A diferencia de lo que muchos piensan, ni el uribismo, ni Álvaro Uribe Vélez son la piedra en el zapato del proceso de paz. No hay ni una sola nación en el mundo, que haya manifestado estar en contra de los diálogos, por el contrario grandes potencias como Alemania, Rusia y Estados Unidos han manifestado su apoyo e interés en ellos.
De igual manera, múltiples organizaciones internacionales de gran importancia como la ONU se suman a los actores que le apuestan a la salida negociada del conflicto. Barack Obama, Vladimir Putin y Angela Merkel se han pronunciado pública y abiertamente interesados en el proceso, y, para no extenderme en el argumento: el uribismo no tiene importancia en la comunidad internacional, y Uribe no es nadie frente a los mandatarios que acabo de mencionar.
El reto más grande que enfrentan el proceso de paz y el pos-conflicto está en manos de la sociedad colombiana, pues en sus manos está que tras una eventual firma de los acuerdos no haya persecuciones o señalamientos de ninguna índole a los ex combatientes y educar a la ciudadanía en el reconocimiento de sus derechos. Procurar y promover la integración de los mismos en espacios de toda índole sin diferenciación alguna. Deben hacerse conscientes e incluirse en nuestra cultura las diferencias ideológicas que desataron tanta violencia, identificarlas y asimilarlas con el fin de que sea posible una memoria oficial del conflicto y que no se repita. Es el reconocimiento lo que nos pone por encima de esas diferencias.
También hay una responsabilidad enorme por parte del Estado, podría incluso afirmarse que el desarrollo social que se alcance durante el pos-conflicto depende en gran medida de que el Estado admita que la raíz del conflicto fue precisamente la falta de reconocimiento de una parte de la sociedad que se sentía objeto de injusticias, y en esa medida es indispensable que señale la importancia del reconocimiento como medio de conciliación y garantía de no repetición.
De igual manera se requieren esfuerzos económicos, públicos y privados, de infraestructura y de cambios en las instituciones, pero es la sociedad la de la mayor responsabilidad en la obtención y manutención de la paz.
Que hayan debates sobre el tema y que el clima político del país gire en torno a esta gran discusión es también una forma de fortalecer del proceso democrático, el cual, debe de ir de la mano de un derecho fundamental: la educación. La educación como requisito para avanzar en el reconocimiento, educación para la cultura y para la paz, que incluya formación desde programas orientados a cátedras de paz como requisito para la construcción de la memoria oficial del conflicto Colombiano, para que sea posible que los ex combatientes se integren como ciudadanos, es decir, que vivan en comunidad en una sociedad democrática.
Que se les permita participar de la política, y sus principios y derechos les sean reconocidos social y políticamente, que no sólo reciban el estatus de ciudadanos, sino que se integren exitosamente a la dinámica de la ciudadanía, que cada uno de los ex combatientes tenga como garantía de su proceso ser considerado un miembro pleno de una sociedad civil de iguales.
En esta medida, es relevante entender que no sólo la educación institucional juega un papel imprescindible en la paz y el reconocimiento, sino que es totalmente necesario concebir iniciativas ciudadanas en esta labor, la disposición por parte de los organismos de seguridad y los funcionarios públicos; y que el sector privado se vincule con este propósito. Y por fortuna, puede afirmarse que colectivos de opinión, de estudiantes y académicos, defensores de derechos humanos, líderes comunitarios, el sector financiero, el productivo y otros, se han ocupado de abonar el terreno a través de actividades que van desde la opinión hasta la realización de actividades de toda índole con el fin de divulgar información y llevar a cabo proyectos que se articulan con los objetivos del proceso de paz.
Imagen cortesía de: United States Institute of Peace
Como ejemplo, numerosas universidades ya contemplan la apertura de cursos en educación para la Paz y hay iniciativas independientes de colectivos de jóvenes que también trabajan en pro de la paz. Al mismo tiempo se dan reuniones entre grandes empresarios y el jefe de Estado con la finalidad de aportar a las conversaciones de las mesas de diálogos y plantear la educación en el sector abogando por el sí en el referendo que culminaría el proceso paz en conjunto con la ciudadanía. Y por supuesto, con el ánimo de debatir el papel fundamental de los impuestos, empleos y otras contribuciones indispensables en la reparación de las víctimas, la desmovilización de los combatientes y su re integración a la vida laboral durante el posconflicto.
En consecuencia, Colombia lograría un reconocimiento de su ciudadanía desde la justicia, en este caso la transicional, el uso de sus derechos y deberes políticos, y un componente social que impliquen un mínimo de bienestar económico para así trabajar en la disminución de la desigualdad. La reunión de los anteriores componentes, sería la vía más rápida, e ideal, por la que los colombianos pasarían a la consolidación de una cultura que incluya la ciudadanía civil, social y política como la base del progreso frente a todas las adversidades afrontadas en el conflicto.
Queda entonces entender que el espacio de construcción de lo público, en el que se da la interacción de los ciudadanos, es el lugar que el Estado debe disponer para lograr la paz y mantenerla. Es labor de la política resultante de la firma de los acuerdos que la capacidad tanto estatal, como de las guerrillas que se ha tenido para hacer el mal sea igual a su capacidad para hacer el bien. Que la politización del país frente al proceso sirva como fundamento para construir los cimientos de una democracia robusta, amplia, que procure siempre trabajar para la ciudadanía colombiana, buscando desde la política, disminuir las desigualdades sociales y económicas. Que permita que la ciudadanía, de la mano con los ex combatientes aborde temas sustantivos y disminuyan las brechas sociales siempre a través de acuerdos políticos y democráticos, nunca desde las armas.
Esta es tal vez la tarea más ardua que atravesaría la cultura y la ciudadanía colombiana; no obstante, es una que vale la pena. Es la que nos permitiría una imagen diferente frente al mundo, es la que daría paso al nacimiento de una nueva cultura, una incluyente, una que dialoga, que perdona las diferencias, que repara sus víctimas, que comprende la raíz del conflicto con la firme intención de no permitir que se repita. Que marche el uribismo, mientras tanto a los otros nos corresponde trabajar por la cultura de la justicia transicional, la del perdón, la de una nueva ciudadanía colombiana. La cultura de la Paz.
