Petro, en sus intervenciones de plaza pública, cuando se refiere a la salud como elemento programático de primer orden, hace referencia, principalmente, a tres conceptos: La salud vista desde la perspectiva de la prevención, la conformación de equipos de salud que brinden atención a las familias en sus propios territorios y la supresión de la intermediación, que en concreto significa, la eliminación de las EPS.
El documento que contiene el Programa de la Colombia Humana, ya expresa de manera amplia el desarrollo de estas tres ideas-fuerza que acompañan a Gustavo Petro en sus intervenciones públicas y recoge el reconocimiento del derecho a la salud, ya no como resultado de las exigencias de cumplimiento de múltiples sentencias emanadas de la Corte Constitucional, sino como un derecho fundamental positivado en la Constitución de 1991, y de manera precisa y contundente en la Ley Estatutaria 1751 del 16 de febrero de 2015, que regula el derecho fundamental a la salud.
En este sentido, la Ley Estatutaria es recogida por la Colombia Humana como uno de los componentes básicos programáticos. Elementos como la gratuidad de la salud pública, preventiva y universal; la eliminación de la intermediación por parte de las EPS; el traslado de la financiación estatal directa a la red hospitalaria pública, en donde los hospitales dejarán de ser empresas para convertirse en centros de prevención y atención; la consecuente contratación con la red de atención privada, son perfectamente aplicables y compatibles con la Ley Estatutaria.
Contrariamente a las acusaciones infundadas de la derecha, la propuesta de Petro en materia de salud es completamente ajustada a la Constitución y a la Ley. Sin embargo, los cambios propuestos marcan una verdadera revolución. No de otra manera sería posible para la población y principalmente para los sectores más vulnerables, por primera vez en la historia, poder acceder a una atención de calidad, oportuna y del más alto contenido de humanidad.
Dicha revolución se expresa en la consideración de la salud como un derecho y no como un negocio y para ello no es necesaria la intermediación, que se queda con un importante porcentaje del presupuesto para la salud y las EPS lo invierten fraudulentamente en la construcción de clínicas privadas e IPS que después con los dineros públicos prestan servicios privados al Sistema, cuando no es que se llevan la plata de los pacientes y usuarios al exterior, como en el caso de Saludcoop, mientras quiebran los hospitales y en general toda la red pública.
En el gobierno de la Colombia Humana no van más las EPS; se acaban y corresponderá al Estado, como reza en la Constitución Política, la garantía de los derechos ciudadanos, libre de la intermediación.
Solo de esta manera será posible que todos los colombianos y principalmente los trabajadores, los campesinos, los habitantes de los sectores marginados, los estudiantes, la población adulta mayor, los jóvenes y en general toda la población, acceda al servicio, ya no como un cliente, sino como un ser humano sujeto de derechos y poseedor de dignidad humana.
En condiciones tan profundas de desigualdad, como la que se vive en nuestro país, hay que dedicar todo el esfuerzo, para ejercer la inclusión de vastas capas de la población que han sido segregadas del desarrollo y de la vida misma. Es lo que se conoce como discriminación positiva y el programa de Petro es concluyente en este criterio.
¿Será, entonces, que este énfasis de la Colombia Humana es el comunismo, el socialismo o la vulgarización mediática del llamado “castrochavismo”? Para nada. Simplemente se trata del ejercicio de equidad propio de las democracias liberales, o en términos más modernos, de la democracia radical y plural[1]. Es, pues, la puesta en práctica de una de las tantas “promesas incumplidas de la democracia”, en palabras de Bobbio.
El otro tema que aborda Petro, es el de la prevención como el componente dinámico del mejoramiento de la salud y, por consiguiente, de la calidad de vida, que entre otras ventajas, permite disminuir las muertes evitables, da cumplimiento al propósito de la OMS al considerar la salud, no como ausencia de enfermedad, sino, fundamentalmente como “un estado de completo bienestar físico, mental y social” y consecuentemente disminuye costos, por cuanto al prevenir, el manejo de las dolencias que sobrevengan, han sido en lo posible detectadas y en su defecto tratadas a tiempo.
Los antecedentes de la propuesta de Petro en materia de salud y, la política de prevención, en el escenario internacional, se remontan a la conferencia de Alma Ata[2], que enfocó la salud desde la perspectiva de la Atención Primaria de Salud, hace exactamente 40 años. Allí se define la Atención Primaria de Salud (APS) como:
“La asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptadas, puestas al alcance de todos los individuos y familias y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar durante cada una y todas las etapas de su desarrollo, con espíritu de auto responsabilidad y autodeterminación”.
Señala además que “es el primer nivel de contacto de los individuos, familia y comunidad con el sistema nacional de salud, llevado lo más cerca posible al lugar de residencia y trabajo y constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria”.
La APS no se trata de una salud de segunda clase, “para pobres”, reducida a cuidados básicos, el manejo de los primeros síntomas de enfermedad o simplemente atención médica primaria. Por el contrario, incorpora al paciente como un sujeto de derechos, no instrumentalizable, es decir, asume al paciente no como una mercancía y lo reivindica como merecedor del respeto a su dignidad. Desde esta perspectiva, salud y mercado son irreconciliables.
De otra parte la APS, de acuerdo a consideraciones de la propia OMS y de la OPS, se convierte en uno de los indicadores básicos del desarrollo. Mejor salud, más desarrollo humano. Y más desarrollo humano implica mayor participación de la comunidad y sus organizaciones en la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas y, además, a gente con poder para ejercer el control social a la gestión pública.
A pesar del reconocimiento de la Salud como un derecho en la Constitución de 1991, este fue concebido básicamente como de segunda generación y por lo tanto progresivo, es decir, que se iría desarrollando paulatinamente y además, concebido básicamente como un “servicio”.
Posteriormente, con la expedición de la Ley 100 de 1993 y los desarrollos legislativos y ejecutivos que le siguieron, quedó expuesto a la voracidad del mercado, de la intermediación y la subsiguiente postración como derecho fundamental. Por esta circunstancia, la Corte Constitucional, gracias al mecanismo de la Tutela, en múltiples sentencias se vio precisada a suplir el papel del legislador y restablecer el Derecho a la Salud como derecho fundamental.
Después de muchos balbuceos de poner en práctica el mandato de Alma Ata, en distintos momentos se realizaron intentos de aplicar los contenidos de la APS, principalmente en Bogotá, en el gobierno de la Bogotá Humana; así como en Antioquia y Valle del Cauca, pero como intentos, en algunos casos más exitosos que en otros, fueron fragmentados y carentes de continuidad. Después de 33 años de Alma Ata, por fin se expide la Ley 1438 de 2011 y cinco años después se produce su reglamentación mediante la Resolución 429 de 2016.
Ya en la Ley 1438, queda claramente establecido que la responsabilidad de la salud pública recae en el Gobierno y que este será también responsable de garantizar “la ejecución y resultados de las acciones de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad como pilares de la estrategia de atención primaria en salud” al igual que la prioridad de los recursos para este fin.
Allí, en la Constitución y en la Ley, están recogidos los fundamentos epistemológicos y fácticos de la propuesta de la Colombia Humana de Gustavo Petro y no tiene nada de “castrochavismo” y mucho menos que vamos rumbo a ser otra Venezuela, como de manera infame sostienen quienes pretenden que la salud de los colombianos continúe siendo el gran negocio de una casta corrupta que se enriquece a costa de la calidad de vida de los más pobres y en general de todos los colombianos.
De manera ya más concreta, la reglamentación contenida en la Resolución 429 ordena que:
“El marco estratégico de la PAIS (Política de Atención Integral en Salud) se fundamenta en la Atención Primaria en Salud (APS), con enfoque de salud familiar y comunitaria, el cuidado, la gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial para los distintos territorios y poblaciones. Estas estrategias permiten la articulación y armonización del aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas y programas en salud pública, de acuerdo con la situación de salud de las personas, familias y comunidades, soportada en procesos de gestión social y política de carácter intersectorial, las cuales deben aplicarse en cada uno de los contextos poblacionales y territoriales”.
De allí ya se derivan lo que la Ley contempla como “tres componentes integrados e interdependientes: Los servicios de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación social, comunitaria y ciudadana”.
Y que significan, por un lado, la más completa disponibilidad, compromiso y responsabilidad del Estado en brindar el mayor bienestar posible a la población, basado en los determinantes sociales de la salud: La Promoción, Prevención y Atención de la población y de manera especial a aquellos sectores sociales y comunidades que han sido históricamente segregados, excluidos y abandonados a su suerte por sucesivos gobiernos; la transversalidad de la salud con un enfoque que comprometa a todos los entes gubernamentales, las organizaciones sociales de la comunidad y a las organizaciones no gubernamentales de la sociedad civil, en una apuesta del mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo económico entendido como humano comprometido con el medio ambiente, la sanidad pública, la participación ciudadana y el control social a la gestión pública en salud.
Significa, de igual manera, la formación académica y experiencial de equipos de atención directa a las personas, familias y comunidades en sus propios sitios de vivienda y territorios, con el carácter de multidisciplinariedad, conformados por médicos, odontólogos, trabajadores sociales, enfermeras profesionales, técnicos y tecnólogos auxiliares de enfermería y paramédicos, terapistas, técnicos en inmunización, saneamiento básico, entre otros y de acuerdo a las circunstancias y condiciones.
Incluye también la dignificación de los profesionales de la salud, el respeto y fortalecimiento de la autonomía del criterio médico y la formación permanente de todo el talento humano ligado a la salud, tanto de atención como administrativos, enfocado en la humanización del ejercicio de la medicina y el cumplimiento del axioma de que, finalmente, se trata de “curar algunas veces, aliviar a menudo y consolar siempre”.
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[1] La Democracia Radical, de acuerdo con Ernesto Laclau y sus desarrollos posteriores por Chantal Mouffe, significa el fortalecimiento de las instituciones democráticas y consecuentemente con ello, la presión sobre los gobiernos por parte de la sociedad para que ejerza y cumpla sobre lo establecido. Estos criterios son actualmente el pilar teórico e ideológico de nuevas vertientes de la Izquierda, como Podemos, que en España ha puesto en cuestión el reinado del PP y de la derecha franquista y monárquica.
[2] La conferencia internacional de Alma Ata, ciudad ubicada en Kazajistan, antigua Unión Soviética, convocada por la Organización Mundial de la Salud en 1978 adoptó la estrategia de Atención Primaria de Salud (APS).
Imagen cortesía de Esan.
Muy interesante