La nueva ´normalidad´ en Colombia es la ausencia de democracia

Asistimos inexorable e impávidamente a una nueva ‘normalidad’, pero no es la que surge y debemos aceptar como consecuencia de la pandemia, que es lo que nos quieren hacer creer, sino aquella auspiciada por un Gobierno irrespetuoso.

Opina - Política

2020-09-06

La nueva ´normalidad´ en Colombia es la ausencia de democracia

Columnista:

Hernando Bonilla Gómez 

 

Con el pretexto de la pandemia y ahora con mayor esmero (lo que le falta al Gobierno del presidente Duque), luego del paso del aislamiento preventivo al aislamiento selectivo (sálvese quien pueda), nos quieren convencer de que lo que es un vicio en nuestro país ahora debe considerarse como normal: nos dicen que existe una nueva normalidad.

Muy alejados de la realidad están quienes insisten en hacernos creer que debemos aceptar esa nueva verdad, la de ellos, pues lo cierto es que Colombia no solo es un Estado fallido sino una democracia perdida. Veamos:

Un Estado en que el Congreso está completamente arrodillado a la Rama Ejecutiva, sin ejercer control político de manera real y eficaz, en el que el presidente de la República postula y hace elegir a sus amigos e incondicionales como cabezas de los órganos de control y la Fiscalía General de la Nación, es decir, donde la separación de poderes o el principio de pesos y contrapesos no existe, no puede ser democrático.

Cuando el jefe de Estado desconoce la institucionalidad, cuestionando las providencias judiciales que no son de su agrado y asume la defensa pública de su mentor, por considerarlo un hombre probo y honesto, sin esperar a que la autoridad judicial actúe y decida de manera definitiva sobre la responsabilidad penal, no respeta el Estado de derecho y ejerce su cargo fundado en pasiones y creencias. Ahora resulta que, en determinados casos particulares, ya no aplica el principio que el mismo primer mandatario defiende: el que la hace la paga. ¡Adiós a las instituciones, bienvenidas las personalidades!

Una sociedad en la que asesinan a las personas por firmar un acuerdo de paz, defender los derechos humanos, el medio ambiente o liderar la defensa de los intereses de sus comunidades y los sectores históricamente discriminados, está enferma y esa situación no puede considerarse una nueva normalidad, como nos lo quieren imponer, sino como la decadencia de lo que siempre ha sido un remedo de Estado democrático. Y para rematar, con la intención de disimular la magnitud e intensificación de las masacres, les cambian el nombre y manipulan las cifras comparando dos años de Gobierno actual con ocho del anterior.

Y qué decir del perfilamiento de usuarios de Twitter contratado por la Consejería Presidencial de Comunicaciones, que califica las opiniones, es decir la manera de pensar sobre la gestión del Gobierno como negativo, positivo o neutro, y en el que aparecen los números de cédula de los titulares de las cuentas, con flagrante violación del artículo 15 de la Constitución Política. ¿Control de la libertad de expresión, estigmatización y clasificación?     

De otro lado, cuando el Gobierno continúa decididamente con el apoyo de proyectos como el de Minesa en Santurbán, que amenaza el derecho al agua de más de 2.5 millones de colombianos; la fumigación con glifosato, a pesar de sus graves efectos para los seres vivos y el ambiente, o favorece en plena pandemia a los grandes empresarios y banqueros, como ocurrió con el préstamo de 370 millones de dólares a Avianca, una empresa que ya no es colombiana y está quebrada, muy a pesar del hambre y el desempleo que consume a nuestro país, no queda duda de que se gobierna para un sector privilegiado de la sociedad y no para todos los colombianos.

Asistimos inexorable e impávidamente a una nueva ‘normalidad’, pero no es la que surge y debemos aceptar como consecuencia de la pandemia, que es lo que nos quieren hacer creer, sino aquella auspiciada por un Gobierno irrespetuoso de la institucionalidad, defensor de los privilegios de unos pocos e indolente frente a la verdadera tragedia nacional que hoy es humanitaria y que, además, defiende un Estado autoritario en oposición a la democracia.

Ojalá que la ciudadanía se concientice y comprenda lo que está sucediendo en el país, para que en el 2022, con el voto, ayude a cambiar el destino aciago de nuestro país y fije un nuevo rumbo que permita empezar a salir del atolladero. De lo contario estaremos condenados no solo a un presidente eterno sino a una desgracia eterna.

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Hernando Bonilla Gómez
Abogado. Comprometido con La Paz y los derechos humanos.