarias continúa a pesar del fallo de la Corte, hace algunas semanas el presidente Santos objetó una ley que permitía a las madres comunitarias contar con todas las condiciones laborales asegurando su derecho a la estabilidad laboral, las razones que señaló el Gobierno tienen que ver con la inconstitucionalidad de la norma por considerar que ésta atentaba contra la sostenibilidad fiscal del país, ya que la atención implicaría según el Gobierno $769.000 millones al año afectando el equilibrio macroeconómico como expresa en sus objeciones.
Cualquiera diría que tenemos un gobierno responsable con el gasto público y que por ende, es respetable su posición; pero cuando nos encontramos frente a situaciones como las que se han venido conociendo con el escándalo de Odebrecht y las decisiones tomadas por el gobierno para beneficiar a esta empresa, como lo señala en su columna semanal en El Colombiano Rafael Nieto: “la adición de 900 mil millones de pesos al contrato de Ruta del Sol, sin licitación, lo que se traduce en decir que el gobierno pasó de pagar 5.000 millones el kilómetro a 17.000, se añadieron dos peajes más y se les autorizó aumentar la tarifa en un 3% adicional a los de todos los peajes nacionales, hasta llegar a un 15%, además se les amplió la concesión de 20 a 25 años.”
Imagen cortesía de: La Patria
Cabe preguntarse si cuando se habla de sostenibilidad fiscal, también se está pensando en el manejo eficiente de los recursos, porque hoy en nuestro país, son los caciques políticos y unos cuantos más quienes se quedan con el dinero que debe ir a nuestros niños.
Si hoy estamos hablando de la construcción de paz desde los territorios debemos crear las condiciones para que mujeres como las madres comunitarias que desempeñan un papel fundamental en la construcción del tejido social cuenten con las condiciones laborales mínimas para realizar su honrosa labor.
Por esta razón doy todo mi respaldo a las luchas de estas valiosas mujeres que son madres, psicólogas, cocineras, enfermeras y maestras para nuestros niños a lo largo y ancho del país y que ayudan en la construcción de un país en paz.
