Con ocasión de cumplir con mi modalidad de grado, llevo apenas lo corrido de este año académico sin estar presente en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, en consecuencia, había creído que esta ausencia me privaba de un conocimiento cercano de la situación que hoy atraviesa la Universidad, por tanto, no podría manifestarme. Con temor a comer de apariencias me siento llamado a decir lo siguiente:
Así como Tunja se ha venido configurando social y económicamente para concentrarse en producir -pero sobretodo comercializar- bienes y servicios para 1800 estudiantes de la UPTC, ofrecerles vivienda, almuerzos caseros, entretenimiento, cultura y una estrecha biblioteca, así mismo, buena parte de Boyacá también lo ha hecho.
Los contratistas de la doble calzada Bogotá – Sogamoso han engrosado sus bolsillos gracias a la existencia de tres sedes de la universidad en ese corredor vial, subiendo precios constantemente, colapsando terminales -incluso recién construidos-, situación similar a lo ocurrido en ocasiones en Barbosa (Santander) o Chiquinquirá.
Los precios de la vivienda en sectores aledaños a las cuatro sedes boyacences -principalmente en toda Tunja- han sufrido una especulación tremenda, la cual los lleva a aumentos cada vez mayores, a comparación del promedio del valor comercial del metro cuadrado en zonas del departamento sin presencia de la universidad.
La fuerza pública en estos lugares se ha llegado a duplicar en los últimos años, para prevenir el «enemigo interno» que supone un estudiante de universidad pública o un campesino movilizado, esto conlleva más población flotante, población no productiva demandando más mercancías y ofreciendo menos bienes o ideas para satisfacer las necesidades locales, por lo menos no directamente.
Estas circunstancias han ayudado a construir una estela de inflación localizada en el departamento y zonas colindantes que generan unas cargas para todos sus pobladores, claro está, esto no es culpa de la universidad, tiene que ver más con la adaptación del modelo económico local y nacional, un modelo de la dependencia al intercambio y sus relaciones sociales expoliadoras y cosificadoras de los vínculos humanos.
Sin embargo, subidos en ese bus, el departamento -de paso ni el país- puede permitir romper lo poco que queda de soporte económico a la demanda de educación pública en esta zona, no puede aceptar que su universidad llamada pública, ponga a sus estudiantes brechas más elevadas para acceder a ella a través de las matriculas, en ese supuesto -cada vez más inminente- no solo los estudiantes, padres de familia, trabajadores, profes y egresados -no mermeleados, o a los que no les alcanza la mermelada-, se verán afectados, todo el circulo económico mencionado anteriormente perderá estabilidad, como quien dice, todos llevaremos del bulto, con precios elevados y sin estudiantes -o con los pocos que puedan pagar las nuevas matrículas- que intenten el comercio suficiente para sostener esa burbuja de precios.
Sin duda de fraccionarse esta ecuación, será un momento para desnudar -de nuevo- las contradicciones de este sistema productivo de la falsa necesidad, del mercado y el estado antes de las personas de ruana, no obstante, esto generará grandes dificultades sociales, que pueden convivir con la necesaria y saludable búsqueda de una nueva forma de producir, pero sin duda, tenderos, conductores, gente que se endeudó para comprar una casita y arrendar la mitad de la misma a un(a) estudiante, ellos y todos nosotros tendremos en frente una difícil encrucijada.
Es por esto que me aventuro a tomar partido así no esté viviendo de cerca este momento de inflexión en la universidad.
Antes de que alguien se hubiese acordado que las luchas estudiantiles dejaban instrumentos de lucha plasmados en normas y, hubiese intentado, recordarnos que la universidad debe consultar la capacidad económica de cada uno para acceder a ella -mientras no se logre la gratuidad-, así este recordatorio haya llegado cuando nadie se lo esperaba, ni lo tenía en sus proyecciones de movilización, antes de eso, la administración si venía apretando la marcha para privatizar la universidad y sacarle jugo al modelo de desfinanciación estatal.
Por un lado, de programas que admitían 40 estudiantes nuevos por semestre se ha pasado a admitir 80, se han proyectado aumentar las sedes de pregrado y posgrado (ejemplo Aguazul, Casanare) se han multiplicado y regado por todo el país los Creads, -centros donde a duras penas hay un computador, una mesa y una secretaria como despliegue de gestión e infraestructura-, se han incrementado los programas de extensión (diplomados, cursos extracurriculares, vacacionales) y hoy se presenta un sistema de cobro de las matriculas bastante ineficaz, pero útil para seguir captando más dinero por menos costos.
Por otro lado, este despliegue de cobertura -que no es malo perse- se ha sostenido con los mismos problemas de planeación, la estrecha planta docente de otrora, (pues simplemente se compra más horas cátedra con la mayoría de profesores a los que se les condena a la cláusula «silencio y obediencia o terminación de contrato»), idénticas patologías de tercerización de trabajadores a las ya usadas, una reestructuración administrativa inconsulta y, la promesa de que esos nuevos estudiantes gozarán los mismos beneficios de todo «universitario de pública».
No obstante, la realidad es que en las nuevas sedes y en la extensión no hay garantía de los mismos programas de bienestar universitario de las sedes ya constituidas, y en estos últimos lugares, los pocos beneficios se deben dividir entre toda esa nueva población estudiantil, «llegó visita, rindan la sopa».
Solamente he vuelto una vez a la universidad en horario de clase, hace más de un mes y fue un poco triste, es mi impresión, pero los espacios comunes del campus ya comenzaban a verse repletos de gente -y eso que no fui al restaurante estudiantil-, el teatro Fausto de Tunja estaba a reventar, pero un número de gente también bastante grande, se agolpaba en los cafetines, en las canchas de fútbol y en los bares; desde que dejé la universidad presentía que sería un reto llegar a todos esos nuevos estudiantes en un corto tiempo, con el fin de dialogar con ellos la situación de la universidad y sembrar una duda frente a la necesidad inmediata de exigir mejores condiciones en ella, sin embargo, las noticias que llegan a Bogotá son alentadoras.
Por más desgastes de movilizaciones pasadas, jornadas electorales aparatizadas y mercantilizadas, «representantes» pagados para disociar, reflujos, cierres de la academia por orden de la administración y, por más de que el panorama pinte gris, he podido escuchar y pensar que puede venir un gran estallido de indignación, carnavales de rebeldía, frenos a la silenciosa vida cotidiana.
Todo eso me reconforta, de seguro esta no es la universidad que dejé, pero detrás de esta iniciativa -inicial- de oposición al sistema de cobro de las matriculas, amañado por la administración, tras la fachada de los rankings de una de las mejores universidades del país, tras todo ello puede estar la recuperación ese ser estudiantil que se cuestiona, que aprende de la confrontación con su realidad inmediata y lo apuesta todo por defender su idea comunitaria de universidad popular, esta es quizás la mejor manera de conectar a esos nuevos estudiantes y en general a la sociedad, si la comunidad se aventura a darlo todo.
Invito a los compañeros de la UPTC a no desfallecer, a buscar nuevas formas de movilización, muevas rutas en las marchas, nuevos receptores en sus mensajes, a gestar propuesta así el activismo acorte el tiempo.
A quienes no pueden salir de sus casas o trabajos a fijar mensajes de apoyo en sus ventanas -virtuales o no-,a reencontrarse entre los tres estamentos, estudiantes, profesores y trabajadores, exigir apropiaciones presupuestales de la «progresista» gobernación de Boyacá -la cual integra el Consejo Superior Universitario- y del gobierno central, pero sobre todo a reconectar con el resto de la sociedad boyacense y de los departamentos vecinos.
Retomando el punto de partida de esta reflexión, si se rompen los marcos de estabilidad que soportan la demanda de acceso a la universidad, se derruye todo un círculo económico regional, y si la universidad sigue autofinanciandose, sacrificando calidad académica, bienestar universitario, condiciones laborales y oportunidades de creación de pensamiento crítico, la configuración ideológica de la sociedad civil regional, se irá cada vez más hacia la pasividad, hacia la ceguera generada por la compra de saberes.
Pero sobretodo se abrirá la puerta para seleccionar un sector de intelectuales que pudieron pagar sus matrículas, o sobrevivir a esa desfinanciación, a los que habrá que seguir venerando por tal logro y de los que no se podrá cuestionar sus propuestas, así tales recetas sean más de lo mismo, más autoridad, más mercado, más utilitarismo y menos humanidad.
La tarea es dura, pero creo que puede ser un momento para frenar un proceso de privatización de la UPTC que no inició hoy ni allí, que viene preparándose hace décadas, pero que propone una oportunidad para partir de lo económico -el precio de las matrículas-, para reconectar luchas pasadas y recuperar ese ser estudiantil que el silencio le quiere arrebatar a la región.
Que florezcan los campos con la misma fuerza que emergieron hace un tiempo los gritos de los campesinos, muchos de estos últimos, padres de estudiantes y primeros afectados de esta circunstancia, que florezca la defensa de la universidad como patrimonio común.
