Columnista:
Andrés F. Benoit Lourido
El mundo enfrenta un fenómeno imprevisto. Hay restricciones masivas, lugares vacíos; un planeta paralizado con casi un tercio de la humanidad en cuarentena por el contagio del coronavirus; y hasta ahora empieza.
Históricamente hemos pasado por brotes y enfermedades destructivas que sin sorpresa alguna, hemos sido los mismos responsables en crearlas. Por ejemplo, las pandemias de gripe en 1918, 1957, y 1968; y brotes de SARS, MERS y ébola. Lo preocupante de la situación es que expertos en salud y científicos coinciden en que, por primera vez, tenemos una pandemia tan patógena y agresiva.
Los impactos de esta emergencia sanitaria son graves. Principalmente como salud pública: van mucho más de medio millón de personas contagiadas y cerca de cuarenta mil muertos a la fecha, y la cifra va incrementando rápidamente. No existe cura, sino medidas de prevención como aislarse en casa.
El reto es inmenso; más en Colombia. Nuestro país no está preparado para esta crisis sanitaria, económica, social y ecológica. Fue declarado un estado de emergencia nacional, pero las difíciles decisiones que se están tomando, no dejan de afectar los derechos fundamentales de las personas.
La pandemia de COVID-19 nos está cambiando las vidas. Mitigar el contagio refugiándose en casa en América Latina implica perjudicar aún más, la calidad de vida de millones. Este es el continente en donde cerca del 50 % de los trabajadores están en el sector de trabajos informales.
Pensemos ahora en el escenario colombiano. Hasta enero del 2020 se registró una tasa de desempleabilidad del 13 %. El DANE recientemente actualizó su información e indicó que a febrero de 2020 tenemos una tasa de 12,2 %… Con los recientes despidos ocurridos ¿cuál será el panorama en el próximo informe?
Es lamentable decirlo: pero la crisis sanitaria del coronavirus junto con sus miles de contagiados y muertos y, un sistema de salud colapsando, está siendo reducida a un asunto económico. Los empresarios temen a la bancarrota. Alguien cercano a mí que se encarga de asuntos financieros en una empresa que, prefiero no decir cuál es, me informó que su actividad económica representada en ingresos diarios, ha tenido un declive del 80 %.
Aunque el Ministerio de Trabajo ha hecho claridades respecto a temas como la prohibición de licencias no remuneradas o suspensiones de contratos, las empresas protegidas por la Ley 789 de 2002, están reduciendo significativamente su personal, finalizándoles sus servicios sin justa causa, haciendo despidos en un tiempo en el que todos tememos y estamos llenos de incertidumbre.
Algunos de los últimos casos más nombrados son: Grupo Semana, con la suspensión de las revistas Arcadia, Soho, Jet-Set, entre otras; Ecopetrol prescindió de aproximadamente 1500 personas que trabajaban como contratistas en una refinería de Barrancabermeja; y casos que he evidenciado, como el despido a trabajadores de la empresa Grupo Matrix – Su Red (quienes se encargan de las gestiones de giros en el país).
El futuro de muchas empresas es incierto, pero más el de las personas que han sido despedidas últimamente, y aquellas que pertenecen a la informalidad. Detrás de cada una son miles de familias que difícilmente podrán ser amparadas por este improvisado Gobierno.
Si en Colombia todo era un desafío, ahora en momentos críticos la angustia afana más rápido que el ritmo habitual. Queda decir que, no esperemos mucho del Gobierno, escuchemos a los expertos médicos, asumamos los retos con toda la responsabilidad sanitaria, mucha solidaridad y firmeza mental en cada uno de nosotros y en nuestras familias.
Totalmente de acuerdo documentarnos lo mejor posible de profesionales en cada campo no creer mucho en la prensa ni hablada ni escrita solo en algunos casos como su portal y otros medios independientes.