La gestión de Duque durante la pandemia

Columnista: 

Chrístofer Hidalgo

El principio de la epidemia

El 6 de marzo se confirmó en Bogotá el primer caso de contagio por COVID- 19 en el país, mientras se empezaba a develar el escándalo de la ‘Ñeñepolítica’ en la que varios miembros del gabinete del Gobierno se vieron implicados en una supuesta compra de votos gestionada por José Guillermo Hernández Aponte, alias ‘Ñeñe’, investigado por el asesinato de Óscar Rodríguez, hijo de un prestamista a quien Hernández, según documentos de la DIJIN publicados en una columna de Gonzalo Guillén, debía dinero. El escándalo se desató a la par de la inmersión del coronavirus en Colombia, por lo que la agenda mediática relegó el tema del ‘Neñe’ a un segundo plano rápidamente.

El foco de atención se puso sobre el presidente, que tenía —tiene— bajo su batuta la responsabilidad de contener la expansión del virus en el territorio nacional. En una de sus primeras salidas ante los medios, tras confirmarse el primer caso de contagio por COVID- 19 en Bogotá, aseguró que: “En otros países las medidas de contención y de mitigación, también, han permitido que se sigan adelantando las actividades regulares de los países, sin que sean doblegados por sentimientos de pánico o por noticias falsas”. El tono del discurso, dejaba entrever la intención de tranquilizar a la población, asegurando con sus palabras, una gestión oportuna del Gobierno que, sin embargo, no tomó inmediatamente acciones contundentes para evitar la propagación del virus, que llegó al país por el Aeropuerto El Dorado, ante la parsimoniosa precaución de las autoridades competentes.

El 10 de marzo, cuando ya se registraban 9 casos en Colombia, el presidente se ocupaba en México con diplomáticos de ese país, tratando temas de colaboración bilateral, mientras desde el Ministerio de Trabajo, se expedía la Circular 0018 del 10 de marzo de 2020, en donde se le recomendaba al sector empresarial adoptar medidas de teletrabajo ante la inminente oleada de contagios que arribaban desde Europa, por el aeropuerto aún abierto. Tres días después, cuando llegaba a 22 el número de contagios, el protagonismo se volcó hacia la figura de Claudia López, que se desmarcó de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y advirtió que cerraría completamente la ciudad si el número de casos seguía aumentando exponencialmente, en un anticipo de la desobediencia de los mandatarios locales, que empezarían a tomar medias autónomas.

Alcaldes y gobernadores se desmarcan del Gobierno

El 14 de marzo el presidente se reunió con los gobernadores y alcaldes con el fin de coordinar iniciativas conjuntas de cooperación. El presidente recalcó: “Mi mensaje para todos ustedes es: aquí no dejaremos de tomar ninguna medida que sea necesaria para proteger la vida y la salud de los colombianos, pero las queremos tomar con ustedes, porque ahí es donde está el factor de éxito; aquí no hay posiciones aisladas”. Tres días después, el 17 de marzo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, como es costumbre, acompañada de sectores empresariales, se refirió a las medidas que estaban adelantando algunos mandatarios locales, arguyendo que, «No hay necesidad de estar pensando en toque de queda ni cosas por el estilo”, y recalcó lo innecesario de cerrar el Aeropuerto El Dorado.

El Gobierno, desde que se confirmó el primer caso, buscó una relación armoniosa con los gobernadores y alcaldes, sin embargo, en muchas regiones, cada quien tiró para su lado cuando las decisiones de este no parecieron suficientes. Ese mismo día, el 17 de marzo, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, decretó la calamidad pública en esa ciudad, reforzando el control sobre la libre circulación. “Pedimos que se cerraran los restaurantes, los bares, las discotecas, los gimnasios, los centros de cultos, es decir, el aislamiento ya comenzó”, mencionó Pumarejo; el alcalde de Barrancabermeja, adelantó una solicitud a la Aeronáutica Civil pidiendo la suspensión de vuelos; Mauricio Aguilar, gobernador de Santander, hizo el cierre de fronteras terrestres y aéreas.

Ante la temprana rebeldía de los alcaldes y gobernadores que ejecutaron planes de acción diferentes a los estipulados por el Gobierno, el 18 de marzo se hizo público el Decreto 418 de 2020, en donde, se le otorgan facultades primarias al Gobierno, que celosamente veía cómo en cada municipio del país se adelantaba un plan descentralizado y, por lo tanto, ajeno en muchos casos a las instrucciones de los ministros y del presidente. Dicho decreto dejó en vilo el simulacro de cuarentena programado por Claudia López en Bogotá y el toque de queda en Santa Marta y Cartagena, lo que hizo aún más tensa la relación entre los dirigentes del Ejecutivo. Pese a las medidas tenues del Gobierno y las medidas invasivas de algunos mandatarios locales, lo programado en cada ciudad, se llevó a cabo de forma independiente, haciendo de cada región, un lugar de jerarquía autónoma y descentralizada.

La cuarentena general

El 20 de marzo en una alocución presidencial, el mandatario, rodeado de ministros y expertos en salud, declaró la cuarentena general en Colombia cuando la cifra de contagios ascendía a 196. La medida se preveía y, casi por unanimidad, se celebró la decisión encaminada a contener el rápido avance del virus. El anuncio fue celebrado y prontamente criticado, pues permitió que algunos sectores que ofrecen servicios cuya definición de esencial es relativa, siguieran operando con normalidad y que los empresarios ganaran injerencia primaria en la determinación de la movilidad de sus empleados.

Algunos call centers fueron sellados por no contar con las instalaciones adecuadas para su funcionamiento, según lo estipulado en el Decreto 457 expedido por el Gobierno Nacional; en ciudades como Santa Marta, en donde hay gran cantidad de trabajadores independientes, las protestas no se hicieron esperar, ya que el confinamiento obligatorio deja a muchos trabajadores sin sustento económico durante el periodo de estancia en el hogar. El escenario sacó a relucir problemas de índole social que, sumados a la preocupación por el declive económico, las tensiones políticas y la atención de los pacientes contagiados, se agregan al compendio de la situación creada por la emergencia sanitaria.

Mientras pasan los días, las instrucciones desde la Presidencia son cambiantes. Los colombianos, en su mayoría, desde sus casas siguen atentamente las medidas tomadas con cada decreto, de cada ministerio, poniéndole la lupa a las intenciones del Gobierno. Los bancos, las empresas de telecomunicaciones, las petroleras y otras compañías que tienen relevancia para el sector económico, han actuado de forma independiente, tomando medidas, pensadas de forma estratégica, de forma preventiva o por presión social, pero sin la injerencia directa del Gobierno, que da vía libre a las organizaciones para el manejo de los procesos internos con sus empleados y usuarios del sector privado.

El 21 de marzo se expidió el Decreto 444 de 2020, que suscitó opiniones encontradas. Claudia López se manifestó al respecto, escribiendo en Twitter:

“Inaudito que el Gobierno Nacional se aproveche de emergencia económica para autoprestarse (sic) recursos de los entes territoriales para dárselos a bancos y empresas!”.

La interpretación de la alcaldesa de Bogotá frente a la norma, deja claro una vez más la distancia de alguno mandatarios frente a las decisiones del Gobierno; a lo expuesto por López, se suma lo escrito en la misma plataforma por Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali:

“No deben utilizarse esos recursos como fuente de apalancamiento a la gran empresa o sector financiero”.

Por otra parte, 90 firmantes, representantes de Asociaciones de las entidades territoriales del país, apoyaron la medida del Gobierno en un documento en el que manifiestan su confianza ante esta. 

Frente a la situación, es claro que las tensiones políticas están cobrando cada vez más relevancia ante el escenario actual. La poca aceptación de los colombianos frente al Gobierno hace mella en todos los ámbitos de la vida pública. Algunos ciudadanos se quejan de las medidas tomadas, por considerarlas laxas o pobres, dependiendo de la situación de cada quien. Para el Gobierno colombiano y, en general, para ningún Gobierno, la situación es sencilla, ya que cada decisión puede acarrear consecuencias inesperadas en el futuro próximo y repercutir directamente en el bienestar de la población.