Columnista:
Germán Ayala Osorio
En el contexto del paro nacional, la imagen positiva de las consistentes, legítimas y resistentes movilizaciones se ha visto cuestionada por sectores políticos y mediáticos, por cuenta de los violentos enfrentamientos registrados entre policías y miembros del Esmad, con grupos de manifestantes que no necesariamente están conectados con los objetivos y el sentido de las marchas y de la protesta social.
Eso sí, no podemos perder de vista la evidente asimetría entre las fuerzas que chocan. La Policía y el Esmad cuentan con una inagotable fuente de pertrechos (armas, balas, gases lacrimógenos y vehículos) y por supuesto, con el respaldo político e institucional del régimen. Del lado que los enfrentan, cuentan con piedras, palos, “papas bombas” y en casos muy precisos, el uso de armas de fuego, que de todas maneras no se compara con la artillería desplegada por los cuerpos de seguridad del Estado y la que aún está en camino de usarse. Hay imágenes de policías disparando fusiles de asalto y armas traumáticas que producen graves lesiones, cuando sus impactos se dan a corta distancia.
El punto problemático de estas violentas refriegas y reyertas no solo está en el uso de armas de fuego por parte de la Policía y el Esmad, sino en la estrategia puesta en marcha por estos órganos de represión, que consiste en sacar a las calles a sus policiales sin identificación alguna y vestidos de civil, usando camiones de la propia Policía Nacional.
A lo que se suman, las actividades de infiltración en las marchas, usando a policías encapuchados que cumplen, entre otras funciones, vandalizar negocios y atacar la infraestructura vial, entre otras. Y no podemos olvidar, el apoyo que brindan algunos de sus miembros a sectores acomodados de la sociedad caleña, que, desde una perspectiva de clase, amenazan a quienes taponan vías de acceso dentro de las ciudades.
En adelante haré referencia a lo que sucedió en Cali, el pasado 6 de mayo y que fue registrado en videos que circularon en redes sociales. Los hechos referidos deben entenderse en el marco del control que del orden público, como si se tratara de una zona de rehabilitación y consolidación, viene haciendo el general Zapateiro, en coordinación con la Dirección de la Policía Nacional, en el departamento del Valle del Cauca y Cali, su capital. Ese decir, que el manejo de la Policía y de las situaciones apremiantes presentadas, dejaron de ser del resorte directo de la gobernadora Clara Luz Roldán y del alcalde, Jorge Iván Ospina.
Lo acaecido en la capital del Valle del Cauca tiene que ver con un operativo policial en el que de un vehículo particular descienden hombres armados, vestidos de civil. Los mismos que fueron registrados por transeúntes y marchantes, disparando, al parecer, contra manifestantes. Esos hechos fueron recogidos por los medios masivos. El Espectador, por ejemplo, informa que la Policía reconoció que efectivamente sí se bajaron del camión de placas EAX004, por lo menos una docena de miembros de la Policía, vestidos de civil y armados. Por su parte, el diario El País, de Cali, registró lo dicho por el general Rodríguez, quien dijo al medio periodístico que «eran miembros de la Policía Judicial (que no operan con el uniforme tradicional de la institución) y se dirigían hacia el lugar donde se han presentado los hechos delictivos en los últimos días».
Si lo dicho por el alto oficial es cierto, ese tipo de operativos, en el marco de un clima de crispación como el que se respira en forma particular en Cali, deberían de hacerse con el acompañamiento del Ejército y de organismos como la Procuraduría y la Defensoría, para evitar suspicacias y, sobre todo, la toma de decisiones contrarias a la ley, por parte de los policiales.
En las mismas imágenes se aprecia a los mismos policías disparando sus armas en contra de manifestantes. Dice El País que esos disparos se dieron en respuesta a quienes previamente los atacaron.
Me pregunto: ¿cómo sabían, los supuestos atacantes, que quienes estaban en el camión eran policías? Fueran o no miembros de la policía judicial, estamos ante un hecho es de extrema gravedad, por cuanto responde a la ya vieja estrategia de ocultamiento de las identidades de los policiales, lo que les daría licencia para actuar por fuera del marco institucional que de manera natural aparece cuando un policía pisa la calle portando su uniforme.
Lo anterior supondría un desvío misional de la Policía y en esa medida, emerge un comportamiento sicarial que debe ser repudiado por toda la sociedad colombiana. Una vez conocidos los hechos (confusos y turbios), lo que sigue es que la Fiscalía, la Defensoría y la Procuraduría investiguen quién dio la orden de sacar a la calle policías vestidos de civil y armados. Lo mismo deben hacer la Dirección Regional y Nacional de la Policía por cuanto es poco probable y creíble que el irregular e ilegal operativo hubiese sido autorizado por mandos medios.
Esas acciones y actividades deslegitiman a la Policía, institución sobre la que amplios sectores de la sociedad vienen acumulando negativas representaciones sociales, no solo por los probados usos excesivos que de la fuerza vienen haciendo desde el 28 de abril, sino por el comportamiento vandálico de varios de sus miembros. Los mismos que han sido grabados, a través de celulares, cometiendo toda clase de excesos, que los acercan a comportamientos propios de hordas de salvajes, cuyo único objetivo es eliminar físicamente al manifestante, asumido, claro está, como enemigo.
El Estado y sus fuerzas coercitivas y represivas deben dar ejemplo de apego a las normas y procedimientos reglados, además de exhibir un genuino respeto a los derechos humanos.
Después de calmados los ánimos, el próximo gobierno debe asumir la tarea de depurar a las fuerzas armadas, para sacar de estas a todos aquellos que portan uniformes solo para dar rienda suelta a sus desquiciadas ideas de lo que es el orden y la ley. La Policía nacional no puede permitir que la legitimidad de la institución se debilite por cuenta de un irregular, turbio y oscuro operativo en un camión.
Adenda: en Cali y el departamento del Valle del Cauca opera, de tiempo atrás, un amplio mercado de armas. ¿Participan miembros de la Policía y del Ejército en ese mercado? ¿Oficiales de la Reserva, participan del mismo? ¿Agentes privados que muy seguramente compran armas en ese mercado, qué uso le están dando a esas armas?
