La inclusión del ministro de la defensa o de su delegado en el Consejo Directivo del Centro de Memoria Histórica (CNMH) genera todo tipo de suspicacias, críticas[1] y miedos alrededor de los lineamientos y la independencia que en adelante tendrá dicho organismo para investigar y relatar todo lo que permita conocer la Verdad de lo acontecido en estos años de guerra interna.
Es claro que el Decreto 502 del 27 de marzo de 2017, que permite la participación de un delegado del ministerio de la Defensa en el consejo directivo del CNMH es fruto de las presiones y concesiones a las que se ha visto abocado el Presidente en su calidad de Jefe de Estado y supremo comandante de las Fuerzas Armadas, no solo para dar contentillo a esos sectores del Establecimiento que con dificultad y no pocos reparos aceptan las nuevas realidades y escenarios políticos que crea el Acuerdo Final (II), sino para contener o disipar cualquier intento de que se produzca un “ruido de sables” al interior de la Fuerza Pública, en particular, cuando empiecen a operar los organismos responsables de construir y de re-construir la verdad de los hechos relacionados con el devenir del conflicto armado interno.
Informes como ¡Basta ya! (2013) no fueron del total agrado en los sectores de poder político, social y militar acostumbrados a deslegitimar la lucha armada, al tiempo que reconocen y otorgan una “naturalizada” legitimidad estatal, con la que hábilmente ocultan las prácticas dolosas y criminales que comprometen a miembros de las élites política y empresarial de Colombia y por supuesto, a quienes han orientado a las fuerzas armadas en la tarea de enfrentar a las guerrillas.
Con lo establecido en el Decreto 502 se abre la posibilidad para que en las investigaciones e informes que el CNMH vaya a producir y divulgar, se “cuelen” el espíritu de cuerpo y el honor militar, con la clara intención de matizar las prácticas fraudulentas y ocultar delitos cometidos por miembros de la Fuerza Pública, así como disimilar las posibles actitudes negligentes e interesadas que permitieron extender en el tiempo la confrontación armada dada la “incapacidad operativa” para derrotar militarmente al enemigo interno, a pesar del enorme presupuesto orientado al gasto militar, a la asesoría técnica prestada por los Estados Unidos y al mejoramiento en equipos, garantizado, por ejemplo, con los recursos del Plan Colombia.
Lo que esperamos los colombianos que se dé al interior del consejo directivo del Centro de Memoria Histórica, es un diálogo simétrico entre sus miembros, para que dicho organismo no termine validando lo que la Historia Oficial ha relatado alrededor de lo acontecido con el conflicto armado interno y las circunstancias objetivas, estructurales y coyunturales que hicieron posible el levantamiento armado en los años 60, así como su extensión en el tiempo, escalamiento y degradación[2].
Y para que ese diálogo se dé en condiciones de simetría y respeto, el representante del estamento militar deberá llegar con la mente abierta a recibir todo tipo de lecturas alrededor del papel que las fuerzas armadas desempeñaron en estos largos años de confrontación armada. No puede el ministro de la Defensa y/o su delegado llegar a las discusiones sobre las perspectivas en las que se producirán los informes del CNMH, con la tozudez de quienes han defendido el honor militar, a pesar de las claras evidencias de que varios oficiales y suboficiales tergiversaron y retorcieron[3] el sentido de la misión institucional de defender el Estado y a sus asociados, de la amenaza subversiva.
En esa línea, comparto el editorial de El Espectador, al señalar que “la Fuerza Pública debe entender y participar en los procesos que expliquen su responsabilidad en la comisión de delitos sin sentirse ofendida o atacada. Nadie está dudando de su aporte al país, pero eso no borra que haya relatos pendientes por contar. Especialmente cuando el trabajo de construcción de memoria en Colombia ha permitido que, por fin, en los últimos años conozcamos más sobre hechos lamentables. Y todavía nos falta mucho por conocer”[4].
Una manera para enfrentar los miedos y reparos que ya existen alrededor del señalado Decreto 502, es ordenar la desclasificación de informes de inteligencia y de operaciones de los organismos de seguridad del Estado y las mismas operaciones militares, en especial las más controvertidas, delicadas y contundentes. Ello ayudaría sin duda a despejar dudas y a generar un clima de confianza no solo al interior del consejo directivo del CMH, sino en la academia, y en las asociaciones de víctimas y en los sectores sociales interesados en estos asuntos.
Imagen cortesía de: PBI Colombia
Habrá que esperar qué sucede en adelante, en especial en las elecciones de 2018[5], que serán determinantes no solo para asegurar una eficaz, eficiente y efectiva implementación del Acuerdo Final (II), sino para aclimatar la paz, en un escenario político que deviene polarizado por la acción política e ideológica de Uribe Vélez, de su movimiento político el Centro Democrático, en representación de los sectores de poder militar, político, económico y mediático que se oponen a la pacificación del país y a las transformaciones no estructurales que se pactaron en La Habana.
La real autonomía del CNMH también estará en juego en las elecciones de 2018. Si a la Casa de Nariño llegase un presidente con el talante de Ordóñez o de Vargas Lleras, lo más probable es que las posturas de estos personajes, frente al conflicto armado y en particular frente a lo acordado en Cuba, terminarían afectando el trabajo independiente del CNMH.
