Columnista:
Germán Ayala Osorio
Ya en varias columnas he hecho referencia al ethos mafioso que al parecer guía la vida de cientos de miles de ciudadanos, en particular, las actuaciones de políticos profesionales. En ese particular ethos confluyen prácticas asociadas a la trampa, a la falsificación de documentos, buscarle esguinces a la ley, comprar votos y las ya acostumbradas «jugaditas» de los congresistas. Y ese ethos, en el que el todo vale es su más clara expresión, se naturalizó en Colombia desde el 2002.
Mentir en las hojas de vida es también una práctica muy común que además hace parte de ese ethos mafioso. Por ejemplo, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa y hoy precandidato presidencial, mintió al decir que tenía estudios de maestría y doctorado. Presionado por los medios y la opinión pública, el ladino político reconoció que no los tenía. Iván Duque Márquez también mintió en su currículo en el que registró estudios de especialización en la Universidad de Harvard, cuando realmente se trató de cursos de corta duración. Y ahora, medios como El Espectador y el portal Grupo PlagiosSOS expusieron ante la opinión pública a la presidenta de la Cámara, Jennifer Kristín Arias, quien, según esas fuentes, habría plagiado su tesis de maestría. La misma de la «jugadita» Anatolio, vote sí.
El caso del presunto plagio en la tesis de maestría en el que habrían incurrido la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Kristín Arias y su compañera Leydy Lucía Largo Alvarado no solo expone a las dos funcionarias al escarnio público, sino a la Universidad del Externado y a la academia en general. A pesar de que la institución educativa informó a la opinión pública que adelanta una investigación interna, hay hechos que generan suspicacias alrededor de los procedimientos que surtieron Arias y Largo para alcanzar el título de Maestría en Gobierno y políticas públicas.
El primero de esos hechos tiene que ver con la no aparición del documento, es decir, de la tesis, en el repositorio institucional. La denuncia la hizo el Grupo PlagiosSOS y fue recogida por El Espectador, de allí que la universidad del Externado se viera en la penosa situación de responder a través de un comunicado de prensa. Y el segundo hecho es la radicación de un documento de tesis, que realizó ante la universidad, la jefa de control interno de la Cámara de Representantes y compañera de estudio de Jennifer Kristín Arias. Hay que recordar que los estudios los terminaron en el 2016, lo que resulta inexplicable que cinco años después y justo después del escándalo, se registre de manera extemporánea, un documento a manera de tesis. Al respecto, el diario bogotano informa lo siguiente:
«La Universidad Externado de Colombia confirmó en la tarde de este viernes que la señora Leydy Lucía Largo Alvarado, coautora de la tesis de Jennifer Arias, radicó el 5 de noviembre de 2021 en la Secretaría General de la universidad un documento impreso que correspondería a su trabajo de grado de Maestría en Gobierno y Políticas Públicas, de la que ambas se graduaron en 2016. De acuerdo con el comunicado, Largo envió una copia del mismo documento autenticado por una notaría tres días después».
También señala la casa periodística que la universidad no tendrá en cuenta ese documento y que dará continuidad a la investigación que abrió por el delicado asunto.
Lo penoso del asunto es que está en juego el prestigio de la Universidad del Externado, la seriedad académica a la hora de evaluar las tesis y la transparencia en los procedimientos para garantizar no solo la idoneidad, sino la rectitud de sus egresados al momento de solicitar el reconocimiento de sus títulos. Las directivas de la institución saben que los procesos de acreditación nacional e internacional fungen como símbolos de transparencia, calidad e idoneidad.
Si llegare a demostrar que hubo irregularidades en el reconocimiento del título, en virtud de que hubo plagio en la tesis o que esta simplemente no existió, la universidad podría anular el título. Lo cierto es que el tiempo corre en contra de las dos egresadas, pero en particular, en contra del prestigio de la universidad.
El caso de Jennifer Kristín y Leydy Lucía Largo hace recordar el del congresista Julián Bedoya, quien de manera irregular obtuvo el título de abogado de la Universidad de Medellín. Al final, la institución educativa anuló dicho título. Bedoya enfrenta, por ese asunto, una investigación en la Corte Suprema de Justicia. El portal Asuntos Legales asegura: «el funcionario deberá comparecer ante la Corte para rendir indagatoria sobre los delitos de falsedad ideológica en documento privado y falsedad ideológica en documento público».
Insisto en la idea: una parte importante de la sociedad colombiana deviene en una fuerte confusión moral, cuyo origen y encadenamiento nos lleva al mal ejemplo que de tiempo atrás vienen dando los miembros de la clase política y dirigente de este país. En particular, se destaca el mal ejemplo dado por Álvaro Uribe Vélez, quien no solo es proclive a enfrentarse a puños como si se tratara de un «rufián de esquina», sino que es propenso a recomendar a sus amigos, seguidores y subalternos a «votar los proyectos mientras los meten a la cárcel».
Sin unos mínimos éticos será difícil superar la confusión moral en la que deviene una parte importante de la sociedad colombiana, en particular, aquellos ciudadanos interesados en hacerse elegir para servirle a un proyecto político mafioso que requiere que las normas se acomoden, se violen las leyes y, si es necesario, la Constitución. De jugadita en jugadita se irá erosionando la viabilidad de los procesos civilizatorios, su legitimidad, pero, sobre todo, su sentido y el aporte para la construcción de una mejor sociedad. Empiezan inventando títulos, siguen con el plagio de tesis y terminan violando la constitución política.
