La historia no grata del Acuerdo de Paz

Ahora mismo en Estados Unidos hay todo un debate sobre el uso del término terrorismo para referirse a los hechos trágicos de los últimos días en los que decenas de personas murieron producto de un tiroteo en Las Vegas, el atropello sin piedad de un conductor de un camión a varios ciclistas en Manhattan gritando Allahu Akbar o Dios es Grande, y la balacera más mortífera de la historia reciente de Texas en una iglesia de Sutherland Springs.

Los columnistas Max Fischer y Amanda Taub coinciden en referirse al terrorismo como aquel hecho en el que “se atenta contra civiles para causar miedo en una comunidad más grande con fines políticos”. Esa definición es precisa para reflexionar sobre lo que ocurre hoy en Colombia, cuando muchos columnistas y líderes de opinión insisten en la necesidad de recordar las masacres de los paramilitares, y de callar y moderar el lenguaje sobre las masacres de los guerrilleros.

Es redundante recordar las veces en las que el presidente Santos aseguró que Timochenko no podía ser candidato a la Presidencia, como consecuencia de la legislación internacional.

Sin embargo, en el Acuerdo de paz en el numeral 36 del punto sobre víctimas, se estableció que ninguna condena de la Justicia Especial para la Paz podía ser impedimento para la validación de los derechos políticos de todos los desmovilizados. Eso incluye a Timochenko, Iván Márquez, Jesús Santrich y todos los miembros del secretariado.

De facto, los guerrilleros cometedores de crímenes de lesa humanidad sí pueden hacer política y ser elegidos en cargos de elección popular, aunque, para empezar en el Congreso, se hayan saltado la condición sine qua non de cualquier democracia respetable. El sufragio para obtener una curul.

Ese fue uno de los sapos que tuvo que tragarse Colombia para que miles de vidas de civiles inocentes, policías, soldados, y guerrilleros dejarán de perderse. Para que el país pudiese avanzar por fin hacia el cierre del único conflicto armado del continente, un hecho vergonzoso.

Pero de un tiempo para acá, el rumbo del Acuerdo se ha perdido y el puerto final parece desvanecido entre la niebla densa de la ilegitimidad, la corrupción y el mar infinito de coca que invade al país como en un tsunami indefectible.

Preocupante.

En primer lugar, hay que llamar al entendimiento para que se reconozca que el Acuerdo de Paz fue un pacto entre dos partes enfrentadas, ambas con culpa en la historia del conflicto, que tenía como fin primordial, según lo ha dicho el Presidente durante los siete años de su gobierno, reparar a las víctimas. Así entonces, las partes debían reconocer los errores de los hechos macabros de los que hicieron parte para pedir perdón, lograr la reparación, y contar la verdad, con el fin de avanzar hacia la reconciliación.

En un primer momento, cuando estaban en campaña, el gobierno y la guerrilla hicieron lo propio. Santos, por ejemplo, aceptó la culpa del Estado en los hechos de la retoma del Palacio de Justicia. Algunos miembros del Secretariado se reunieron con los familiares de los diputados asesinados del Valle y pidieron perdón por Bojayá en un acto público. Siempre con las cámaras dispuestas y los focos bien apuntados para grabar toda la pantomima. Esas mismas que no permitieron registrar la entrega de armas a la ONU.

Luego entonces de algunos actos de perdón, todo cambió. Estalló el escándalo del Ñoño Elías y Odebrecht, se comprobó que la campaña del 2010 de Santos estuvo viciada por el ingreso de 400.000 dólares de la constructora brasileña para la compra de afiches, aun cuando es ilegal, es decir, un delito, que una empresa extranjera financie campañas políticas. También se conoció el tremendo terremoto de la corrupción dentro de la Corte Suprema de Justicia. Millones y millones entregados a los más altos héroes de la justicia para que amañaran serias investigaciones a los hombres de las leyes.

Y del otro lado, llegó la soberbia. Los guerrilleros asumieron que podían pasearse por las instalaciones del Congreso como patrióticos mártires para enseñar sobre rectitud y honradez. Seusis Pausisas, alias Jesús Santrich, llegó a la Comisión Primera de la Cámara a una audiencia pública, pese a que el Acuerdo estableció que la guerrilla tendría voz y no voto en manos de tres voceros de un movimiento político dentro del Congreso para aportar a los debates sobre la implementación del texto de paz. Lo mismo sucedió con Mancuso y otros paramilitares en el 2006 en medio del proceso de Justicia y Paz.

Algunos argumentaron que no podía compararse la situación porque los paramilitares estuvieron en el Congreso antes de que se firmara su acuerdo y, porque, en ese momento, más del 60% del parlamento estaba cooptado por parapolíticos. Lo cierto es que la situación, con una que otra diferencia, es la misma. Ideólogos de los peores crímenes que la historia de Colombia haya podido conocer de traje formal y zapatos bien embolados en el palacio de las leyes, en donde se supone, deben estar los mejores hombres de la sociedad.

La JEP y la reforma política empezaron su discusión justamente allí. Uno de los partidos que hizo parte del apoyo fundamental al Acuerdo decidió desprenderse de un día al otro de la posición que había defendido durante siete años en una evidente jugada electoral para las elecciones de 2018.

El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, utilizó su poder para retrasar los debates y, en el Senado, la estrategia de la inasistencia ha causado ídem efecto torpedeando la puesta en marcha formal de la justicia nueva para atender todo lo relacionado al conflicto armado.

Y desde la visión de las FARC, ha tomado base la idea de que la JEP es un mecanismo para las rencillas personales de la guerrilla, no para aceptar crímenes, contar delitos y pedir perdón a la sociedad. La elección de los 51 magistrados del tribunal causó polémica por la posición ideológica de varios de ellos, y la elección de los conformadores de la Comisión de la Verdad, en cabeza del padre Francisco de Roux y con hombres como Alfredo Molano, claras figuras de izquierda, deja dudas importantes sobre qué verdad es la que se va a contar, y a quien le conviene la historia que se narre sobre los hechos trágicos de la guerra.

Ese es el panorama. Un gobierno atravesado de principio a fin por la corrupción de Odebrecht que entregó puestos a congresistas para comprar sus votos, flota salpicando hoy en el mar de Coca y de violencia de las bandas criminales, y con piruetas circenses trata de aprobar a pupitrazo lo necesario para cumplir su parte del Acuerdo, mientras que algunos con memoria selectiva, piden que se reciba en las Universidades y en el Congreso a guerrilleros que ordenaron secuestros, extorsiones, reclutamiento de niños y fusilamientos a sus propios miembros.

Lo evidente es que las cosas no van por buen camino, el puerto está lejano y perdido, y la brújula no deja de dar vueltas sin apuntar a ninguna tierra firme. Lo que se viene puede ser determinante, pero parece que no hay hombres o mujeres intachables que le den la talla al momento más trascendental para el país.

Todos parecen estar embebidos en su propio ego, sus propios intereses, y la culminación de sus propias conquistas. La política se encuentra en la crisis más aguda de la historia reciente y, por ende, la sociedad y el intento de construir un nuevo país, podría fracasar.