Autor: Gabriel Alejandro Lopez Pepa
En un contexto mundial convulsionado por fuertes crisis económicas, políticas y sociales, América Latina no es la excepción a la regla. Atrás quedó la etapa donde los presidentes de los países vecinos latinoamericanos viajaban en defensa de la democracia, esos tiempos donde Cristina Fernández de Kirchner, junto a otros presidentes, trataban de frenar un golpe de Estado en Honduras o en Perú.
Hoy en día, ya hace más de cuatro años que los países latinoamericanos enfrentan lo que algunos analistas políticos denominan como un “giro a la derecha”, donde figuras, que en algunos casos no son del mundo de la política, se insertan en carreras electorales para ganar la presidencia.
Este fue el caso de Jair Bolsonaro y Mauricio Macri, quienes desde hace años disputan, de una u otra forma, poder político, viniendo uno desde el Ejército brasilero y otro desde el empresariado argentino. Estos personajes son los encargados, a partir de su triunfo en las elecciones, de realizar violentos ajustes en los Estados y de implementar la represión como un uso corriente de la violencia por parte del Estado hacia la sociedad.
Solo por mencionar el famoso titulo de Pierre Clastres, “La Sociedad contra el Estado”, diremos que en el caso particular de los países latinoamericanos, el Estado se puso contra la sociedad y dinamitó ciertas estructuras que beneficiaban a los sectores populares y a las comunidades menos favorecidas, como es el caso de la comunidad indígena brasileña o el crimen de Rafael Nahuel en Argentina.
Cual si fuera un retrato de lo sucedido en Argentina en el año 2013, la policía boliviana optó por acuartelarse, dejando acéfalo uno de los poderes del Estado plurinacional mencionado. Ante este imprevisto (planificado por sectores de derecha bolivianos) se desataron una serie de conflictos sociales que terminaron con la “sugerencia” de los militares bolivianos de que Evo Morales dejara el poder que sostuvo durante 14 años ininterrumpidos.
Ante la violencia callejera y el pedido golpista de las FFAA, el entonces presidente decidió dar un paso al costado en el afán de poder recuperar la paz que tanto necesitaba su país. La respuesta ante esta medida fue aun más violencia, represión y secuestros que han manchado a quien se autoproclamó como la presidenta del Estado, Jeanine Áñez, una senadora opositora a Morales que sin quórum ni respeto por la Constitución Nacional ocupa de forma irregular el poder.
Áñez no solo facultó a las FFAA para poder reprimir al pueblo, sino que también quitó, mediante un decreto presidencial, la responsabilidad en un futuro juzgamiento de los hechos de violencia cometidos por parte de las mencionadas fuerzas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentra muy preocupada ante esta situación, ya que la represión se enmarca dentro de una ola de racismo y odio vinculados a la etnicidad de los pueblos originarios bolivianos.
Ingresos a domicilios de forma violenta, secuestro de niños, muertos por decenas y heridos es el resultado de las políticas represivas de Áñez, la presunta “pacificadora” interina que no hizo más que generar un peor caos. Es por ello que se reflexiona en torno a “La Paz violentada” a propósito y sin medir consecuencias.
El contexto chileno, en violencia institucional, no se aleja del boliviano, aunque existe una diferencia: Piñera, actual presidente de Chile, fue elegido democráticamente y la transición de Bachelet a Piñera fue presuntamente “normal”. Hoy en día se puede avizorar cómo muchas de las problemáticas que padecía el pueblo chileno estaban acalladas por medios masivos de comunicación que, hoy en día, defienden el régimen de Piñera y ocultan la violencia atroz con la que el Estado reprime a manifestantes.
La necedad de un presidente chileno de no querer renunciar a su cargo, aun con protestas que llevan hasta los más grandes destrozos y signos de violencia desmedida que dejaron ciegos a cientos de chilenos, hizo que la violencia incrementara y que los niveles de participación del pueblo en las protestas fuera mayor.
Con contextos diferentes pero realidades símiles en cuanto a la violencia, ni Evo Morales renunciando, ni Piñera haciendo oídos sordos al pueblo pudieron frenar el conflicto sostenido entre manifestantes y policías. Es decir que queda una pregunta en el tintero: ¿estamos ante un Estado contra el Estado?
