Columnista:
Hernando Bonilla Gómez
Si algunos creen que el fin del uribismo está cerca, no soy tan optimista. La segunda entrega de la investigación realizada por periodistas de la revista Semana, titulada Las carpetas secretas, nos lo corrobora, como lo explicaré más adelante.
Ha sido una constante del nefasto y monárquico partido Centro Democrático, con el expresidente Álvaro Uribe a la cabeza, la obcecada intención de destruir lo poco que nos queda de democracia en Colombia.
Fue el hoy senador Uribe quien propuso la unificación de las altas cortes, y el Gobierno la aspersión con glifosato sin importar el riesgo para la salud, así como el fracking. Y fue el muy ponderado y humanista exministro de defensa, Guillermo Botero, cuota del líder del partido de gobierno, la persona que propuso la reglamentación de la protesta social.
Del Centro Democrático salieron, en su momento, proyectos de ley para acabar con la restitución de tierras, limitar el ejercicio del periodismo y la libertad de cátedra. Se habló de la posibilidad de armar a las “personas de bien” y se nos impuso la limitación al porte y tenencia de sustancias psicoactivas ilícitas que no excedan de la dosis personal, entre otros.
Y como olvidar el denominado Movimiento Libertad y Orden, que promovía un referendo por medio del cual se pretendía derogar la JEP (otra de las obsesiones del presidente eterno), suprimir las altas Cortes, crear una sola corporación judicial como órgano de cierre de todas las jurisdicciones y unificar las dos cámaras del Congreso de la República, entre otras cositas; propuesta con la que estuvo de acuerdo el presidente vitalicio del Centro Democrático y frente a la cual el presidente de la República solo se limitó a decir que las iniciativas ciudadanas debían respetarse. Por ello, suponemos cuál fue el origen del mencionado movimiento ciudadano y de la antidemocrática propuesta.
Pues bien, afortunadamente para el país, ha sido frustrado el intento de modificar el débil régimen democrático colombiano, si es que aún se le puede llamar así, que se han propuesto realizar ciertos aviesos o malintencionados políticos, pero la pandemia mundial de la COVID-19 le dio nuevo brío al partido de gobierno para seguir insistiendo en lo mismo, por la situación excepcional que padecemos y que ha generado el funcionamiento anormal de ciertas instituciones.
En efecto, con ocasión de la declaratoria del Estado de emergencia económica, ecológica y social, el presidente de la República mediante decreto legislativo 491 de 2020, ordenó a los organismos y entidades que conforman las ramas del poder público, observar para la prestación de los servicios a su cargo, mientras se supera la emergencia del coronavirus, la modalidad de trabajo en casa utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, con lo que se concluyó que se había autorizado las sesiones virtuales del Congreso de la República.
En principio no se advierte que ese tipo de sesiones, por sí mismas, sean inconstitucionales, sino más bien lo que se torna ilegal es la forma como irregularmente se están desarrollando para evitar que se pueda realizar efectivamente el control político y los debates correspondientes para la expedición de las normas legales. Esa es precisamente la situación anómala que afecta el principio democrático y que le conviene al partido de gobierno. Nada más oportuno o ventajoso para un régimen de tendencia autoritaria que la ausencia de control político del ejecutivo y sobre todo de las medidas tomadas en los estados de excepción.
Dentro del marco de la discusión sobre la inconstitucionalidad de las sesiones virtuales, por la forma irregular como se vienen limitando las intervenciones de los congresistas, resurgieron viejas ideas de los enemigos de la democracia:
Reducción del Congreso, lo que obviamente afecta el número de curules de la FARC, con la odiosa y malévola intención, de siempre, de atacar el Acuerdo de Paz. Una propuesta a tono con la de destinar los pocos dineros con los que se cuenta para su implementación a solventar la emergencia sanitaria del coronavirus.
¡Para qué la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)! Nunca pierden oportunidad para imponer su proyecto de transformación del Estado y “hacer trizas ese maldito papel que llaman Acuerdo de Paz”.
Por último, la flor que le faltaba al ramo, se propuso que el Ejecutivo intervenga el Congreso y proceda a su cierre para atender la crisis generada por la pandemia: la salud antes que la democracia es el principio que ahora alegan.
Aunque parezcan locuras de políticos posesos, lo cierto es que el Congreso por estar dedicado a la discusión sobre la constitucionalidad de las sesiones virtuales, así como de estas proposiciones antidemocráticas no legisla ni ejerce el control político. Es decir que no cumple sus funciones constitucionales y legales, lo que es un verdadero atentado contra un régimen que se dice democrático.
Y si a ello se le suma un anormal funcionamiento de la rama judicial, pues la Fiscalía la dirige el íntimo amigo del presidente de la República, entidad que se dedica a investigar contravenciones como la cometida por una alcaldesa que violó la cuarentena y no de manera decidida la comisión de conductas punibles, como aquellas que afectan la legitimidad de la elección del jefe de Estado; y que la inteligencia del Ejército Nacional se usa para espiar, obviamente de manera ilícita, políticos opositores, periodistas, organizaciones defensoras de derechos humanos, abogados, funcionarios públicos, etc., (130 personas de lo que hasta ahora se sabe), no queda ninguna duda de que nuestra débil democracia, caracterizada por un exagerado presidencialismo, se convierte paulatinamente en un régimen autoritario.
Ahora bien, si se espiaron altos funcionarios del Gobierno, como el exsecretario de la presidencia Jorge Mario Eatsman, quien gozaba de la mayor confianza del presidente de la República, se evidencia que sí existe, como siempre se ha sospechado, un Estado detrás del Estado fachada, a través del cual se manejan los hilos y cuyo jefe requiere estar enterado absolutamente de todo, inclusive de lo que piensa, planea y hace el Gobierno Nacional, por si las moscas, así los ministros del Interior, Defensa y Hacienda Pública (política, fuerza pública y economía), entre otros, sean impuestos y de las entrañas del jefe del verdadero Estado. ¡Qué peligro y qué poder!
Sospecho, como siempre, que resultarán investigados, procesados y condenados mandos medios, pues se seguirá sosteniendo que el exministro Botero y el excomandante del Ejército, general Nicacio Martínez, no tuvieron nada que ver con estos hechos.
Por todo lo anterior, la lucha para acabar la democracia en nuestro país no cesa, como tampoco la corrupción en época de pandemia, ni el exterminio de defensores de derechos humanos, líderes sociales y excombatientes de las FARC.
Adenda: A pesar del hallazgo de la Contraloría General de la República y la investigación de la Procuraduría General de la Nación que enreda de manera grave al director general de la Policía, general Óscar Atehortúa, el presidente lo sigue sosteniendo en su cargo. ¡Ya nada nos puede sorprender en este país del Sagrado Corazón!
Pues hombre Hernando estoy totalmente de acuerdo con tu columna y lamentablemente lo que ellos llaman centro Democrático es precisamente lo que fuera lo mejor para el país porque por la otra orilla está la izquierda en provecho de de tal situación alentando el socialismo y el comunismo es que eso si es muy preocupante Hernando porque decía alguien a quien le debo mucho en la vida que es don Carlos Vázquez Quintero que coincidencia que nosotros somos como el péndulo siempre buscamos las orillas pero nunca el centro entonces se está promulgado En el país un autoritarismo imposible de atajar si es a la fuerza y si es tras bambalinas peor porque se convierte en un gobierno ennegrecido y apoyado por una supuesta gran democracia pero no olvidemos que los logos del socialismo o los coyotes del socialismo se aprovechan es precisamente del susto de quién es casaron la PRES eso Hernando se va volviendo muy feo
Felicitaciones por si artículo! Si, efectivamente, Uribe es más nocivo para Colombia, que el cáncer, el sida y coronavirus juntos.
Es indudable que existe una alianza entre URIBE Y LUCIFER, demonios peores que la PANDEMIA. La única ventaja que tenemos los colombianos es que el señor de la Divina Misericordia viene a hacer JUSTICIA. Eso no se puede dudar, porque esto se ha convertido en una SODOMA Y GOMORRA, que debe ser limpiada y purificada.
Todo los últimos acontecimientos afectan notablemente nuestra débil democracia, pero lo cierto es que el personaje siniestro que está detrás de las interceptaciones a políticos de la oposición y periodistas nacionales y extranjeros es el Uberrimo más claro para donde, todo conduce al señor Uribe Velez, quien debería estar pagando una condena por genocida.