La vida bajo la re-presa

No tengo nada contra las represas, pues hacen parte del modelo de desarrollo energético actual; no obstante, es válido exigir algunas explicaciones y asumir algunas responsabilidades empresariales.

Opina - Política

2020-11-09

La vida bajo la re-presa

Columnista:

Deison L. Dimas Hoyos

 

En alguna ocasión, buscando un tema para investigar, me crucé con la historia de Kimi Pernia Domicó, líder indígena de Tierralta, desaparecido y asesinado en el año 2001. Kimi se oponía a la construcción de la represa Urra I, su lucha se centró en la defensa del territorio indígena y del río Sinú. Sobre las causas de su asesinato, cito apartes de la siguiente entrevista: 

¿Atentados a ciegas nosotros? ¡Jamás!. Siempre hay una razón. Los sindicalistas, por ejemplo. Impiden trabajar a la gente. ¡Por eso los matamos!»

Levy pregunta: «Bueno, y el jefe de los indígenas del Alto Sinú, ¿a quién le impedía trabajar él, ese pequeño jefe indio que bajó a Tierra Alta?»

Castaño le respondió: «¡La represa! ¡Impedía el funcionamiento de la represa!”.  Tomado de Jaramillo (2011)

Un indígena se opone a un megaproyecto, posteriormente lo asesinan y terminan de construir una represa. Luego, el máximo líder paramilitar de la época confiesa el asesinato. ¿Cuál es la responsabilidad en esa idea de desarrollo que rige como modelo de vida ante las muertes violentas de muchos líderes ambientales y sociales? ¿Repensamos el desarrollo o respetamos la vida?

Lo primero que voy a aclarar es que no tengo nada contra las represas, pues hacen parte del modelo de desarrollo energético actual; no obstante, es válido exigir algunas explicaciones y asumir algunas responsabilidades empresariales ante las graves violaciones de derechos humanos y los asesinatos de defensores ambientales asesinados en el mundo en defensa de sus territorios. Ahora bien, dicha responsabilidad no puede ser reducida a indemnizaciones monetarias, creo que, en estos casos, la justicia, verdad, restitución cultural y, sobre todo, la garantía de no repetición, deben ser las prioridades.

Lo primero que voy a presentar son dos datos de contexto. 

Primer dato: Según las cifras de los Informe Global-Witness durante los años 2014-2019 un total de 1084 líderes y defensores ambientales fueron asesinados; de ellos, Brasil (21 %), Colombia (18 %) y Filipinas (18 %) son los países que presentan las cifras más altas; seguidos de países como Honduras, México y Guatemala, con el 5 % del total de casos en el mundo, respectivamente. Respecto al total, 63 casos tenían alguna relación con la oposición a la construcción de las represas.

Segundo dato: Según el informe McKinsey 2019, la demanda de electricidad se duplicará para el año 2050, pero las energías renovables supondrán el 50 % de la generación eléctrica total para 2035. Para el 2050, el 73 % de la producción de energía provendrá de fuentes renovables, y para 2025 las energías renovables de nueva construcción superarán a las de los combustibles fósiles existentes en sus costes de generación en todo el mundo.  Quienes hacen estos cálculos indican que la energía eléctrica que proviene de las represas es renovable.

En resumen, existe un modelo de consumo energético con alta demanda, detrás del modelo un gran negocio financiado por grandes bancos. El negocio se centra en el control de las fuentes de agua para hacer energía y otros negocios más.  En medio de esta idea, están las comunidades. En algunos casos, que describiré a continuación, hay muchos asesinatos de líderes ambientales que se oponían a este tipo de megaproyectos. Citando a la profesora María Luisa Eschenhagen:

El concepto de desarrollo está ligado a los conceptos básicos de la ciencia económica occidental, que, dentro de sus supuestos sobre las condiciones de supervivencia, adaptación y funcionamiento perfecto de la sociedad, han desplazado o eliminado las viejas visiones del mundo y ha conllevado a un objetivo único, el cual es la homogenización cultural. (2001, p. 7)

Plan Puebla-Panamá

La idea de unir la región latinoamericana ha girado en torno a grandes obras y megaproyectos, que tienen como sombrilla el proyecto IRA-Integración Regional Andina— e IIRSA—  Iniciativa para la integración de la infraestructura Regional Suramericana—. Aquí nació el Plan Puebla Panamá, ahora llamado, proyecto Mesoamérica, cuya idea, en materia energética, es la de conectar mercados de energía de la región y así proveer inversiones en el sector y reducir el precio de este servicio. El proyecto SIEPAC sigue latente, y su fin es construir hidroeléctricas y mini hidroeléctricas para el suministro masivo de energía en la región. 

La idea sigue en expansión, pero en su andar, han ocurrido algunas violaciones de derechos humanos y daños ambientales, que merecen investigación y explicación:

México

En los últimos seis años en México han asesinado 57 líderes ambientales y defensores del territorio y del agua. En este país, cabeza del plan Puebla Panamá, el desarrollo de megaproyectos avanza a pasos agigantados a costa de la vida de muchos defensores ambientales. Precisamente en Puebla, algunos líderes indígenas y ambientales han sido asesinados por oponerse a la construcción de hidroeléctricas.  

  • Antonio Esteban Cruz, líder del movimiento obrero MIOCUP, fue asesinado en junio de 2014. Opositor al proyecto hidroeléctrico Cuamono del CFE sobre el río Apulco, municipios de Cuetzalan y Ayotoxco.  
  • En junio de 2018 fue asesinado el activista ambiental Adrián Tihuilit. Era defensor de la comunidad de San Juan Tahictic, y se oponía a la construcción de la hidroeléctrica Gaya en el rio Apulco, en la sierra Norte de Puebla. 
  • En agosto de 2018 el líder indígena del movimiento MAIZ fue desaparecido en Puebla. Su lucha se centró en la defensa la Sierra Negra ante la construcción de la represa Coyolapa- Atzalan. 
  • En mayo de 2019 asesinaron al líder indígena Leonel Díaz Urbano que se oponía a la construcción de la represa en San Juan de Tahictic.

Y estos no son los únicos casos, pues otros homicidios de activistas y líderes ambientales se relacionan con la defensa de comunidades ante las construcciones de otras represas como: Picachos, El Cajón, El Naranjal, La Parota, entre otras.

Honduras

En Honduras defender la naturaleza y los ríos les ha costado la vida a 57 líderes en los últimos seis años. El caso más mencionado ha sido el de Berta Cáceres, ganadora del premio medioambiental Goldman en 2015 y asesinada en marzo de 2016. Por su caso, se abrió juicio a David Castillo Mejía, ex vicepresidente de la Empresa Desarrollo Energético S.A. (DESA), como autor intelectual del asesinato. Berta se oponía a la construcción de la represa Agua Zarca, propiedad de DESA.

Pero su caso no es el único, por oponerse a la construcción de la represa Agua Zarca también fueron asesinados: Irene Meza Williams, William Jacobo Rodríguez, Maicol Rodríguez García, Moisés Duran y Tomas García.

De igual manera, por oponerse a la construcción de la represa de Los Encinos, sobre el río Chinacla, fueron asesinados: Silvestre Manuel Gómez, Javier Vásquez Benítez, Domingo Martínez, Selvin Darío Orellana, Juan Francisco Martínez.

Guatemala 

Un total de 52 activistas ambientales han sido asesinado en los últimos seis años. Estos son algunos casos:

  • En agosto de 2013 en una protesta contra el proyecto Hidroeléctrica Santa Cruz, con injerencia en el río Dolores, asesinaron a David Eduardo Pacay Maas y Hageo Isaac Guitz, dos niños mayas q’eqchies de 11 y 13 años.
  • En agosto de 2014, en una protesta contra el proyecto Hidroeléctrica Santa Cruz, asesinaron a Sebastián Rax Caal (29 años), Luciano Can Cujub (40 añosI, y Oscar Chen Quej (22 años).

En noviembre de 2017, la Corporación Financiera Internacional IFC- confirmó la cancelación del proyecto Santa Rita, luego de que Dutch Develoment Bank (FMO) también retirara su apoyo. 

Panamá

La represa Barro Blanco, la cual se encuentra sobre el río Tabasara, empezó a construirse desde 2007 sin el consentimiento de las comunidades Ngäbe-Bugle, territorios que fueron inundados por el accionar de la represa. Las protestas contra el proyecto fueron constantes. En 2012, en una de las manifestaciones murió por disparos con arma de fuego el niño de 16 años Mauricio Méndez. Ese mismo año, en otra manifestación, también murió por disparos de arma de fuego Jerónimo Rodríguez Tugri. El proyecto fue construido por Generadora del Itsmo S.A. -GENISA- y fue patrocinado monetariamente por los bancos FMO de Holanda y DEG de Alemania.

Como represalias, GENISA demandó a varios líderes de Ngäbe-Bugle por retrasar la obra y provocar pérdidas financieras, sin embargo, en septiembre de 2017 un juez absolvió a los acusados: Manolo Miranda, Toribio García y Clementina Pérez.

Colombia 

Colombia entró en el organigrama del Plan Puebla Panamá en 2006, y en 2009 trató de avanzar en la interconexión eléctrica Panamá- Colombia (Consorcio interconexión ICP- conformado por Etesa e ISA), pero por falta de recursos por la crisis internacional la idea se aplazó. Sin embargo, se avanzó con la estandarización de normatividades, por ejemplo, el aprobar licencias ambientales con los mínimos requisitos, cuestión en la que Colombia es experto en la materia. Años más tarde el proyecto revive, y en 2015, en Guatemala, se instó a los gobiernos realizar obras de infraestructura — más represas, más vías 4G, modernizar puertos— que permitieran la integración de México y Colombia al mercado eléctrico regional. Se armonizaron los esquemas regulatorios que permitieran el flujo internacional de energía en los países de Centroamérica, República Dominicana, México y Colombia.

En últimas, se creó el marco de un gran mercado transfronterizo de energía eléctrica de 2500 k de líneas de interconexión desde México hasta Colombia, involucrando 9 países; promoviendo construcciones de hidroeléctricas para la exportación energía para el sector turístico y minero; la extracción de recursos naturales con cero consultas a las comunidades; oídos sordos a los ríos y de espaldas a la naturaleza, y como veremos,  también con graves cuestionamiento en el marco de los derecho humanos.

Hoy en día, cuando vemos los líos en Hidroituango, Santurbán y debates alrededor del Fracking, en el centro de la disputa están las fuentes de agua y las comunidades. Y en esa disputa, que a veces la reducen a un segundo plano por cuestiones mediáticas e intereses políticos, han sido asesinados varios líderes ambientales que se oponían a la construcción de grandes proyectos hidroeléctricos.Para rememorar, tres casos emblemáticos:

  • Represa de Urra I: La represa de Urra I afectó las relaciones de vida de los indígenas embera katío y el río Sinú. Antes del suceso de Kimi Pernia, también fueron asesinados los líderes Alonso Jarupia Domicó (1998); Lucindo Domicó (1999); Rafael Domicó y Germán Domicó, en Puerto Libertador (2000); Pedro Luis Domicó (2000), Alirio Pedro Domicó (2001). Posterior al asesinato de Kimi, asesinaron a Augusto Lana (2003) y recientemente, en este 2020, asesinaron a Luis Darío Rodríguez Narváez, miembro de la asociación de Familias Desplazadas y Vulnerables del sur de Córdoba -AFADESVUL-, organización que adelanta procesos de reivindicación de los derechos de restitución de tierras para familias en el marco de la inundación de las tierras del Alto Sinú de URRA.

En la página de la empresa URRA  uno de sus principios institucionales es la RSE- Responsabilidad Social Empresarial- que dice: «Somos responsables ante los impactos que nuestras decisiones y actividades ocasionan a los grupos de interés y al medio ambiente, mediante un comportamiento ético y transparente». 

  • Hidrosogamoso: En 2009 fueron asesinados Luis Alberto Arango, presidente de la Asociación de pescadores de la ciénaga El Llanito; Elver Cárdenas, presidente de la Asociación de Areneros del Río Sogamoso; Marco Tulio Salamanca, presidente de la Junta Acción Comunal de la Vereda Marta; y Honorio Llorente, presidente de la Junta de Acción Comunal central del corregimiento Puente Sogamoso, municipio de Puerto Wilches. En 2011 fue asesinado Jairo Rodríguez, miembro y líder de la comunidad de Marta; y en 2012, Miguel Ángel Pabón Pabón, fue desaparecido forma forzada, creador del movimiento «Yo defiendo el río Sogamoso».

Del informe de 2019 del periódico Vanguardia de Bucaramanga: Morir debajo de la represa de Sogamoso, cito el siguiente texto:

Luego de la construcción de Hidrosogamoso, uno de los proyectos más ambiciosos de Santander, el estilo de vida de más de 600 pobladores de ‘La Playa’, en Betulia, cambió. Ante la escasez de oportunidades por la contaminación del río, que durante décadas fue fuente de sustento, hoy la lucha es por no morir de hambre y sed en una tierra en la que ya no hay peces, cultivos ni servicios básicos. 

De la página de Isagen dueña de la represa cito el siguiente contra-texto: «Los principios y valores hacen parte del cómo materializamos nuestra aspiración empresarial, misión y estrategia, ya que orientan nuestras acciones y decisiones, contribuyen en la resolución de conflictos y nos permiten priorizar». 

  • Hidroituango:  Hoy muy pocos quieren mencionar las violaciones de derechos humanos ante la construcción de mega-represas, así mismo, tratar de no mencionar a las víctimas de las 62 masacres en la zona de injerencia del proyecto. Responsabilizar al conflicto armado es válido, pero urge que la represa y quienes orquestaron este proyecto empresarial, también asuman algunas responsabilidades.

Los líderes ambientales asesinados y que defendían el territorio ante los impactos de la construcción de la represa fueron Nelson Giraldo (miembro de Ríos Vivos, asesinado en el cañón del río Cauca en Ituango) y Robinson David Mazo (miembro de Ríos Vivos, asesinado en Toledo, Antioquia) hechos sucedidos en 2013. Así mismo, fueron asesinados en 2018 Hugo George Pérez (miembro de la Asociación de Víctimas y Afectados por Mega-proyectos MASVALE El Aro en Ituango) y Luis Alberto Montoya (integrante del Movimiento Ríos Vivos asesinado en Puerto Valdivia). Súmenle a estos hechos la crisis ambiental provocada en el río y las comunidades; y las múltiples amenazas que ha recibido el movimiento Ríos Vivos (MRV) organización por la defensa de los territorios y las comunidades afectadas por la construcción de represas y proyectos mineros en Colombia.

A propósito del modelo intervención del territorio, Hidroituango reza en su web:

Este nuevo modelo de intervención y de contribución al desarrollo local y regional, en el territorio donde se construye el proyecto hidroeléctrico Ituango, implica estar más cerca de la gente, escuchar a las personas y entender las nuevas realidades sociales, económicas y ambientales para trabajar de la mano con la comunidad en busca de las mejores soluciones” 

El modelo de crecimiento energético tiene su luz en el camino de los grandes proyectos, pero a la par, se les apaga la vida a muchos defensores ambientales ¿Respetamos o represamos la vida? Si el agua es vida, hay que priorizar la vida y de paso, cambiar ese concepto que tenemos de desarrollo.

Fuentes:

Periódico Vanguardia. Morir debajo de la represa. Informe Especial. Recuperado de:https://www.vanguardia.com/especiales-vanguardia/contenido/hidrosogamoso/index.html

Eschenhagen, María Luisa (2001). Argumentos para repensar el “desarrollo”. Publicado en la revista INNOVAR Revista de Ciencias Administrativas y Sociales. Universidad Nacional de Colombia. Enero- Junio 2001. N° 17 págs. 109-122.ISSN 0121-5051. 

Jaramillo Jaramillo, Efraín (2011) Compilador. Kimy, palabra y espíritu de un río. Grupo Internacional de trabajo sobre asuntos indígenas (IWGIA) – Colectivo de trabajo Jenzerá. Primera edición ISBN: 978-958-99938-0-4.

 

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