Columnista: Magnolia Londoño
El 19 de enero, Noticias Uno emitió una nota en la que publicó apartes del acta con la que la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, justificó el allanamiento a las instalaciones militares de inteligencia y contrainteligencia que se supone espiaron ilegalmente a opositores del gobierno.
Dentro del documento se puede leer la transcripción que la togada Lombana hizo de un correo anónimo —al que le dio validez judicial— en el que se nombra quiénes, cómo y cuándo obtuvieron información sobre figuras públicas del país de manera ilegal, y como esta llegó a manos del jefe político del Centro Democrático: el investigado senador Álvaro Uribe Vélez.
El documento oficial fue fechado el 18 de diciembre de 2019; y a través de este la polémica magistrada Lombana ordenó, el mismo día, el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia, BACID, ubicado en el complejo Miguel Antonio Caro en Facatativá, Cundinamarca.
El correo «delator»
Tal vez sabiéndose “chuzado” y buscando despistar, quien envió el correo anónimo desde la cuenta teo5974@gmail.com a la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte lo hizo indicando que el contenido tenía que ver con “información urgente” del caso “chuzadas-hacker-Álvaro Uribe”, refiriéndose al proceso contra el senador Uribe y su injerencia en las escuchas ilegales a los negociadores del proceso de paz con las FARC ejecutadas por el hacker Andrés Sepúlveda en 2014.
El correo brindó datos precisos y, hasta en ese entonces, desconocidos sobre una operación de espionaje ilegal que se estaba haciendo desde varias unidades militares por orden del alto mando castrense.
El anónimo, además de advertir sobre las “chuzadas” a blancos específicos —que califica de víctimas y en el que reconoce a senadores, representantes, magistrados, periodistas y generales— explica quién es el presunto destinatario de dicha información obtenida ilegalmente.
El señor Uribe Vélez no solo se benefició con las interceptaciones del escándalo «Hacker». Durante este año 2019, varias unidades de inteligencia y contrainteligencia militar se han dedicado a usar sus capacidades para realizar interceptaciones ilegales de comunicaciones, cuyo destinatario de esas acciones al margen de la ley es el señor Uribe Vélez.
La tercera es la vencida
Curiosamente el correo anónimo que originó el operativo del 18 de diciembre en las unidades militares de Inteligencia y Contrainteligencia fue enviado en tres oportunidades a diferentes estamentos de la Sala de Instrucción de la Corte.
El primer mensaje llegó a la secretaria de la Sala el 13 de diciembre de 2019, tres días después, el mismo mensaje fue enviado al presidente de la Sala —el magistrado Héctor Alarcón— quien parece que tampoco le prestó atención ya que, finalmente se envió el texto por tercera vez a la magistrada Lombana el 17 de diciembre.
Cabe resaltar que, pese a que los tres correos decían lo mismo y eran insistentes en el asunto, sin embargo —según el diario El Espectador— dicho mensaje lleno de detalles específicos y hasta con nombres de oficiales posiblemente comprometidos con interceptaciones ilegales, llevó a que la magistrada Lombana, tras rápidas verificaciones, ordenara el allanamiento en cuestión de horas.
¿Por qué tanto el presidente de dicha Sala, como su secretaria no procedieron con la misma celeridad de Lombana?
Lo cierto es que las fuentes anónimas dieron información extremadamente detallada sobre lo que ocurría al interior de las unidades militares y esto habría sido corroborado por los técnicos que practicaron el allanamiento.
Por ejemplo, en un extracto del correo se lee que por medio de equipos tácticos y herramientas informáticas se chuzan líneas telefónicas, y se obtiene información de correos y WhatsApp de los blancos. Parte de esa información llega a manos del señor Uribe Vélez.
Lo que no se «vio» en la nota de Noticias Uno
En algunos extractos que se pueden ver en la nota emitida por el noticiero, se puede leer que es tan grave el asunto que hay varias personas que no solo están dispuestas a declarar sino también a denunciar y a aportar las pruebas de dicha operación ilegal; situaciòn que agravaría el futuro jurídico del senador Uribe Vélez.
El confidente también indica que las unidades que realizan estas prácticas de escuchas ilegales son unidades orgánicas de la Brigada de Inteligencia Militar Número 1, BRIMI1; el Batallón de Inteligencia Militar Número 4, BAIME4, y el Batallón de Ciberdefensa, BACIB; en Bogotá.
En otro aparte se infiere que varios de los soldados del BAIME 4 que participaron de dichas operaciones mostraron su inconformidad, por lo que fueron trasladados a otras unidades.
Todos contra todos
Aparte del gravísimo precedente que deja la noticia del retorno de las chuzadas, dicha situación deja de manifiesto otras situaciones.
La primera es que, en caso de ser cierto, el partido de gobierno cree torpemente que el escenario nacional se quedó anquilosado en el año 2002, donde este tipo de prácticas se realizaron con total impunidad.
Parece que nadie en el Centro Democrático ha notado que hoy en día la ciudadanía no respalda ni tolera semejante tipo de acciones y que dicho rechazo no solo tendrá eco en procesos judiciales sino también en las próximas contiendas electorales y en la popularidad de sus figuras.
De otro lado causa curiosidad que justamente la magistrada que le está poniendo cuidado y está apretando el acelerador en las investigaciones contra el cuestionado senador Álvaro Uribe Vélez, sea la magistrada Lombana, la misma que meses atrás sufriera duros cuestionamientos a su imparcialidad en la columna de Daniel Coronell titulada “La calladita”.
Y por último resaltar que a través de lo que se ha conocido de este y otros casos, se podría hablar de una “guerra civil” dentro de las fuerzas militares. Tal parece que, afortunadamente aún quedan honorables hombres y mujeres dentro de dichos cuerpos que se oponen con vehemencia a que dichas instituciones y sus efectivos se conviertan en simples marionetas al servicio de un poder que actúa en contravía de la ley. ¿Cuál bando ganará?
Mientras vemos por quien se decanta la balanza, esperemos a que “Faruk Urrutia” nuevamente se eche la culpa.
Interesante que dos hombres lo callen y una mujer lo haga público. talvez sean anuncios que indican que se levanta la reina del sur.
Todo esto demuestra que nuestra fuerza publica esta desdibujando su legitimidad juridica en el ambito Nacional e internacional, pues hechos como estos, sumados a la matanza de lideres sociales, desplazamientos forzados, falsos positivos, comercio ilegal de armas desde los propios pabellones del ejercito, nos llevan a pensar a los Colombianos de apie, qie en Colombia no existe una fuerza publica fundamentada en objetivos y princioios Constitucionales, sino todo lo cintrario, una fuerza publica que poco se diferencia de ina manada de bandidos al servicio de intereses mezquinos. Es decir unos bandidos disfrazados con unifirme militar.
CUAL POLEMICA?, !!!!VALEROSA!!!!.