Autor: Germán Ayala Osorio
Resulta paradójica, pero explicable la decisión del presidente Duque de acompañar la marcha del día de ayer 26 de julio de 2019. En el objeto o razón de la movilización social radica la incongruencia en la que incurre Duque Márquez al apoyar políticamente la marcha: protestar por los sistemáticos asesinatos de lideresas y líderes sociales, defensores del ambiente, reclamantes de tierras y de los DDHH.
Claramente, la marcha se realiza para expresar la molestia que sienten los miembros de sectores importantes de la sociedad y la población civiles contra el propio presidente, su gobierno y todo lo que representa para el país el regreso de lo que se llama el uribismo.
La contrariedad de estos ciudadanos radica en el desinterés mostrado por el asunto y por lo poco o nada que ha hecho el Gobierno de Iván Duque para proteger la vida de las lideresas y líderes sociales.
No se trata de crear comisiones de seguimiento, convocar reuniones o consejos de seguridad, aumentar el pie de fuerza y mejorar los esquemas de seguridad de los líderes y lideresas. Esas medidas pueden resultar importantes, pero jamás serán definitivas por dos razones fundamentales.
La primera, porque esas prácticas violentas, cometidas por sicarios de los grupos paramilitares que jamás se desmovilizaron, devienen “naturales y legítimas” porque están soportadas en el poder territorial, económico y político de agentes legales, como terratenientes, ganaderos y amigos del modelo de la gran plantación; e ilegales, como los paramilitares que se inspiran en la actitud asumida por el presidente y varios de sus ministros y asesores, en contra del proceso de paz, de la JEP y contra todo lo que huela a paz y reconciliación.
Y la segunda razón, más compleja que la primera, se desprende de una realidad inocultable: el Estado colombiano no tiene el monopolio legítimo de la fuerza, esto es, de las armas.
Realidad esta que el Régimen de poder se ha encargado de extender en el tiempo, por cuanto sus principales agentes de poder económico y político saben que necesitan que circulen armas sin ningún control y registro, para poder eliminar a todos aquellos ciudadanos que se vuelvan incómodos u osen retarlos electoralmente, enarbolando las banderas de la paz y la reconciliación.
Ahora bien, ¿por qué es explicable que Duque finalmente se “suba al bus” de la generalizada indignación por los sistemáticos asesinatos de lideresas y líderes sociales? Lo es porque Duque pretende enviar un mensaje a los países garantes del proceso de paz y a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU en el sentido en que él, su Gobierno y el Estado defienden la vida de los líderes sociales.
En el informe entregado por la Misión de observación del proceso de implementación se lee lo siguiente:
“El Consejo de Seguridad expresó su seria preocupación por los continuos asesinatos de líderes sociales y comunitarios, y de ex miembros de las FARC-EP.
Reconocieron los esfuerzos del Gobierno para abordar este problema, incluido el «Plan de acción para la protección de líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas» y las medidas recientes para proteger a los ex miembros de las FARC-EP, incluso mediante la participación de las autoridades locales.
Subrayaron la necesidad de que estas medidas se traduzcan en resultados concretos para prevenir ataques y para llevar a los responsables ante la justicia, especialmente con miras a garantizar elecciones locales pacíficas e inclusivas en octubre de 2019”.
A raíz de ese informe, el Gobierno de Duque sabe que la multitudinaria marcha que se dio el 26 de julio, constituye la mejor vitrina para mandar ese mensaje y “callarles la boca” a sus críticos que le venían exigiendo que expresara públicamente su condena ante esos sistemáticos crímenes.
Estamos, entonces, ante una “jugada” diplomática y política de un presidente que, de muchas maneras, ha demostrado que no acompaña el proceso de implementación del Acuerdo Final II.
Un presidente que, además, hará todo lo que esté a su alcance, a pesar del monitoreo internacional, para torpedear, administrativa, fiscal y políticamente la total reincorporación de los miembros de la ya extinta1 guerrilla de las Farc-Ep.
Después de la esperada marcha, y del cubrimiento que hace la Gran Prensa de la presencia y de lo que diga Duque al momento en el que, a partir de las cinco, las marchas transcurran y avancen por sus preestablecidos recorridos, muy seguramente se escucharán dos gritos que hoy están en dos orillas opuestas:
De un lado, millones gritaremos ¡no más líderes y lideresas asesinados!; y del otro, ¡ni uno más!, tal y como hábilmente dijo Iván Duque en su discurso del 20 de julio en la instalación de una nueva legislatura.
Una vez finalizadas las marchas, es posible que medios afectos al Gobierno contraten encuestas para medir cuánto mejoró en su imagen, negativamente consolidada, el ungido de Uribe, el primer enemigo de la construcción de paz en Colombia.
Quizás esta “jugadita” presidencial no tenga el mismo alcance y talante de la jugadita del proto sátrapa de Ernesto Macías, pero sí deviene con un tufillo de oportunismo que no se puede desconocer. Amanecerá y veremos.
