Fredy Chaverra
Columnista
Corría el mes de junio de 2016 cuando la aplanadora de la Unidad Nacional avanzó en la aprobación del acto legislativo 01 de 2016 – conocido como el acto legislativo para la paz- un instrumento normativo esencial para avanzar en el proceso de paz que desde octubre de 2012 el Gobierno Santos adelantaba con la guerrilla de las Farc-EP. Su aprobación en el Congreso tras un año de intensos debates fue tan trascendental que, con su arrogante optimismo pre-plebiscitario, Santos no dudó en trinar: “Descanse en paz la guerra”.
Con este instrumento se creó un procedimiento legislativo abreviado que aceleró la implementación normativa del Acuerdo de Paz; así, el principio deliberativo que rige las discusiones en el Congreso se acortó sustancialmente, puesto que para la aprobación de una ley se pasó de cuatro a dos debates, y para la expedición de una reforma constitucional, se pasó de ocho a cuatro debates. Dicho procedimiento se bautizó como fast track y dominó con amplitud el debate legislativo a lo largo del 2017.
En su primera versión, el fast track resultó excesivamente generoso para los intereses del Gobierno; en la práctica, el Congreso se convirtió en un notario de la voluntad presidencial. Porque tal como se radicaban las iniciativas se terminaban aprobando, cualquier modificación, por pequeña que fuera, debía ser previamente avalada por el entonces ministro del Interior -el reencauchado Juan Fernando Cristo-, de esta forma la discusión se restringió al extremo permitiendo que en cuestión de semanas se aprobaran leyes de importancia; por ejemplo, la ley de amnistía e indulto.
Pero a los pocos meses de su activación la Corte Constitucional -en consideración a una demanda al acto legislativo 01 de 2016 interpuesta por el entonces senador Iván Duque- puso en cintura los alcances del fast track al restituirle centralidad al principio deliberativo. A partir de ese momento el Gobierno dejó de tener la sartén por el mango y los partidos de oposición pasaron a tener mayor control de los debates.
Para diciembre de 2017 el fast track concluyó con un balance agridulce, por un lado, resultó clave para expedir el marco normativo que creó el sistema de justicia transicional, y por el otro, fue bastante ineficaz para avanzar en la aprobación de los proyectos de la reforma rural.
Ahora bien, por estos días, el presidente Petro, en su renovado y genuino compromiso por sacar adelante el Acuerdo de Paz, viene planteando la posibilidad de retomar el fast track como punto de partida para oxigenar una implementación bastante estancada. Aunque no es claro sí Petro tiene la intención de retomar el fast track como procedimiento legislativo -tal como lo hizo Santos- o como metodología de discusión -así lo llegó a proponer Roy Barreras cuando asumió en la presidencia del Senado-. Me explico.
Si Petro quiere resucitar la figura del fas track como procedimiento legislativo, pues debe, así parezca una obviedad, radicar un proyecto de reforma constitucional que lo reviva, el cual debe concitar un amplio consenso en Cámara y Senado, o si no, correrá el riesgo de naufragar. Santos la tuvo fácil para su aprobación porque entre 2016 y 2017 su “aplanadora” operó sin fisuras. En contraste, la coalición de Petro pinta inestable, coyuntura y circunstancial. ¿Podría la eventual resurrección del fast track alinear nuevamente la coalición gobiernista?, ¿Acaso, formará parte de las prioridades del Gobierno en su próxima agenda legislativa?
Por el contrario, como metodología de discusión, el fast track busca valerse de las reglas ordinarias del Congreso para priorizar la aprobación de proyectos considerados estratégicos, para ello, solo basta con echar mano de las reglas ordinarias. Con reglas ordinarias hago referencia a: los mensajes de urgencia e insistencia, sesiones conjuntas, preferencia en el orden del día, etc., sin embargo, esto requiere de contar con aliados en Mesas Directivas de comisiones claves y en las presidencias de Cámara y Senado. Ese será el primer reto que deberá afrontar Juan Fernando Cristo en su reencauche como ministro del Interior.
Personalmente, considero que el Gobierno no tiene la capacidad para resucitar la figura del fast track como procedimiento legislativo, y no la tiene, en mayor medida, porque no cuenta con mayorías estables, y además, porque no hay un incentivo lo suficientemente poderoso como para posicionar su necesidad. La paz total todavía no ha salido de sus etapas de negociación con actores armados -con una altísima incertidumbre sobre su implementación normativa- y la agenda del Acuerdo de Paz -con sus retrasos y retrocesos- se ha venido estabilizando en discusiones ordinarias. Así quedó en evidencia con la reciente aprobación de la Jurisdicción Agraria y Rural.
Por eso, considero que la propuesta de Petro solo es un globo, cargado de muy buenas intenciones, eso no lo dudo, pero solo es otro de aquellos tantos globos a los que ya nos viene acostumbrado el presidente.
