El significado de corrupción según la Real Academia Española –RAE- dice que es acción y efecto de corromper o corromperse, en su expresión más simple. Sin embargo, la corrupción es un flagelo que ha condenado a un sinfín de generaciones y mantiene en el estancamiento el desarrollo de los países, principalmente a nuestros mal llamados “países tercermundistas”.
Guatemala, por ejemplo, desde el 2015 ha enfrentado fuertes crisis políticas a raíz de la develación de casos por corrupción. Casos que llevaron a la dimisión del entonces binomio presidencial (ahora en prisión preventiva y enfrentando múltiples casos simultáneos). Todo esto bajo el liderazgo del colombiano Iván Velázquez, Comisionado de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y de la lideresa del Ministerio Público (MP), Thelma Aldana, quienes en conjunto han trabajado en las investigaciones.
Pero Guatemala no es el único país de Centroamérica que vive esta ola anticorrupción. Muy cerca, su vecino El Salvador, tiene en su haber tres expresidentes bajo investigación por corrupción y otros delitos.
Recientemente, el expresidente Saca fue capturado durante la celebración de matrimonio de uno de sus hijos. Según información del Centro de Investigación de Crimen Organizado –InSight Crime-, el expresidente obtuvo ganancias personales por más de US$13 millones durante su mandato, de acuerdo con los reportes financieros.
Del ejemplo salvadoreño, puedo hacer la diferencia en cuanto a que en el vecino país, el sistema judicial es mucho más fuerte y relativamente más independiente; evidenciando así capacidad, tenacidad y voluntad de tomar y aplicar justicia a través de sus propias cortes.
Todo esto empieza a demostrar que el flagelo de la corrupción es un problema sistémico y regional. Somos los malos ejemplos para el mundo de la clase política que poseemos, a la que le hemos permitido, como ciudadanos, hacer de nuestros impuestos sus mejores estilos de vida.
Y por si fuera poco su cinismo, las reformas tributarias se mantienen vigentes. Esas que le aprietan el cinturón a la clase media trabajadora. La que sufre las reales consecuencias de estos sistemas socio políticos y económicos perversos que exige tributar pero seguimos pagando educación privada, seguros de salud, transitando por carreteras en mal estado y en la zozobra terrenal por la violencia común.
¿A qué ciudadano le complace leer noticias de corrupción y reformas tributarias al mismo tiempo, si no obtiene retorno social alguno? ¿Por qué las exigencias ciudadanas a la clase política sobre calidad del gasto público, de transparencia, de ejecución presupuestaria, de reducción de sus altos salarios, de prebendas exorbitantes no se han convertido en el inicio hacia un parteaguas que balancee al sistema?
Sinceramente, no creo en la erradicación de la corrupción, menos en su eliminación. En lo que sí creo, es en tiempos de justicia (aunque podamos llevar un revés al conocer las condenas). Sin embargo, hay luz, a veces tenue y opaca; pero la hay. La condena social hacia la clase política empieza a despertar pasiones y mucha indignación. La fiscalización ciudadana construye una cultura de denuncia. Y esto para nuestros países de la eterna impunidad, es ganancia.
Publicado el: 3 Nov de 2016
