La educación pública para cualquier país que aspira a tener un desarrollo humano sostenible es el pilar fundamental entre sus políticas públicas, muy al contrario con lo que sucede en nuestro país, en donde cada cuatrienio, el gobierno que agarra las riendas del Estado, lleva consigo una consigna de reducir y asfixiar la educación pública, de la mano de reajuste de transferencias y deficientes aportes del PIB, dejando este derecho fundamental a la educación, que lo cobija la Constitución Política, en manos de que lo regule las fuerzas del mercado. (Una vaga consigna neoliberal.)
Y es que es inadmisible hacerse el de la vista gorda e ignorar que la necesidad de lograr sociedades más equitativas, inclusivas y cohesionadas, que promuevan el crecimiento económico, el empleo de calidad y la consolidación de un sistema verdaderamente democrático depende exclusivamente de que se logre mejorar la cobertura, calidad, inclusión y la equidad en el sistema de la educación superior pública.
Hemos venido observando que desde la sanción de la Ley General de Educación en 1994, en donde se definieron los ciclos de formación en educación preescolar, básica primaria, básica secundaria, media y superior, se viene en un declive en términos de cobertura y financiación en la educación superior, aparte que no se ha hecho ni una sola reforma desde hace 26 años a la Ley 30, “por el cual se organiza el servicio público de la educación superior” (Ley 30/1992).
Esto sumándole que el sistema general de participación es regulado por la Ley 863 de 2003 y que divide las transferencias de la Nación a los municipios y departamentos en tres grandes grupos; 1. Para Educación (58,5%); 2. Salud (24,5%); 3. Agua potable (5,4%) y 4. Restantes para otros destinos (11,6%), en consecuencia y según esta Ley, no existe la posibilidad de redistribuir los recursos asignados por transferencias hacia la educación o la salud si algún alcalde o gobernador lo quisiera, siendo así la autonomía local en este sentido muy reducida y totalmente cohesionada por el Estado Central.
Ahora bien, después de esbozar este pequeño contexto legal de la educación superior, quiero remitirme a una alarmante y preocupante cifra del panorama de nuestros jóvenes en la educación secundaria, en donde Colombia tiene un 30,9% de jóvenes que abandonan la educación secundaria, uno de las más altas tasas de la región, acompañado de Costa Rica y Nicaragua con una tasa de 33,3% y 35,57% respectivamente. (Fuente: datos extraídos de UIS/UNESCO).
Y me pregunto, ¿estos jóvenes de edades entre 13 y 17 años a que se dedican? Preocupa este panorama sin un seguimiento y enfoque estatal para resolverlo.
Volviendo a la problemática que aqueja a la educación superior, fuimos testigos de una de las más grandes manifestaciones estudiantiles de la última década, tanto que nos recordó la impresionante manifestación convocada por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil – MANE en 2012, para detener la retardataria y neoliberal reforma a Ley 30 que pretendía el entonces presidente Santos, manifestación que logró detenerla y archivar dicha reforma en el Congreso.
Y es allí donde quiero detenerme, las movilizaciones tuvieron diferentes propósitos, la de ese año fue una marcha con un objetivo de detener la reforma y se logró, pero la de esta semana tuvo otro propósito y NO puede ser que solo con la asignación de 500 mil millones se apacigüe la inminente destrucción de la educación superior pública, debemos ir mas allá como ciudadanos, debemos exigir de fondo como sociedad civil una reforma que plantee, presionada desde el capitolio y desde la acción colectiva al Gobierno uribista, con una consigna expresa que dé vida y abra las puertas de una reforma que logre una educación superior pública, universal, gratuita y laica.
De lo contrario, si esta marcha que movilizó a miles de estudiantes en todo el país, tanto de universidades públicas como privadas, fue solo para la asignación de 500 mil millones, puedo aseverar entonces que la marcha fracasó rotundamente.
Finalmente, quiero hacer mención a la siguiente frase: “la educación constituye una ‘palanca’ de la igualdad y un eslabón múltiple en el desarrollo”. (CEPAL, 2010).
