A partir de la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la Presidencia de Colombia para el periodo (2002-2006), el país volcó sus ojos sobre una nueva política: la Seguridad Democrática. Dicha norma provocó que, luego de las fallidas negociaciones entre el gobierno de Andrés Pastrana y la guerrilla de las Farc en El Cagúan, se militarizara el territorio colombiano con la idea de combatir el terrorismo comunista, pero que en el fondo sirvió para que Estados Unidos tuviera un control sobre los recursos naturales y, al mismo tiempo, para que USA también pudiera fiscalizar lo que hacían los gobiernos de América del Sur.
Según datos recopilados por la Fundación Ideas para la Paz, solo en el 2005 se crearon tres brigadas móviles para completar quince en todo el país; un batallón de alta montaña para completar siete a nivel nacional; ocho escuadrones móviles de carabineros (54 en el país); 144 pelotones de ´Los soldados de mi pueblo’ en el Ejército y 14 para la Armada que hacen presencia en 158 municipios, para un total de 27.000 soldados campesinos en Colombia; 5.000 nuevos carabineros; 13.000 aplazamientos regulares y 969 nuevos infantes de marina.
Todo este sacrificio en materia de gastos militares sucedía en medio de un país en el que se cerraban los hospitales populares más importantes, se clausuraban escuelas, se feriaban las empresas más rentables del Estado colombiano para que el conflicto fuera más intenso y, sobre todo, menos efectivo.
Uno de los puntos claves para que las Fuerzas Militares de Colombia se convirtieran en una de las instituciones con un alto grado de aprobación por parte de la ciudadanía tuvo que ver gracias a la mercadotecnia.
El despliegue constante de propaganda bélica – originado durante el gobierno de Uribe Vélez y continuado por su sucesor, Juan Manuel Santos- construyó un relato en el que quienes apoyaban la labor de los uniformados hacían parte del grupo de héroes que luchaban para defender la patria, mientras que quienes ignoraban o cuestionaban las acciones de los militares eran señalados de ser auxiliadores del terrorismo comunista pro Farc.
Así quedó demostrado en un documental académico titulado ‘Apuntando al corazón’, dirigido por Claudia Gordillo y Bruno Federico, el cual reveló cómo los discursos del odio y el miedo servían como herramientas para la gobernabilidad y justificaban la necesidad de una guerra.
Incluso, en una entrevista realizada por el periodista Germán Castro Caycedo a los analistas Robinsón Salazar y César Velásquez para su libro ‘Nuestra guerra ajena’, Salazar y Velásquez afirmaron que Uribe Vélez amplió la definición de terrorismo y, en ese sentido, cualquier persona podría ser potencialmente señalada de terrorista, de ahí que mediante la Seguridad Democrática hayan asesinado a miles de colombianos que se dedicaban a la academia, a la política y a la defensa de los derechos humanos en comunidades desprotegidas.
En ese sentido, un cúmulo de palabras articuladas cada una en las ideas de héroes/antihéroes estimulaban una cohesión social que, apelando al sentimentalismo humano y no al uso de la razón, rebotaban en medio de conceptos de nacionalismo, odio, enemigo y territorio, las cuales provocaban una eterna polarización. Ahí es cuando el viejo adagio “divide y reinarás” cobra mayor sentido.
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Así pues, mientras la propaganda bélica seguía transmitiéndose por las agencias informativas de mayor consumo, en Colombia miles de civiles eran asesinados por miembros del Ejército colombiano, quienes luego eran presentados ante la prensa como «guerrilleros dados de baja en combate”. Estos casos fueron conocidos en el 2008 con el eufemismo de ‘Falsos positivos’ y cuyos hechos han sido condensados en la película ‘Silencio en El Paraíso’, dirigida por el caleño Colbert García.
Tal es el caso del general (r) del Ejército, Mario Montoya Uribe, a quien la Fiscalía General le adelanta una investigación por su presunto conocimiento y participación en la presentación de reportes fraudulentos sobre bajas en combate en diferentes regiones del país cuando fungía como comandante de las Fuerzas Militares.
Según un estudio académico titulado ‘La política de Seguridad Democrática y las ejecuciones extrajudiciales’ realizado por Édgar Villa y Ernesto Cárdenas, profesores de la Universidad de la Sabana y la Universidad Externado de Colombia, los ‘falsos positivos’ aumentaron de manera drástica en un 154 % entre el 2002 y el 2010.
La propaganda bélica es otra de las nimiedades que, a través de la dimensión del discurso, ha servido para legitimar cualquier brote de guerra y a su vez ha vulneran el derecho de las víctimas de la Fuerza Pública a conocer la verdad y, sobre todo, a la justicia.
