Columnista:
Germán Atala Osorio
De cara a las elecciones de 2022, los sectores no afectos y mucho menos cercanos a lo que se conoce como el “uribismo”, deben exponer y consolidar a nivel internacional la negativa representación social que existe dentro del país de la Registraduría Nacional del Estado Civil. La negativa imagen que subiste sobre esta institución se explica en la ya manida frase, a partir de las 4, vota la Registraduría. Lo que se traduce en que no importa que los sectores de Oposición voten en contra del candidato presidencial más opcionado de la derecha y la ultraderecha, pues adentro de la Registraduría se puede voltear cualquier tendencia electoral.
Los reclamos que la Colombia Humana y en particular las de su líder, Gustavo Francisco Petro Urrego, alrededor de un eventual fraude sucedido en las pasadas elecciones de 2018, hacen pensar en que la representación social negativa pasó a ser una certeza, por lo menos para quienes hoy aún señalan que a Petro le robaron las elecciones y por tanto, la Presidencia.
Real o no, es urgente exponer las dudas que sobre la operación neutral y legítima de la Registraduría existen en sectores que aspiran en el 2022 arrebatarle el poder a Uribe y a los sectores legales e ilegales que representa de manera directa e indirecta. La exposición de dudas, reparos y quejas se tiene que hacer desde ya, para que organismos como la OEA e incluso, la ONU, exijan al actual Gobierno colombiano que entregue reales garantías de que la Registraduría actuará con legalidad y transparencia en las elecciones venideras. Aunque la OEA, en manos de Almagro, no es garantía de que las quejas y denuncias sean escuchadas, involucrar al organismo regional le exigirá asumir algún tipo de control y postura sobre el escenario electoral colombiano de 2022. Invitar a la ONU se explicaría porque una extensión en el tiempo del proyecto político uribista, significa riesgos para el proceso de implementación del Acuerdo de Paz y consecuencialmente, un fracaso para el logro de una paz estable y duradera.
Los sectores de izquierda y progresistas deberían iniciar desde ya el diseño de una campaña de alerta temprana sobre un posible fraude electoral en el 2022. No hacerlo, es exponerse a prácticas sucias que deben estar ya diseñadas o previamente aceitadas, para asegurar el triunfo de uno de los candidatos presidenciales de la derecha, bien sea Sergio Fajardo o Carlos Holmes Trujillo García.
Las denuncias hechas por la Fundación Paz y Reconciliación en el sentido en que el actual registrador nacional, Alexander Vega, tendría relaciones o vínculos con el caso de corrupción de Odebrecht y con operadores políticos asociados a prácticas corruptas, es suficiente para iniciar la campa internacional de alerta temprana. Estos señalamientos deben constituirse desde ya en el primer llamado de atención que los progresistas y la izquierda democrática deben hacer a nivel internacional para minar la forzada confianza de un organismo manejado con criterios politiqueros y electoreros y por esa vía, poner un manto de duda sobre quien gane las elecciones en 2022.
Las actuales circunstancias sociales, económicas y políticas hacen pensar que el electorado libre, es decir, aquellos ciudadanos informados y con capacidad para tomar decisiones de manera autónoma y crítica, castigarán al “uribismo” en la jornada electoral por venir. El desastroso manejo dado a la pandemia por parte del gobierno de Iván Duque, el asesinato sistemático de campesinos (van 70 masacres en 2020), líderes sociales, ambientales y defensores de los derechos humanos, así como los crímenes de más de 230 excombatientes de las antiguas Farc-Ep, son hechos e indicadores que evalúan negativamente a la actual administración; a lo que debemos sumar los gastos millonarios en los que incurrió Duque, en plena pandemia, comprando un costoso y lujoso helicóptero para la presidencia y adquiriendo pertrechos para armar al ESMAD. Todo lo anterior son suficientes elementos de juicio y razones para que los colombianos decidan no votar más por el que diga Uribe.
Los progresistas y los sectores de poder no afines al “uribismo” deben entender que no basta con generar conciencia en los electores, si no se exige la vigilancia internacional sobre la Registraduría. Es más, la estrategia internacional de denuncia temprana debe partir de una intervención del organismo y de sus procesos internos, que debería de producirse lo antes posible.
