La democracia encierra desde su concepción la noción de universalidad. El pueblo soberano elige a sus gobernantes a través de elecciones y a través de procesos constituyentes determina por consenso los derechos que aplican a todos los ciudadanos, los deberes que todos tenemos y las normas que rigen nuestra convivencia.
Más allá que, desde la teoría y el debate conceptual, existen distintos modelos de democracia y distintas formas de institucionalizar los principios democráticos dentro de un sistema político, bien sea de manera directa o indirecta (representativa), lo que no resiste un debate es pensar en la democracia como un concepto relativo, o para decirlo más claramente, como un concepto que pueda ser utilizado a conveniencia.
Sin embargo, y siendo realistas, la democracia en el mundo actual no es más que lo que el politólogo Ernesto Laclau llamaría un significante vacío. La democracia es todo y a la vez nada. Desde todos los espectros ideológicos, se reclama el concepto “democracia/democrático” como algo propio que se resignifica a la luz de las conveniencias políticas y las estrategias de discurso, a tal punto que en Colombia el partido de derecha, en cuyos gobiernos representaron regímenes profundamente antidemocráticos, se llama Centro Democrático.
La Constitución Política de Colombia de 1991 determinó la transición hacia un “régimen democrático pluralista y participativo” cuya filosofía apuntaba al empoderamiento ciudadano dejando atrás la tradición de la democracia representativa y dando paso a una cultura de la participación ciudadana que trascendiera el ámbito electoral.
Para tal efecto se establecieron distintos procedimientos y herramientas de participación que debían permitir un mayor involucramiento ciudadano en los asuntos públicos como los mecanismos de participación ciudadana (referendo, plebiscito, consulta popular, iniciativa legislativa, etc), mecanismos de consulta previa, y el fortalecimiento del derecho a la protesta y la movilización ciudadana. Teóricamente, nuestra Constitución es supremamente garantista y está alienada con el discurso de la ampliación democrática.
Por otra parte, desde el discurso de la “institucionalidad”, entendida como los actores históricamente beneficiados por el statu quo, el carácter democrático-electoral de nuestro sistema político siempre ha sido el elemento legitimador de su poder.
El momento de transición política que está viviendo el país está marcando la aparición de demandas ciudadanas por la implementación real de los valores de la democracia y vemos como esa institucionalidad, defensora a ultranza de la democracia, empieza a ver en ésta un obstáculo para sus intereses políticos y económicos.
En distintos espacios vemos como la materialización de los principios democráticos y la materialización de los derechos ciudadanos parece generar incomodidad.
Simulacro de Consulta Popular en la Universidad de Tolima. Imagen cortesía de: tolimasomostodos.com
Uno de esos acontecimientos es la consulta popular minera de la población de Cajamarca, en donde la primera reacción del gobierno, quien debería ser el primer defensor del orden político y constitucional, fue poner en duda los efectos y la conveniencia de estos procedimientos. Incluso, se empieza a hablar de cómo el gobierno querría, a través del mecanismo de fast track, modificar el mecanismo de consulta previa de los pueblos étnicos para garantizar sus derechos frente a la construcción de proyectos de infraestructura de diversa naturaleza.
Otro ejemplo es el proceso de revocatoria de mandato a Enrique Peñalosa, en donde distintos colectivos ciudadanos hicieron la tarea de recolectar las firmas y buscar iniciar el proceso de revocatoria cumpliendo con los requisitos legales, pero desde la institucionalidad se pretende cambiar las reglas de juego para no perjudicar al alcalde que busca ser revocado.
La democracia no puede estar sujeta a intereses ni conveniencias políticas. Quienes defendían a capa y espada el proceso de revocatoria de mandato de Gustavo Petro hoy en día son los que se oponen al proceso de revocatoria de Enrique Peñalosa y viceversa. La diferencia de fondo es que quienes defendían a Petro estaban dispuesto a ir a una campaña para defender su mandato y los que defienden a Peñalosa están haciendo hasta lo posible por impedir que se realice.
Por encima de todo, lo que queda claro es como se vuelve de incómoda la democracia para quienes están en el poder cuando los ciudadanos se apropian de ella y utilizan los mecanismos que la Constitución y la ley les brinda para garantizar sus derechos. Quizás parezcan hechos aislados pero quizás lo que está viviendo el país en este momento es una verdadera lucha por el sentido con el cual vamos a llenar ese concepto vacío, la democracia.
Qué incómoda e inconveniente luce la democracia para muchos en este momento.
