Columnista:
Chrístofer Hidalgo
Bolsonaro al acecho
Brasil, país en donde está el mayor número de hectáreas de selva amazónica, ha registrado una amplia tasa de deforestación desde el 2015, y con la llegada de Bolsonaro al poder, cuya visión de la Amazonía dista con la de las comunidades indígenas que lo habitan, la situación ambiental se ha degradado hasta límites históricos, que dejan ver un futuro no prometedor para el conjunto de especies que habitan la selva amazónica, incluida la humana.
Allí, en donde habitan miles de especies, los negocios se han multiplicado y el medioambiente, en general, es el que más ha sufrido el impacto de actividades lícitas decretadas por el Gobierno; adicional a esto, la práctica de artilugios ilegales, como la extracción de madera, se ha incrementado.
La pugna por el territorio ha ocasionado la desaparición de especies de cientos de animales y especies vegetales. Adicionalmente, ha perjudicado a los indígenas que lo habitan, quienes han visto cómo las prácticas industriales lo han degenerado de forma indiscriminada. A finales del año anterior, se produjeron incendios forestales que dejaron a múltiples etnias con condiciones precarias de subsistencia, entre ellas, varias que habitan el territorio nacional de Colombia.
En los territorios selváticos habitan 350 grupos indígenas que viven y dependen del bosque tropical, además de etnias ocultas que han permanecido sin ningún contacto con la civilización desde la época de la conquista1, y que han tenido que reinventarse desde la lejanía de la civilización moderna, por causa de los constantes hostigamientos en su territorio.
La situación ha dejado clara una pugna entre el Estado y los indígenas. En Brasil, el Gobierno ha querido desligarse de los protocolos que protegen los territorios indígenas, para llevar a cabo prácticas extractivistas como la minería, o para el desarrollo de la ganadería.
“Donde hay tierra indígena hay riqueza debajo”2, dijo Bolsonaro, anunciando una nueva política en torno al manejo de la selva amazónica.
Durante la cuarentena, los sucesivos aprovechamientos de los industriales en Brasil, no se han mitigado. Al estar puesto el foco en la atención del coronavirus se ha abierto un escenario propicio para los saqueadores. En el primer trimestre de este año, la deforestación ha aumentado en más de un 50 %3, y las empresas dedicadas al negocio de la madera, han visto una oportunidad para continuar con la tala de árboles. A esa situación se le añade la incursión de brotes de coronavirus que pueden desatarse en aquellas zonas, debido a que, dadas las condiciones de transporte, los trabajadores de dichas empresas tienen contactos con los centros urbanos circundantes.
La situación en Colombia
En Colombia la situación no dista mucho en comparación con el escenario brasilero, ya que durante la cuarentena también se han reportado quemas de árboles en la región amazónica. La quema de árboles no fortuita, es señal de incursiones en el territorio, en búsqueda de algún motín en la selva.
El tráfico de madera desde distintas regiones es un problema en Latinoamérica y, aunque este es a gran escala por las repercusiones en el medioambiente y por las redes de crimen organizado que se crean en torno a la compra y venta de madera, en Colombia no se ha investigado con detenimiento, más allá de someras incursiones en la prensa que retratan la ruta del tráfico.
Según el informe Condenando el bosque, se deduce que el 50 % de la madera que se comercializaba en Colombia para el 2017, era de procedencia ilegal.
A su vez, el informe también aduce la forma en la que se entregan permisos para la tala de árboles, en donde información relevante, como los compradores, no se diligencia, o las direcciones registradas en los salvoconductos no existen en las ubicaciones mencionadas, por lo que, desde esa perspectiva, la explotación legal tiene flaquezas que impiden un control férreo sobre quienes intervienen en el negocio.
Ricardo Lozano, ministro de Ambiente, destaca “El buen resultado del potencial de reducción de la deforestación del año 2019 no es para que bajemos la guardia, sino, por el contrario, para redoblar las acciones que el gobierno nacional viene implementado en la lucha integral contra la deforestación y otros crímenes ambientales”4 .
Sin embargo, cabe destacar que la relación entre la venta de madera y la ilegalidad sigue siendo estrecha y que el uso de recursos de forma ilegal como menciona Juan Carlos Duarte4, ha sido una práctica constante de los grupos armados, que en ocasiones hacen de la ganadería, o de la extracción de minerales, un negocio más redondo que la extorción o la siembra de coca.
