Columnista:
Álvarez Cristian
Un hecho que pasó desapercibido por el asesinato de Javier Ordoñez y que también tiene que ver con la Policía Nacional sucedió el pasado 4 de septiembre.
Ese viernes, cerca de las 2 de la tarde, en el CAI del barrio San Mateo —ubicado en la comuna 5 del municipio de Soacha, Cundinamarca— se presentó un intento de motín por parte de los presos al interior de este y, de asonada al exterior de las instalaciones policiales llevada a cabo por los familiares de los detenidos.
Según se recoge de las notas de prensa publicadas por varios medios de comunicación locales, el motivo de la reyerta tuvo al parecer dos posibles causas: el hacinamiento al que estaban sometidos los presos del CAI San Mateo y la prohibición de visitas familiares para los detenidos ese día.
Motivados por esta desesperante situación, según señalan las declaraciones de la Policía Nacional recogidas por los medios que cubrieron el hecho, los detenidos dentro de las celdas del CAI prendieron fuego a varios elementos que tenían en ellas lo que desató un conato de incendio que rápidamente se salió de control.
El voraz fuego que se desató dentro de las celdas dejó un saldo de 15 personas heridas, dos de ellas agentes de la Policía, con quemaduras de primer y segundo grado. Los heridos fueron llevaros a varios centros asistenciales como el Hospital Cardiovascular de San Mateo, el Hospital Mario Gaitán Yanguas y el Hospital Simón Bólivar, en la vecina Bogotá.
Infortunadamente —luego de dos semanas de este suceso— seis de los heridos que estaban retenidos en las celdas y sufrieron graves quemaduras en cerca del 90 % de su cuerpo, perdieron la vida.
Como es habitual tras sucesos tan graves como este, la Fiscalía —esta vez en la voz de la directora de Fiscalías de Cundinamarca, Pilar Rojas— señaló que realizará las respectivas investigaciones para dar con los responsables, para ello, estará a cargo de un grupo especial del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).
Responsabilidad institucional
Aunque como lo explica la versión oficial (y lo que se puede apreciar en los videos publicados en Twitter), la responsabilidad del incendio no es directamente culpa de la Policía Nacional —como sí fue el asesinato de Javier Ordoñez—, sí llama la atención que los detenidos tuvieran en su poder elementos con los cuales comenzar un incendio.
Esta es evidencia suficiente para señalar que los controles llevados a cabo a los detenidos para evitar que no cuenten con elementos peligrosos dentro de sus sitios de reclusión controlados por la Policía están fallando ya sea por acción u omisión de quienes deben cuidar estos espacios. Sin embargo, y siendo justos, hay un grave fallo por parte del Estado al no brindar las condiciones necesarias para los detenidos en operaciones policiales para garantizar su traslado en el menor tiempo posible a verdaderos centros de reclusión como las cárceles.
En vez de eso, el sistema judicial se recuesta en la Policía Nacional y los CAI endilgándoles a estos y a sus agentes la custodia de los detenidos, algo que no es ni legal ni correcto y lo que a la postre hará que situaciones como la del CAI San Mateo vuelvan a ocurrir.
Porque, como bien lo dijo el veedor de la Policía, Armando Vega, en el Diario de Cundinamarca: “La Policía no está para cuidar personas privadas de la libertad. Un CAI no es una cárcel ni una URI”.
Pero mientras nuestros gobernantes siguen pendientes de lo que pasa en Venezuela y exigen que allá se cumplan con todas las garantías procesales, acá se hacen los locos con las reformas policiales que entre otras pondrían fin a situaciones como la vivida en el CAI de San Mateo.
