Columnista:
Germán Ayala Osorio
La pandemia tomó a Colombia, como Estado y como nación, en medio de una crisis ética y moral que hasta el más optimista, apático o desinformado colombiano es capaz de reconocer. Los niveles de corrupción pública y privada en este país son alarmantes, pero sus prácticas devienen ya tan naturalizadas, que a nadie sorprende.
Hoy, en medio de un contenido pánico colectivo, el país recuerda que hay instalaciones médicas cerradas porque varias EPS fueron intervenidas por entes estatales paquidérmicos y cómplices de lo que venía ocurriendo con estas y con las IPS. Infraestructura que bien podría servir para atender allí a los contagiados por el virus o, simplemente, para que fungieran como satélites para aminorar los desafíos logísticos de la pandemia.
En esos complejos médicos abandonados transitan la inmoralidad de gerentes, de políticos profesionales, jueces, liquidadores, administradores, superintendentes y de los operadores políticos que con la Ley 100 de 1993, convirtieron la salud en un negocio rentable para unos pocos; modelo que precarizó la vida de médicos y enfermeras, convertidos en instrumentos silenciosos de un esquema de negocio que, basado en el logro de una mayor eficiencia, hizo de la entrega de paliativos para millones de usuarios, un modus operandi que se acercó a una forma de criminalidad. Y qué paradoja, sobre esos mismos médicos y enfermeras, altamente castigados por la Ley 100, recaen las esperanzas del resto de la sociedad, para que la pandemia no termine desbordando el sistema de salud.
Esa crisis moral y ética que hace aún más inviable a Colombia, en medio de semejante coyuntura, se acompasa con un inexistente liderazgo en sus intelectuales, en su dirigencia, cada vez más atada a sus mezquinos intereses e incapacidad para llevar al país por caminos de un desarrollo que beneficie a las grandes mayorías; se suman a esas ausencias de liderazgos, las universidades públicas y privadas, históricamente de espaldas a esas realidades sociales, económicas, políticas, culturales y ambientales que hoy, por cuenta del COVID-19, parecen que se nos presentan con mayor claridad: pobreza, miseria, subempleo, y la ruindad de los voceros —no líderes— de los más reconocidos, mediáticamente, agentes de la sociedad civil.
Esa misma sociedad civil que, en su conjunto, jamás ha logrado concebir una agenda común. Por el contrario, cada asociación, gremio, organización, sindicato o iglesia aprendió a luchar exclusivamente por los intereses de sus representados. Y con la rapidez con que se disemina el coronavirus, de esa misma manera, nos contagiamos de insolidaridad, “importaculismo” y de todos los males que puede crear el mercado, cuando a este nos entregamos sin mayor reflexión.
Y tan fuerte ha sido esa mano invisible del mercado, que tiene a sus pies al Estado colombiano. Estado que, fruto de una amalgama de intereses privados, hoy deviene con un carácter privatizado y corporativo, el mismo que le impide al jefe del Estado adoptar innovadoras decisiones para afrontar los desafíos de la declarada pandemia. Y por supuesto, las fuerzas del mercado hicieron lo mismo con la política. Pepe Mujica lo advirtió hace un tiempo: “la política, la eterna madre del acontecer humano, quedó engrillada a la economía y al mercado…”.
Y como de esa amalgama de intereses de la élite política y económica brota un orden social, económico y político, ese orden jamás acogió o asumió lo estatal y lo público, más allá de los cicateros intereses de unas cuantas familias que en estas crisis generalizada y de parálisis nacional y mundial, deben estar orando al Santísimo para que no permita que el COVID-19 toque a sus miembros y, menos aún, a sus patriarcas más sobresalientes.
