Columnista: Kanábico Objetor
En Colombia no para el conteo de muertes violentas mientras el presidente Iván Duque se va de viaje a Suiza, después de haberse negado en Medellín a referirse a la situación de violencia que enfrentamos líderes y lideresas sociales y después de haber sido el anfitrión de la Cumbre Contra el Terrorismo en la cual también participó —sin ningún miramiento y sonrojo alguno— el autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, recordado también por haber entrado a Colombia escoltado por los paramilitares de la estructura “Los Rastrojos” a través de las trochas que nos comunican con el vecino país.
Aquí se nos está convirtiendo en paisaje la andanada de titulares y tuits que día a día van dando cuenta de la cruda realidad que viven distintas zonas del país donde los grupos armados, paramilitares, desertores de las FARC, el ELN y las narcomafias se han querido reacomodar después de la dejación de armas de la exguerrilla, hoy convertida en el Partido Fuerza Revolucionaria del Común (FARC).
Mientras tanto, la institucionalidad avanza en demostrar ante la opinión pública su inoperancia y su incompetencia ante la crisis que enfrentamos líderes, lideresas sociales, reclamantes de tierras, defensores de derechos humanos, activistas políticos y reincorporados de FARC. Los primeros 100 días de gobierno le advertían a Duque que tendría que tomar medidas contundentes para parar esta masacre.
Durante la sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, llevada a cabo el pasado 13 de enero en Nueva York, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia presentó en su informe trimestral un panorama desalentador respecto a las garantías de seguridad, que son inexistentes no solo para quienes decidieron dejar las armas y apostarle a la construcción de paz sino, también, para quienes durante muchos años le hemos apostado a la construcción de vida digna en nuestras propias comunidades.
Según este informe, el 2019 fue “el año más violento” para quienes decidieron acogerse al acuerdo de paz dejando como saldo 77 asesinatos, siendo este el número más alto con respecto a 2018 y 2017 años en los que se registraron 65 y 31 asesinatos respectivamente; en el informe también se mencionan las 14 desapariciones y los 29 intentos de homicidio que se han presentado y a los cuales los organismos competentes del Estado no han prestado la atención necesaria que permita prevenir estos hechos sangrientos.
Es evidente que aunque el nuevo fiscal general, Francisco Barbosa, siendo el consejero presidencial para los DD. HH. lo haya negado hasta el cansancio, no solo hay una sistematicidad en la persecución, amenazas y asesinato de líderes y lideresas sociales, sino que además se está cometiendo perfidia con quienes decidieron dejar las armas como “vehículo” para llegar al poder.
El asesinato de Dimar Torres, siendo el más dantesco teniendo en cuenta la escena macabra del crimen, es quizás el más emblemático, pero no es distinto al asesinato de Alexander Parra Uribe, alias “Rodolfo Fierro”, perpetrado al interior del antiguo Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en Mesetas-Meta; ni que el asesinato de Luz Dary Pérez junto a su hijo de 20 años en Florencia-Caquetá, ni logra opacar el caso más reciente en el que mientras se dirigía a la ETCR de Santa Lucía, Ituango, fuera asesinado Cesar Dario Herrera quien duró gravemente herido 3 horas sin que los militares responsables de la seguridad del espacio y los reincorporados le dieran la atención necesaria para salvarle la vida, según denuncian algunos testigos de la escena, hoy es una cifra más en la “lista de la infamia”.
Dicha situación desató un desplazamiento forzado de 62 excombatientes y sus familias de dicha ETCR, aunque el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, tenga la osadía de negarlo.
Aquí hay unas responsabilidades que se quieren evadir, o mejor dicho, como hubieran querido hacer con el cuerpo de Dimar, las quieren sepultar en una fosa común donde la verdad y la justicia jamás les puedan exhumar.
A este rosario de tragedias y lamentos se suma la denuncia hecha por la lideresa social, Antonia Arizala, quién en Magüi-Payán denunció en las pasadas elecciones del 27 de octubre el fraude electoral con el cual se habría hecho elegir el hoy alcalde de ese municipio avalado por el Partido Liberal; esta denuncia le ha traído como consecuencias amenazas de muerte y persecuciones a tal punto que se ha tenido que trasladar de su vereda de residencia para salvaguardar su vida y la de su familia, según denunció Noticias Uno el pasado fin de semana.
Aquí la falta de voluntad de entidades como la Unidad Nacional de Protección sumada a los señalamientos temerarios, que ya no solo con trinos sino que con vallas publicitarias hace la senadora ultrauribista Paola Holguín están convirtiéndose en lápida para quienes en este país nos atrevemos a ejercer derechos políticos desde el activismo, la defensa de la democracia, los DD. HH. y demás escenarios de cara a la construcción de un mejor país.
Una muestra de lo que pasa con esta sumatoria es que el 02 de febrero del presente año, en Candelaria, Valle, fueron sepultados en medio de una movilización Jhonatan Borja, excandidato del Polo Democrático, Colombia Humana y la Unión Patriótica a la Alcaldía de ese Municipio y el líder social Iván Giraldo, quienes fueron asesinados tras denunciar diferentes actos de corrupción que tienen azotado al municipio.
Y por si tanta infamia no alcanzara, ahí está la bravucona y negacionista de Nancy Patricia Gutiérrez quien no hizo más que torpedear el diálogo del Gobierno con los y las indígenas en el Cauca y quien usó su paso por minInterior para lanzar rocketazos al acuerdo de paz que ella califica de “semifallido”, negándose a reconocer que lo único fallido es el mal gobierno que hoy está en cabeza de Iván Duque, dejando su cargo como Ministra para asumir el de Consejera Presidencial para los DDHH.
Ante este panorama y las nefastas declaraciones del Gobierno de turno y la poca voluntad del Estado para consolidar una paz estable y duradera, es urgente que organismos como la CIDH, CPI, la Asamblea General de las Naciones Unidas y la comunidad internacional en general hagan un llamamiento para que en Colombia pare la masacre.
Fotografía cortesía de Publimetro.
