Columnista:
Alejandro Bonet González
Hace varias semanas, la senadora Paloma Valencia publicó un tweet sugirió el plan de aplicar un bono escolar, con el fin de que los padres lleven a sus hijos a colegios privados. Por consiguiente, María Fernanda Cabal respondió que esto enfoca la libertad de los padres para decidir en un contexto de libre mercado. Básicamente, la propuesta es similar a la reforma de los voucher que planteó el monetarista Milton Friedman, en su artículo llamado The Role of Government in Education de 1955. En pocas palabras, consiste en que el Estado subsidia la demanda de las familias, bajo la idea de que los padres puedan matricular a sus hijos en colegios mediante libre elección, por lo que da una mayor posibilidad de fomentar el ingreso a las escuelas privadas.
Si bien, es una idea que se ha aplicado en varios países desarrollados, como por ejemplo Suecia, Australia, Nueva Zelanda y Dinamarca, ellas ignoran que nos diferenciamos bastante en los niveles de corrupción y el uso fraudulento de recursos públicos. Las esperanzas de que el Estado pueda ejercer eficazmente la repartición de estos bonos es baja, especialmente si hablamos de un país donde se pierden aproximadamente 18 billones de pesos por corrupción en los últimos años.
El intento de buscar implementar la educación bajo este sistema de «libre mercado» podría terminar siendo más perjudicial que beneficioso, teniendo en cuenta que nuestras entidades de control no han tenido mucha relevancia para solucionar estas dificultades. En pocas palabras, no hay garantías claras de que los subsidios lleguen directa y competentemente a las familias vulnerables.
En el caso cercano de que el Estado se quiera enfocar más en implementar los voucher y llegue a fallar, simplemente no podríamos estar hablando de un modelo económico fundamentado con las premisas del libre mercado. Con una fuerza política ineficiente, nos estaríamos olvidando de subsidiar correctamente a las familias, por lo que tendrían menos posibilidad de participar en las leyes de oferta y demanda, para ser determinantes en los intercambios de bienes y servicios.
No se queda atrás la costumbre de que últimamente algunas medidas políticas buscan favorecer a los empresarios más importantes del país, o bien, a los funcionarios públicos, por encima de la ciudadanía en general. Se están presentando varias alternativas sobre una fuerte reforma tributaria, que iniciaría a discutirse durante el primer trimestre del año 2021. Según las palabras del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, hay que encontrar alternativas para aumentar la tributación individual, teniendo en cuenta el respaldo que debe tener el incremento del gasto público por la pandemia del COVID-19.
Personalmente, es entendible la opinión de que la tributación empresarial no debe ser tan presionante. Ojalá que el argumento de Carrasquilla se esté refiriendo al caso de las mipymes, que dan el 80 % de empleo en nuestro país. Es decir, las mipymes son las que más tributan, mientras que varias de las grandes empresas terminan evadiendo a la Dian, especialmente con el impuesto de renta y el IVA.
Sin embargo, pareciera que el Estado juega a pasar la pelota de quienes podemos aliviar los vacíos fiscales, dando un fuerte contragolpe hacia las mismas personas que necesitan del asistencialismo público para progresar dentro del «libre mercado». Asimismo, mientras el Ministerio de Hacienda se está planteando cómo tener mayor recaudo tributario hacia la clase media, en el Senado se discute sobre un proyecto de reforma propuesto por el representante David Pulido de Cambio Radical, que busca aumentar 12 curules en este cargo legislativo.
El argumento para este proyecto es por falta de representación política en todo el territorio nacional, ya que, según Pulido, no hay quien defienda los proyectos de ley cuando estos llegan al Senado. Precisamente, esto, de la falta de representación política lo hemos vivenciado desde los mismos políticos que incumplen su trabajo. Hay varios ejemplos para justificarlo, como el del congresista del Centro Democrático jugando en su celular en mitad de un debate importante, o también los que registran un amplio historial de inasistencias en las plenarias, sin preocuparse de algún tipo de sanción por el cual no terminarán recibiendo. Es inadmisible que mientras unas personas y territorios realmente están buscando tener representación política, otros cargos públicos se desaprovechan por falta de compromiso y ética profesional.
De la misma manera, no olvidemos el proyecto polémico sobre el aumento de los salarios de los congresistas, donde el reajuste hizo que los parlamentarios subieran su sueldo de 32 a 34 millones en mitad de la pandemia. También, el hecho de que se rechazó abolir temporalmente los gastos de representación de los congresistas, incluyendo los votos en contra de María Fernanda Cabal y Paloma Valencia. Por este tipo de cosas, es evidente que el libre mercado es utilizado como una distracción para tapar los problemas gubernamentales.
Desde mi punto de vista, no me identifico con los ideales del liberalismo económico, ya que intentar aplicar un sistema de libre mercado en Colombia tendría varios fallos estructurales. No obstante, también es reprochable que algunos congresistas tengan la doble moral de realizar acciones que no van acorde a sus discursos.
Estoy seguro de que grandes exponentes del libre mercado no se sentirían atraídos a los gobernantes que hemos tenido en los últimos años, debido a su fuerte pensamiento crítico hacia los políticos corruptos e ineficientes, que a su vez buscan incrementar los gastos del Estado a su favor y no al beneficio del pueblo. La ilusión del libre mercado en el contexto colombiano se rige bajo la tergiversación del término, especialmente cuando se usa para referenciar erróneamente la administración política y económica que hay en nuestro país.
