La imagen es terrorífica, es espantosa. En el fondo un cuadro de la crucifixión; adelante 24 líderes sociales vestidos con un blanco ahuesado y con unas máscaras de expresión sombría y afligida. Los antifaces reflejan su ánimo interior: tristeza y miedo ante la oleada de asesinatos que han desangrado a sus compañeros y a su espíritu. Los acompaña la certeza de que no tienen quién los defienda. Parece más una pintura negra de Goya que una foto del 2017.
Los números, alejados de la facultad de narrar las vicisitudes, hacen gala con su presencia al hablar del tema: “son 120 muertes desde la firma del acuerdo”, “son 200”, “mal contados; son 150”. La Defensoría del Pueblo dice que van más de 100 atentados en contra líderes sociales en los últimos 6 meses. Números que no son fichas, no son botones ni habichuelas. En Colombia aprendemos a contar con muertos. Por ahí dicen que en estos dos años han asesinado a un líder social cada cuatro días, cada 96 horas.
Hay discrepancias en las cifras —como siempre—. El gobierno huye y no se asume en el tema, argumentando que no hay sistematicidad en las muertes. El Ministerio de Defensa registró 54 muertes, a diferencia de la Acnur que rastreó 80 y de Indepaz que se sostiene en 137. Es angustiosa la diferencia de cifras entre una fuente y otra. El gobierno quiere seguir hablando de casos aislados y las comunidades intentan que se reconozca la masacre. No hay peor ciego que el que no quiere ver.
Hay que precisar los conceptos
No, a los líderes sociales no los matan “por líos de faldas”; los asesinan en un contexto de violencia política; los asesinan sistemáticamente en un ejercicio de coacción que pretende imponer un régimen de temor para todos aquellos que se levantan en contra de las injusticias. No son casos aislados. Es una realidad que se forma en un atmósfera de tentativas de control territorial; obedece lo anterior a la falta de intervención del Estado en parte del territorio colombiano y a la aparición de nuevos actores armados.
No hay otro calificativo que el de emergencia. Colombia vive una emergencia. Asesinan a los líderes porque existe un contexto de impunidad. Según la investigación de Somos Defensores, el 87% de los casos denunciados se quedan en etapas de indagación o son archivados.
Los asesinatos de líderes sociales obedecen a un patrón: cohibir la organización comunitaria; amedrentar a quienes incomodan con su disposición a denunciar. Los asesinos tienen muchas caras; pueden ser bandas criminales(Bacrim), restos de insurgencia paramilitar llamadas Autodefensas Gaitanistas, el Clan del Golfo, la Policía Antinarcóticos —como en Tumaco— o la misma pseudoguerrilla del ELN, que ha asesinado líderes indígenas a lo largo de su historia.
Los matan de día y de noche, cerca de sus hogares, con o sin sus familias; los matan a balazos; los exterminan, los eliminan porque la Fiscalía y el gobierno tergiversan la información; victimizan a los victimarios y atacan a los que históricamente han sido atacados. Les disparan porque no hay indignación, no hay marchas y se hace presente el silencio; los partidos de izquierda se pronuncian en pocas ocasiones. La conclusión es que los asesinan porque nadie está con ellos.
¿Por qué le conviene a los violentos un régimen de terror? Porque en lo psicosocial las personas que tienen un margen emocional que oscila entre el terror, el miedo, el espanto y el pánico desembocan en una total obediencia. La violencia política es diferente: se hace con un objetivo y desde una estrategia que, en este caso, es controlar territorios sin ningún obstáculo a la vista. Por último, hay que volver al estigma. A los líderes sociales en Colombia los vienen estigmatizando, en mayor medida, desde el gobierno de Álvaro Uribe y con esto se justifican sus muertes y se naturaliza la violencia: “son guerrilleros”, “son terroristas”.
Hay que precisar los motivos
La cartografía del terror muestra que los territorios donde más líderes fueron asesinados son aquellos donde se disputan el control dejado por las FARC: Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó y Nariño. Son también zonas de cultivo de coca. Sigue siendo el narcotráfico el motor de la violencia, pero esta vez con muchos más matices: hay líderes sociales que buscan la erradicación y hay violentos que quieren seguir viviendo del rentable negocio de la coca.
La cultura del conflicto, pese al posconflicto, sigue ilesa. De los 242 municipios controlados por las FARC, la institucionalidad no ha llegado a ninguno, y por esto el sangriento enfrentamiento por el territorio entre actores armados. En este escenario de terror los líderes sociales son blancos fáciles y útiles para una maquinaria que no encuentra oposición por parte de las fuerzas militares. Es decir, los matan por acción de unos y omisión de otros.
Hay que pedir perdón
No son números ni son una brizna de hierba. Son compatriotas que se la han jugado por el bienestar de sus comunidades y por eso hay que pedirles perdón. Primero a Vicente Borrego, asesinado en Riohacha y a Luis Carlos Tenorio, asesinado en Cauca el 2 de diciembre de 2016. Pedirle perdón a Samir López, asesinado en un pueblito perdido del Atlántico; a José Abdón Hoyos, asesinado en su pueblo, San Isidro, de Sotará, en Cauca. Pedirle perdón a Nataly Salas, activista estudiantil asesinada en Montería y a Guillermo Veldaño, asesinado en Putumayo. Pedirle perdón a Anuar Álvarez y a Yaneth Clavache, asesinados ambos en Cauca. Pedirle perdón a Aldemar Parra, asesinado en Cesar. Así a muchos más. Pese a que los quieren volver cifras, ellos tienen nombres e historia y hay que recordarlos como víctimas pero también como líderes y activistas.
Por último le pido perdón a todos los que no puedo nombrar.
Los lideres Siciales son estigmatizados por el Estado, tratando de hacer creer que son parte de la insurgencia y desconociendo que esta ultima se creo por la falta de justicia, la incapacidad de reconocer los derechos humanos, sociales, economicos,educativos, de salud, vivienda digna y laborales no solo en la parte urbana sino en la rural.
Son los diferentes gobernantes que durante los ultimos 70 años acompañados de directivos policos, Senadores, Representantes a la camara, Diputados y Concejales han usurpado esos derechos, y las tierras de los campesinos en Colombia.
Colombia requiere de un cambio total en el manejo politico, gubernamental y tambien en el sistema electoral, hoy el la Registraduria Nacional y el Consejo Nacinal Electoral estan permeados por los diferentes grupos politicos de derecha que no permiten ejercer los cambios necesaruios y suficientes para continuar ellos con el menejo del Pais aqmparado en la corrupcion que flagela a todos lo Colombianos.