Columnista: Juan Sebastián Gil.
Este año comienza, de nuevo, bañado de sangre el territorio nacional. La violencia estructural en el país ha escalado a unos niveles pavorosos; presenciamos un genocidio legitimado por una clase oligárquica badulaque y una sociedad direccionada por matrices de opinión que se alejan de cualquier expresión de sentido común.
La cultura misma del paramilitarismo
El afianzamiento del paramilitarismo en Colombia es sin duda la expresión propia de un modelo económico criminal que ha arrasado con cualquier condición de vida decente en las regiones del país: el narcotráfico. La doctrina de Seguridad Democrática que se instauró en los años noventa y la narrativa antisubversiva consiguieron, a beneficio, reducir la complejidad del conflicto armado y social a un precario discurso contraguerrilla, que es, por cierto, una declaración de miopía política.
Pensaría uno que esta lógica paraestatal es una actitud avergonzada, sin embargo, es una condición naturalizada. Algo que los teóricos llaman violencia cultural. Un escenario de participación política que me permite explicarlo mejor fue el mal logrado paro nacional de noviembre pasado, en el que un grupo de ciudadanos patriotas junto con algunos policías retirados conformaron un grupo de apoyo ciudadano al Esmad.
Con declaración política y todo, al mejor estilo de las Autodefensas Unidas, aparecieron siete u ocho individuos amenazando con apoyar, no sé cómo, a la Policía si se presentaba algún inconveniente con los manifestantes.
Lo más aterrador en torno a esta nueva avanzada del paramilitarismo en el país es la pasividad del gobierno frente a la situación de derechos humanos. Si bien sería una anomalía que un gobierno frágil, además de uribista, tomara acciones frente a los paramilitares; es de esperase que el compromiso político que adquirió Colombia con relación a la paz presionaría al gobierno a ser menos negligente.
La desdichada paz
Es irrisorio, al menos hoy, hablar de paz en Colombia. Es un desborde de ingenuidad creer que los acuerdos de paz que alcanzaron el Estado y las Farc son un alto a la desgracia de la guerra. Así como es también un desatino creer que la solución al conflicto es desmovilizar guerrilleros, o matarlos a todos como otros quisieran. Pues es cierto que los grupos subversivos son un actor armado en el conflicto, pero en la asimetría misma de este conflicto reducir el problema a la guerrilla es un aparatoso destino propio de una comparsa de bufones, radicalizada y desinformada.
El acuerdo de paz es muestra de la voluntad política de un amplío sector de los alzados en armas, la esperanza de la sociedad de construir una Colombia plural y democrática, la coherencia de algunos sectores políticos y el oportunismo de las clases oligárquicas.
¿A razón de qué se ganó Juan Manuel Santos el nobel de paz? Pregunto, con seriedad absoluta, el porqué de este demagógico reconocimiento. Espero no olviden mis lectores que este señor fue el ministro de defensa de Álvaro Uribe, cargo en el que coordinó las más sanguinarias directrices bélicas de aquel gobierno genocida. Gobierno que, además, es recordado por las cerca de 10.000 desapariciones forzadas, mal llamadas falsos positivos. Gobierno que desmovilizó a las AUC en uno de los más retorcidos acuerdos del que haya evidencia.
Si el acuerdo de paz no es implementado en las regiones, donde más se le necesita, se reduce en la jubilación de las Farc; pero la continuidad de la guerra. Recomiendo que lean con juicio el acuerdo, pues este es un diagnostico del problema estructural: quién tiene la tierra, para qué la utiliza y cómo la adquirió.
Asistimos, además, a otro capítulo de persecución y genocidio en el país, pues más de 135 excombatientes de las Farc han sido asesinados después de la firma del acuerdo de paz, y si bien el gobierno dice que son las organizaciones criminales las que están detrás de sus excontendores, o que son líos de faldas; evidente es el caso de Dimar Torres, excombatiente asesinado por el Ejército.
Silencio absorto
El sanguinario operar del resto de actores armados es hostil y se ha llevado la vida de quienes, a pesar del abandono estatal, protegen su territorio. Las cifras son escandalosas, cada vez es más alarmante la situación que vive el país, sobre todo porque las voces de quienes han sido asesinados son ignoradas. Pues poco parece incomodar a la mayoría de los colombianos la masacre que se ha perpetuado en los últimos años.
Resulta que han sido asesinadas 20 personas entre las que se encuentran líderes sociales y excombatientes de las Farc, sólo en 2020, y sí, estamos a mitad de enero. Así las cosas, tal parece que el discurso violento de la paz con legalidad se está imponiendo a nivel institucional y poco o nada harán las fuerzas militares para garantizar condiciones optimas de seguridad en Colombia, siempre será mejor interceptar ilegalmente a periodistas y detractores del partido de gobierno.
Como respuesta a esto, oportunamente Iván Duque llegó a Bojayá, después de una semana, demostrando abrumadora incompetencia. El tema de los dulces; una metáfora mal liada sobre la estupidez del presidente.
