Las Fuerzas Militares, la persecución y el Estado de derecha

Columnista:

Juan Sebastián Gil 

Históricamente el Ejército de Colombia ha estado implicado en acciones de inteligencia militar que hostigan y ponen en riesgo la seguridad de activistas, líderes sociales, periodistas y políticos de oposición. Hoy, estas directrices dejan ver características totalitaristas dentro del Gobierno de Iván Duque, además de unas Fuerzas Militares corruptas y que proceden en el marco de la ilegalidad.

El último informe de la Revista Semana titulado Las carpetas secretas, reveló la existencia de un fichero organizado entre febrero y noviembre del 2019 por miembros del Batallón de Ciberinteligencia al que pertenece el Comando de apoyo de Inteligencia Militar; este fichero contiene un perfilamiento, seguimiento personal e informe de inteligencia de 130 personas, que incluyen información personal de periodistas, activistas, líderes sociales, políticos, defensores de derechos humanos, entre otros. El perfilamiento incluye, además, una descripción precisa de las relaciones personales y profesionales de estas personas, amigos, familiares, colegas, sus fuentes periodísticas y fuentes abiertas; lo cual supone un riesgo tanto para las personas perfiladas como para todo aquel que se relacione con ellas.

Estos folios se encontraron en diciembre de 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó un allanamiento al cantón de comunicaciones del Ejército, para una inspección del Batallón de Ciberinteligencia. En el proceso de indagación se evidenció que esta dependencia maneja información que no solo no es de su competencia, sino que además es ilegal.

Las acciones de espionaje se ajustan al periodo de Nicacio Martínez como general del Ejército, quien fue nombrado por Iván Duque el 14 de diciembre de 2018 y abandonó el cargo en diciembre del 2019.

Martínez se retiró justo después de que se conocieran tanto la interceptación telefónica al político Roy Barreras, el exgobernador de Nariño Camilo Romero y Cristina Lombana, magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, como la sistemática persecución y seguimiento al equipo investigativo de la Revista Semana y otras actividades de espionaje ilegales que se llevaban a cabo en el Batallón de Ciberinteligencia. Sin embargo, Iván Duque anunció que el general Martínez dejaba el cargo por motivos familiares.

Como general del Ejército, a Martínez también se le responsabilizó de establecer directrices enfocadas a aumentar el número de ataques, capturas, rendiciones y muertes en combate. A través de presión la indicación “hacer lo que fuera necesario” para duplicar los resultados militares, contaba, además, con rendición de cuentas y proyección militar. Situación alarmante que dejaba ver la inminente aparición de casos vinculados a los ‘falsos positivos’. Esto fue denunciado por The New York Times, medio que publicó la investigación de Nick Casey, periodista estadounidense especialista en temas de conflicto armado.

A esto, se sumaron escándalos como el asesinato del excombatiente de las FARC, Dimar Torres, el cual fue perpetrado por miembros del Ejército; o el bombardeo a un presunto campamento de disidentes de las FARC en el que fueron masacrados menores de edad por parte de las Fuerzas Militares.

Ahora bien, no es coincidencia que el primer folio de perfilamiento, dentro de los encontrados, sea el de Nick Casey. En un informe de 15 páginas se encuentra una descripción detallada de sus contactos tanto en Colombia como en Estados Unidos, su ubicación, los lugares que frecuenta, sus fuentes periodísticas y fuentes abiertas, incluso, una lista de sus seguidores y una descripción de sus interacciones en redes sociales. Esta acción pretende, además, conocer e intervenir en las fuentes del periodista, como por ejemplo, sus entrevistados para reportajes, así como un análisis de cómo desarrolla su trabajo investigativo, contactos en las regiones, colegas, etc. En consecuencia, en este trabajo de espionaje el Ejército perfiló también a otros periodistas de medios norteamericanos, como Juan Forero, corresponsal para Colombia y el área andina de The Wall Street Journal, y Jhon Otis, corresponsal de National Public Radio (NPR) para Latinoamérica.

Otra víctima dentro de los folios de perfilamiento es Lynsey Addario, fotorreportera de National Geographic. Aparece en el archivo de espionaje después de elaborar trabajo periodístico y fotografiar miembros del ELN en el Chocó para un reportaje publicado en la revista. Además del informe de contactos, destaca un mapa de Colombia con una georreferenciación de la ubicación y desplazamiento de Addario. Otros fotoperiodistas, como Stephen Ferry, especialista en fotografía de conflicto en Colombia, también son víctimas de este perfilamiento.

Así mismo, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, quién criticó fuertemente el nombramiento de Nicacio Martínez como general del Ejército, pues Martínez era segundo al mando de la Décima Brigada, tiempo en el que hubo investigaciones por 23 asesinatos ilegales.

Esto deja ver dos características fundamentales en el ordenamiento de dicho espionaje. Primero, se perfiló a quienes desde la prensa u organizaciones de derechos humanos denunciaran a nivel internacional la doctrina de seguridad del Ejército; y segundo, la pretensión de intervenir en fuentes periodísticas para acercase a posibles contactos con grupos subversivos.

No es menor que haya ciudadanos estadounidenses perfilados, pues esto supone un riesgo altísimo en la confianza de inversión en inteligencia militar. Patrick Leahy, senador de los Estados Unidos, se refirió al caso y declaró que “Las denuncias de interceptaciones ilegales y monitoreo secreto de periodistas y defensores de derechos humanos serán seriamente examinadas al momento de determinar la asistencia militar de Estados Unidos a Colombia”.

Sin embargo, es sabido que los recursos de asistencia militar se han usado históricamente para la persecución e intimidación de periodistas, líderes sociales y políticos. Ahora, ¿cómo pudo el Ejército por sí solo desviar fondos de inteligencia para hacer investigaciones ilegales? ¿La fragilidad Estatal en Colombia es tal, que el Gobierno no está enterado de estas acciones? O ¿El Gobierno aprobará estas prácticas?

A la lista de perfilados se suman también periodistas locales como María Alejandra Villamizar, que tiene una extensa carrera como editora política en diferentes medios corporativos. Entre los apuntes de su perfil están las reseñas de reportajes y entrevistas a comandancias del ELN. Además de los contactos, fuentes y direcciones en su perfil, están, también, su puesto de votación y sus infracciones de tránsito. A otro periodista colombiano, cuya identidad no es revelada por seguridad, se le realizó un perfil luego de que consiguiera una entrevista con alias ‘Uriel’, jefe guerrillero del ELN en Chocó. Su perfil incluye a sus colegas, contactos e incluso sus amigos de infancia. Este periodista también está georreferenciado y su perfil está descrito como: “facilitador entrevista Gao ELN”.

Ahora bien, no solo los medios corporativos han sido víctimas, pues medios de comunicación alternativos como Rutas del Conflicto también están perfilados, este medio particularmente está vinculado con el estudio del conflicto armado. Su director, el periodista Óscar Parra, está referenciado en el perfil, así como el equipo de trabajo del medio. Algo de lo que no se ha hablado con relación al tema de Rutas del Conflicto es el informe “Convenios de Fuerza y Justicia” que realizó este medio, y en el cual expone presuntos desvíos de fondos entre los convenios asignados por el Estado a las Fuerzas Militares, en los que describen la compra de paquetes turísticos, remodelación de capillas y tiquetes aéreos para militares, hasta la compra de instrumentos musicales, entre otros.

Esto supone un riesgo para nosotros; los medios y periodistas independientes, que hemos sido perseguidos sistemáticamente por diferentes sectores. Dentro del sistema de perfilamiento, por ejemplo, se recopilan datos de la relación tanto de colegaje, como personal, de cada una de los espiados, a través de inteligencia artificial, lo que pone a su disposición teléfonos, contactos, documentos e incluso información en redes sociales de quienes son cercanos a las personas perfiladas.

La Liga Contra el Silencio, creada por la FLIP, también tiene un folio en el que se destacan: Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, y Gina Morelo, editora de la Unidad de Datos de El Tiempo. Además están referenciados Yolanda Ruiz, directora de Noticias de RCN Radio, y Daniel Coronell, articulista y director de Noticias para Univisión.

El espionaje y perfilamiento está dirigido también al sector social, dentro de los folios aparecen diferentes miembros del Colectivo José Alvear, algunos de los cuales son los abogados de víctimas de ‘falsos positivos’. Líderes sindicales como Humberto Correa de la Confederación General de Trabajadores, y Carlos Castañeda, expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, César Jerez, expresidente de ANZORC y defensor de los derechos del campesinado, e incluso, instituciones como el CINEP, centro de investigación sobre asuntos sociales, de derechos humanos y conflicto en Colombia y el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, organización que defiende los derechos de las víctimas del conflicto.

Consecuentemente, también hay perfiles de políticos declarados en oposición al Gobierno Nacional, como es el caso de Feliciano Valencia, Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino.

Sin lugar a duda, estas acciones demuestran que, desde el Ejército de Colombia y el Gobierno Nacional, por complicidad u omisión, se está instaurando un régimen de persecución y señalamiento a quienes piensan diferente.

No obstante, es particular que dentro de estos informes aparezcan exfuncionarios del Gobierno, como Jorge Mario Eastman, exviceministro de Defensa y secretario general para la Presidencia de Iván Duque. Dentro de los contactos destacados de su perfilamiento están oficiales activos y retirados, funcionarios del Ministerio de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia. Así mismo, existen folios que involucran a militares como el capitán retirado César Castaño, miembro del equipo del general en retiro Jorge Mora, durante el proceso de paz entre el Gobierno y las FARC; el coronel retirado Vicente Sarmiento, asesor de la oficina del alto comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, también aparece en el perfilamiento; el general retirado Carlos Lemus, segundo de la Justicia Penal Militar; el director de la DNI, y el exdirector de Indumil, coronel retirado Enrique Villarreal, aparecen dentro de los más de 25 militares que tienen carpetas y perfiles.

Esto habla, además, de un ejercicio exhaustivo de control interno, en casos que tienen que ver directamente con temas relacionados al conflicto, y por supuesto, los ‘falsos positivos’ y las directrices del Ejército de Colombia.

La mediocre defensa del Ejército frente al caso es que dentro del perfilamiento hay, sobre todo, información pública y de fuentes abiertas, lo cual es reprochable. Jorge Enrique Ibáñez experto en el marco jurídico de la inteligencia en Colombia, afirmó que “no es legítimo hacer unas búsquedas de manera tendenciosa, perfilamientos con caracterizaciones particulares o concretas a un grupo de personas determinadas para ver de qué forma actúa, cuál es su punto de origen, de destino, cuáles son sus contactos familiares, sociales etcétera”.

Por su parte, la FLIP catalogó esta conducta como inconstitucional, inconveniente, antidemocrática y claramente ilegal. Esto, puesto que, además de atentar contra la seguridad de los periodistas, se asume como una persecución que expone también a los conocidos y a las fuentes de los periodistas en cuestión.

Ante la revelación del caso, Carlos Holmes Trujillo, actual ministro de Defensa, destituyó a 11 oficiales del Ejército y anunció que un brigadier general solicitó el retiro voluntario por el escándalo.

Finalmente, quedan más dudas que respuestas con relación a este caso, asusta que en un Estado, supuestamente democrático, sucedan estas cosas, y se confirma la sistemática persecución al pensamiento crítico en el país. Además de esto, se reafirma la incompetencia del Gobierno y la negligencia en asuntos de relevancia. Como colombianos, estamos en el deber de exigirle al Gobierno Nacional respuestas, hacer control político y, sobre todo, defender la libertad de prensa. Es inadmisible que como periodistas tengamos que temer por nuestra vida por el ejercicio de nuestra función. El periodismo necesariamente tiene que ser contrapoder, la premisa de la búsqueda de la verdad no puede ser limitada por la intimidación.

El periodismo verdadero es una práctica contrahegemónica que ni este autor ni ningún colega dejará de ejercer con seriedad y sentido social, bajo ninguna amenaza.