Columnista:
Lorena Arana
Las voces de los activistas ambientales llevan mucho siendo silenciadas. En el último reporte publicado por Global Witness, ONG que documenta este tipo de sucesos, Latinoamérica figura como la región más peligrosa para defender la naturaleza, con 7 de los 10 países con mayor incidencia en asesinatos: Brasil con 344 casos, Colombia con 322, México (154), Honduras (118), Guatemala (80), Nicaragua (57) y Perú (51).
Es decir, el 68 % de casos mundiales sucedieron en nuestra región. Además, un 39 % correspondió a indígenas, aun cuando solo representan el 5 % de la población del planeta. Y 1 de cada 10 personas, en 2021, era mujer.
Estas muertes se relacionan con conflictos territoriales y negocios en torno a la extracción de recursos naturales y al narcotráfico. Según Laura Furones, miembro de Global Witness, los defensores también sufren amenazas, hostigamiento, vigilancia indeseada y criminalización.
Frente a esto, el Acuerdo de Escazú reaparece en el mapa como un as bajo la manga, como la última esperanza, como un salvavidas.
Después de entrar en vigor para América Latina y el Caribe, el 22 de abril de 2021, a manera de primer instrumento jurídicamente vinculante en cuanto a prevención e investigación de este tipo de ataques, dicho tratado busca que las personas involucradas en actividades medioambientales participen en estas desde el principio, garantizando el acceso a la información, y afianzando la participación pública en decisiones que puedan afectarlas a ellas y a sus territorios.
En otras palabras, que las comunidades accedan a una información oportuna, comprensible y en igualdad de condiciones; con el fin de corregir los daños, mientras se pueda, y de resolver posibles conflictos socioambientales; además de asegurar justicia y protección para sus defensores, instando a las autoridades a tomar medidas concretas.
Al respecto, el coordinador de campañas de la iniciativa Escazú Ahora Chile, Joaquín Salinas, considera que «es importante que el Gobierno se acerque a los territorios y se trabaje en conjunto la protección a estas personas».
Hasta ahora 25 países han firmado el acuerdo, que cuenta con 14 ratificaciones, incluidas las de Argentina, Bolivia, Chile, México, Nicaragua, Uruguay y, nuestro país, desde el pasado 10 de octubre de 2022; cuando, en cuarto y último debate, el Congreso lo aprobó como ley; lo cual es congruente con el plan del actual Gobierno, que incluye puntos específicos sobre la situación de los ecologistas; tras un pasado de violencia extrema contra defensores de todo tipo, en el que la impunidad ha sido el sello principal.
Según la WWF, organización internacional dedicada a la conservación de los recursos naturales, si este acuerdo hubiera sido una realidad antes, habrían podido evitarse casos como:
- El de Caño Cristales, en el cual se había concedido una licencia para la explotación de hidrocarburos, a pesar del impacto ambiental que traería, y sin la participación de los habitantes de la zona, quienes dependían del turismo local.
- El de Hidroituango, en caso de que se hubieran tenido en cuenta los riesgos ambientales de dicho proyecto, así como las implicaciones que acarrearía la falta de participación de las comunidades locales, antes de su ejecución.
- El del suroeste antioqueño, donde los lugareños solo se enteraron de la intención de hacer minería cuando empezaron los sobrevuelos de la compañía involucrada, la misma que usó caudales de agua durante el proceso de exploración, mientras construía una vía y un helipuerto, sin autorización; lo que, además, afectó cantidad de árboles nativos. Nadie les informó, pese a que su cultura local y vocación agrícola y turística estaban siendo amenazadas.
- El de Santurbán, en el que nuestra nación enfrentó una demanda por 736 millones de dólares, instaurada por la inversionista minera canadiense Eco Oro, ya que aseguraba haber tenido enormes pérdidas tras la prohibición de exploraciones en el Páramo de Santurbán, Santander. Aunque un tribunal internacional le dio la razón al país, señalando que tenía derecho a delimitar sus páramos, también indicó que Colombia no garantizó un trato justo y equitativo al empresario.
Después de la ratificación en Colombia, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, aseguró que el Acuerdo de Escazú «no solo viene a generar un mejor estándar democrático en las decisiones ambientales, sino que da poder político a la ciudadanía», pues, no por nada, en 2019, el entonces Embajador de Colombia ante la ONU, Guillermo Fernández de Soto, consideró la firma de este documento como un hito histórico.
Fuentes:
The Oxygen Project.
«¿Por qué el Acuerdo de Escazú es tan importante para Colombia?», WWF. https://www.wwf.org.co/?378250/Por-que-el-Acuerdo-de-Escazu-es-tan-importante-para-Colombia.
«Global Witness revela que 1733 defensores ambientales fueron asesinados entre 2012 y 2021», Escazú Ahora Chile. https://www.escazuahorachile.cl/post/global-witness-revela-que-1733-defensores-ambientales-fueron-asesinados-entre-2012-y-2021.
«En Colombia, implementar el Acuerdo de Escazú es una cuestión de vida o muerte», Global Witness. https://www.globalwitness.org/es/blog-es/in-colombia-implementing-the-escazú-agreement-is-a-matter-of-life-and-death-es/.
«Congreso colombiano ratifica el acuerdo de Escazú», Telesur. https://www.telesurtv.net/amp/news/colombia-congreso-aprueba-acuerdo-escazu-20221011-0002.html.
